La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una nueva demanda de acción de nulidad interpuesta contra el Decreto 2025 del 2011, que reglamentó la prohibición a las CTA de ejercer intermediación laboral, pero negó la solicitud de suspensión provisional de la norma. En opinión del accionante, el Gobierno excedió su facultad reglamentaria al establecer un mayor alcance a esa prohibición legal y, además, incurrió en una omisión legislativa relativa. En auto del pasado 11 de enero, el alto tribunal afirmó que es necesario realizar un estudio de fondo, para determinar los límites del poder reglamentario del Ejecutivo (C.P. María Claudia Rojas Lasso).