Juan Fernando Escandón
Socio de Escandón Abogados

El Gobierno Nacional expidió recientemente el Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, mediante el cual se modifica de forma estructural el régimen de negociación colectiva en Colombia, introduciendo un modelo de negociación por niveles superiores a la empresa, como el sector económico, la rama de actividad o el grupo empresarial. (Lea NOVEDAD: Gobierno redefine reglas para la negociación colectiva unificada)

Se trata, sin duda, de uno de los cambios más importantes en el sistema de relaciones laborales de las últimas décadas. Sin embargo, más allá de la discusión jurídica sobre si el Gobierno excedió o no su potestad reglamentaria, el decreto también plantea un problema adicional: su diseño es técnicamente débil y genera numerosas incertidumbres sobre su aplicación práctica.

En otras palabras, la norma no solo abre un debate constitucional, sino que también deja más preguntas que respuestas sobre cómo funcionará realmente la negociación colectiva multinivel en Colombia, lo que genera más incertidumbre en las relaciones a nivel nacional.

Un cambio estructural en el modelo de negociación

Tradicionalmente, el sistema colombiano de negociación colectiva ha estado centrado en la empresa. Aunque el Código Sustantivo del Trabajo permite negociar con uno o varios empleadores, la práctica institucional del país ha desarrollado un modelo predominantemente empresarial.

El nuevo decreto cambia esa lógica. La norma establece que la negociación colectiva podrá desarrollarse desde dos ópticas; por industria y por nivel de grupo de empresas, rama de actividad económica, sector o cualquier otro nivel superior, configurando un sistema de negociación multinivel.

Además, introduce la posibilidad de que las convenciones colectivas celebradas en niveles superiores fijen un piso mínimo sectorial, que las negociaciones de empresa no podrían reducir.

Desde la perspectiva de política laboral, el objetivo parece claro: ampliar la cobertura de la negociación colectiva y fortalecer el diálogo social. El problema es que el decreto intenta construir todo un modelo institucional nuevo sin resolver previamente las preguntas básicas de su funcionamiento.

¿Quién representa a las empresas?

Uno de los vacíos más evidentes del decreto es el relativo a la representación empresarial en las negociaciones sectoriales o de nivel superior. En el caso sindical, la lógica es relativamente clara: la representación se mide, principalmente, por el número de afiliados.

Pero en el caso de las empresas, la norma introduce criterios amplios de representatividad –como cobertura empresarial, incidencia económica o participación institucional– sin explicar cómo se ponderan ni cómo se aplican en la práctica. Esto abre interrogantes inevitables:

En sectores altamente heterogéneos –como el comercio, la agricultura o los servicios– estas preguntas no son menores. Dependiendo del criterio que se adopte, el poder de representación puede cambiar radicalmente.

El decreto tampoco resuelve qué ocurre cuando existen múltiples asociaciones empresariales que reclaman representación dentro de un mismo sector, ni como se define la cabeza de un sector o que pasa en aquellos sectores que no tengan definida una agremiación o colectividad que los represente.

Un problema adicional: la fragmentación empresarial

El desafío es aún mayor en un país donde la estructura empresarial es profundamente desigual. En muchos sectores conviven grandes empresas con miles de trabajadores junto a microempresas o pequeñas unidades productivas con apenas unos pocos empleados.

En ese contexto, la pregunta sobre la representatividad adquiere un significado crítico: ¿cómo evitar que la negociación sectorial termine reflejando únicamente los intereses de un segmento del mercado?

El decreto intenta abordar parcialmente este problema al introducir cláusulas de adaptabilidad para micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo mecanismos de gradualidad en la aplicación de obligaciones convencionales.

Pero nuevamente surge una dificultad: la norma exige que estas cláusulas se incluyan, pero no explica cómo se diseñarán ni quién definirá los criterios económicos que permitan aplicarlas.

Extensión sectorial y efectos económicos

Otro aspecto especialmente sensible es la posibilidad de que las convenciones colectivas sectoriales se apliquen a todos los empleadores del respectivo ámbito económico. Este mecanismo, utilizado en varios países europeos, tiene efectos importantes sobre la competencia empresarial y los costos laborales.

Sin embargo, su implementación requiere normalmente marcos institucionales muy precisos, que definan criterios de representatividad, procedimientos de extensión y mecanismos de revisión periódica. El decreto colombiano introduce este modelo sin que exista todavía una arquitectura institucional suficientemente desarrollada para soportarlo.

¿Qué pasa con el derecho a la huelga?

Un aspecto particularmente llamativo del decreto es el silencio absoluto frente al ejercicio del derecho de huelga en los escenarios de negociación por niveles superiores a la empresa.

La normativa introduce una arquitectura compleja de negociación sectorial, de grupo de empresas o de rama de actividad, pero no establece reglas claras sobre cómo operaría el derecho de huelga en estos contextos.

Esto plantea interrogantes relevantes: ¿la huelga podría declararse a nivel sectorial?, ¿debería ser votada por todos los trabajadores del sector o solo por quienes estén afiliados de forma mayoritaria a las organizaciones sindicales que participan en la negociación?, ¿cómo se articularía el cese de actividades cuando la negociación involucra múltiples empleadores con realidades productivas distintas?

El Código Sustantivo del Trabajo regula la huelga en el marco de conflictos colectivos entre un sindicato y uno o varios empleadores, pero no contempla conflictos colectivos de carácter sectorial o multinivel. La ausencia de reglas en este punto no es menor, pues el derecho de huelga constituye el principal instrumento de presión dentro de la negociación colectiva, y su falta de regulación en este nuevo esquema genera un vacío normativo significativo que podría producir conflictos interpretativos y operativos en la práctica.

Un debate jurídico inevitable

A las dudas técnicas se suma un debate jurídico inevitable. Diversos análisis han advertido que el decreto podría exceder los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno al crear instituciones jurídicas que no están previstas en la ley, como la negociación sectorial obligatoria o la extensión automática de convenciones colectivas.

En la práctica, el Ejecutivo estaría redefiniendo el modelo nacional de negociación colectiva mediante un decreto reglamentario, una materia que tradicionalmente ha sido reservada al legislador. Este punto probablemente será objeto de discusión ante el Consejo de Estado en los próximos meses.

Más que una reforma: un experimento institucional

El Decreto 0234 pretende introducir en Colombia un modelo de negociación colectiva más cercano al de varios países europeos, donde los acuerdos sectoriales juegan un papel central.

No obstante, el problema no radica únicamente en la dirección de la reforma, sino en la forma en que se intenta implementarla. Una transformación de esta magnitud exige reglas claras sobre representatividad, procedimientos institucionales sólidos y un diseño normativo técnicamente robusto.

Por ahora, el decreto parece avanzar en la dirección correcta para algunos, pero lo hace sobre bases normativas frágiles y con múltiples vacíos operativos. En lugar de ofrecer certezas al sistema laboral, la norma abre un escenario de profunda incertidumbre jurídica e institucional.

El verdadero debate que se abre en Colombia no es solo sobre la negociación colectiva por niveles, sino sobre cómo construir un modelo de relaciones laborales equilibrado, técnicamente sólido y jurídicamente sostenible.

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