¿Por qué el Procurador demandó el decreto que incrementó el salario mínimo?

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, interpuso ante el Consejo de Estado una acción de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2552 del 2015, en virtud del cual se determinó el salario mínimo legal para el 2016. (Lea: ¡Otra vez¡ El incremento del salario mínimo le quedó corto al Gobierno)

De esta manera, pidió que se le ordene al Gobierno Nacional la expedición de un nuevo decreto que se ajuste a las actuales exigencias sociales, jurídicas y económicas del país. (Lea: Aumento del salario mínimo para el 2016 será del 7 %)

Según Ordóñez, el incremento de tan solo el 7 % del salario mínimo señalado por el Gobierno el mes pasado desconoce los mandatos de varios artículos de la Constitución Política de 1991, entre los que se encuentran los siguientes:

•             El carácter mínimo, vital y móvil del salario (artículo 53).

•             El mantenimiento del poder adquisitivo constante de quienes devengan pensiones de un salario mínimo (artículo 48).

•             La garantía de la protección especial de la familia (artículo 42).

•             La protección especial a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por su condición económica (artículos 13 y 334).

Las razones

En el primer argumento se encuentra que, “de acuerdo con la información suministrada por el Dane, el aumento del IPC para las personas de ingresos bajos en el 2015 fue del orden del 7,26%, por lo que al momento de decretar el reajuste salarial se debió tener en cuenta tal indicador y no el IPC global, para no hacer aún más vulnerable la condición de las familias de bajos ingresos, receptoras justamente de la remuneración mínima”, agregó el representante de la entidad de control.

En el segundo argumento enfatizó que el reajuste debe tener en cuenta lo que ha reiterado la jurisprudencia constitucional frente al caso concreto. Es decir, que la remuneración salarial a los trabajadores les permita satisfacer sus necesidades materiales, sociales y culturales; además de llevar una vida social y familiar digna.

Vale la pena recordar que con esta demanda ya son tres las iniciativas legales para dejar sin efectos este decreto, entre ellas la de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Procuraduría General de la Nación, Comunicado, Ene. 23/15.

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