Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los funcionarios públicos y dando cumplimiento a lo acordado con los representantes de las diferentes organizaciones sindicales del país, el Gobierno, en coordinación con el Congreso de la República, retiró los artículos 16 y 17 del proyecto de ley de inversión social o reforma tributaria.

En la ponencia de la iniciativa, que fue debatida y aprobada en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, no se establecieron límites a los gastos asociados a las nóminas, lo que se traduce en que los salarios de los funcionarios públicos no se verán afectados y su ajuste dependerá de las negociaciones que se realicen en el marco del acuerdo nacional estatal, aseguró el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. (Lea: Aprobada reforma tributaria, en primer debate)

De igual forma, la ponencia votada por los congresistas tampoco contempla otorgar facultades extraordinarias para la supresión de entidades. (Lea: Esta es la ponencia de la reforma tributaria para primer debate)

“Las medidas en términos de austeridad que fueron consolidadas en el artículo 58 del proyecto de ley únicamente tienen como fin racionalizar los gastos administrativos de las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación, y no incluyen los costos asociados a las nóminas de los funcionarios públicos”, reiteró el jefe de la cartera laboral.