Con base en múltiples sentencias, una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que cuando la acusación se presente formalmente por la vía indirecta para atacar una sentencia en casación le corresponde al censor cumplir varios requisitos elementales, entre ellos: precisar los errores fácticos que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. En otras palabras, cuando se trata de demostrar un error de hecho se tienen que precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. En conclusión, la tarea del recurrente está enfocada a una confrontación entre las premisas fácticas que construyó el colegiado y el acervo probatorio, para luego acreditar un escenario distinto al establecido por el juzgador plural (M. P. Jimena Isabel Godoy Fajardo).