11 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 4 hours | ISSN: 2805-6396

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Reforma pensional generaría grandes avances sociales, pero debe cumplir el marco fiscal: Contraloría

22 de Marzo de 2024

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La Contraloría General de la República (CGR) consideró que el proyecto de reforma pensional, en trámite en el Congreso de la República, trae grandes avances sociales, pero no debe afectar el cumplimiento de la regla fiscal.

El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, manifestó que “a la Contraloría le preocupa, de llegarse a aprobar la reforma, el equilibrio de las finanzas que garantizan la regla fiscal en el mediano y largo plazo, porque generalmente cada año se debe aportar un promedio del 19 % del presupuesto general de la Nación para cubrir el déficit de las pensiones públicas”. (Lea:  Reforma pensional protegerá al 87 % de las personas en edad de jubilación: Mintrabajo)

Para la CGR, una de las grandes limitaciones de la reforma pensional es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, los cuales se llevan una importante asignación presupuestal equivalente al 39,3 % del total de recursos del presupuesto general de la Nación (PGN) destinados a pensiones. Es decir que de cada $ 100 se destinan $ 40 a este tipo de regímenes, cubriendo el 17 % de los pensionados del país. (Lea: Senado retomará trámite de la reforma pensional)

Otras de las críticas que hace la CGR es que la principal apuesta para ampliar la cobertura pensional es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, excluyendo a otras entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio en programas como Colombia Mayor. 

Así mismo, la CGR argumenta que la reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues en 13 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %, lo que marca la brecha entre la discusión por los derechos y la materialización de estos en la realidad nacional.

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