El objetivo es reformar la Ley 1626 del 2013, mediante la cual se garantizó la vacuna gratuita y obligatoria contra el virus del papiloma humano (VPH). Así las cosas, se establecería el consentimiento informado como un requisito obligatorio y previo para la aplicación de la vacuna. En otras palabras, los médicos y asistentes de salud aplicarán la vacuna solamente cuando las pacientes y las personas que ejercen la patria potestad sobre estas, de manera libre e informada, manifiesten inequívocamente por escrito, de forma voluntaria y reiterada su consentimiento y aceptación de la aplicación del procedimiento médico. El personal médico tiene la obligación de informar de manera previa y detallada las consecuencias, primarias y secundarias, benéficas y adversas, de la aplicación de la vacuna contra el VPH, así como las diferentes alternativas existentes para la prevención del cáncer cérvico uterino, e igualmente las consecuencias por la decisión de no ser aplicada la vacuna. La omisión del procedimiento anteriormente señalado podría dar lugar a investigaciones de tipo disciplinario. La iniciativa fue aprobada en segundo debate por la plenaria del Senado y pasa a estudio de la Cámara de Representantes.