Gobierno pide mantener exclusividad de juzgados que investigan crímenes contra sindicalistas

El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, anunció que le solicitará a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, su intermediación para que el Consejo Superior de la Judicatura mantenga y fortalezca los tres juzgados especializados dedicados a delitos contra sindicalistas.

“Nuestro compromiso es establecer los mecanismos y las herramientas necesarias para esclarecer estos hechos de violencia y prevenir ataques contra nuestros trabajadores”, aseguró Pardo.

El funcionario explicó que el ministerio, en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Trabajo de EE UU, adelanta la ejecución de un convenio por cinco millones de dólares para capacitar a los investigadores en temas de derecho del trabajo y  normas internacionales, con el fin adelantar las investigaciones respectivas.

Pardo aseguró que es vital para el futuro de los trabajadores colombianos mantener a los tres jueces dedicados a esclarecer los crímenes contra sindicalistas, pues, según cifras de organizaciones de trabajadores, en la Fiscalía existen 2.917 procesos relacionados con estos hechos.

Investigaciones contra sindicalistas

A mediados de junio, durante su visita al Parlamento Europeo, el  fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, señaló que se han proferido 429 sentencias por delitos contra sindicalistas, en las que 531 personas han sido condenadas.

Las declaraciones del funcionario se dieron ante la preocupación de algunos sectores europeos por el alto porcentaje de crímenes contra miembros de organizaciones sindicales que quedan en la impunidad.

Montealegre precisó que la Subunidad para casos OIT, adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tiene actualmente bajo su responsabilidad la investigación de 809 delitos.

Así mismo, señaló que un estudio titulado Judicialización de los crímenes contra sindicalistas, análisis de las sentencias proferidas de 2000 a 2011, estableció que solo en el 17,7 % de los casos se probó que el móvil del ilícito tenía relación con la calidad de miembro de una organización sindical o con el ejercicio de esta actividad por parte de la víctima.