La Corte Constitucional, hace tres meses, en la Sentencia C-110/19, declaró fundada la objeción gubernamental al artículo del proyecto de ley de madres comunitarias que preveía la posibilidad de su contratación directa por parte del ICBF, por no tener la iniciativa del Ejecutivo, una exigencia de la Constitución para modificar la estructura de la administración nacional. Por otro lado, devolvió a la Cámara de Representantes el expediente legislativo, para que enmendara un vicio de procedimiento identificado en los artículos 5° y 6° de la iniciativa, sobre un subsidio permanente a la vejez. Este texto fue conciliado y sometido a consideración de las plenarias.