Este es el balance de la audiencia pública sobre pensiones de congresistas

Durante la audiencia pública que se llevó a cabo hoy en la Corte Constitucional, Dionisio Araújo, uno de los demandantes del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que consagra el régimen pensional de los congresistas, señaló que es evidente la inseguridad jurídica que genera la disparidad con la que los jueces han interpretado esta materia.

Araújo advirtió que mantener las condiciones privilegiadas de jubilación a los parlamentarios desconoce el inciso 47 de la Constitución, materializado con el Acto Legislativo 01 del 2005, que impone un tope de 25 salarios mínimos para todas las pensiones posteriores al 31 de julio del 2010. Además, indicó que este régimen especial también vulnera el artículo 48 superior, que señala como parámetro para la liquidación los aportes que el trabajador haga al sistema.

Hablan los congresistas

El expresidente del Senado Edmundo López afirmó que ni la Corte Constitucional, ni autoridad judicial o administrativa alguna, pueden exponer la sostenibilidad fiscal como argumento para modificar el régimen pensional de los congresistas. López agregó que el artículo 1º del Acto Legislativo 03 del 2011 prohíbe negar el reconocimiento de derechos adquiridos.

Por su parte, el actual presidente del Congreso, Roy Barreras, señaló que está de acuerdo con avanzar hacia la equidad, y que ese era el propósito del Acto Legislativo 01 del 2005, al establecer el tope máximo de 25 salarios mínimos. Sin embargo, precisó que esto no puede llevar a desconocer derechos que ya fueron reconocidos, como lo consagra la propia normativa. 

Según Barreras, es necesario iniciar un debate de fondo sobre la necesidad de tramitar una nueva reforma pensional, que elimine los privilegios excesivos de los regímenes especiales.

La posición de los magistrados

En otra intervención, el presidente de la asociación de exmagistrados Asomagister, Javier Henao Hidrón, precisó que la propia norma demandada señala que se respetarán todos los derechos adquiridos, lo que para él es consecuente con el artículo 344 de la Constitución, que impide anteponer la sostenibilidad fiscal como argumento para desconocer derechos en sede judicial o administrativa.

El presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, afirmó que la demanda pretende “resepultar” lo que ya está sepultado.

En su opinión, las asociaciones de congresistas y magistrados pensionados no tienen de qué preocuparse, porque la misma Constitución los ampara para que no se pongan en riesgo los derechos adquiridos por los jubilados antes del 31 de julio del 2010.

Las voces del Gobierno

En su participación en la audiencia, la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Maiguashca, aseguró que los montos de jubilación de los parlamentarios son 10 veces mayores que los del resto de colombianos afiliados al sistema. 

Según la funcionaria, el pasivo pensional de los legisladores asciende a 3,8 billones de pesos, cifra que se ve afectada por el mayor valor de los montos que se reconocen por vía judicial, una situación arraigada en la disímil interpretación jurídica de los derechos reconocibles. 

Maiguashca agregó que es necesario establecer un mecanismo que frene las presiones a la sostenibilidad del sistema, pues existen mesadas superiores a 25 salarios mínimos mensuales, mientras la mayor parte de los pensionados recibe menos de dos salarios.

De otro lado, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, indicó  que de 1.643.000 pensionados, 1.032  reciben más de 25 salarios mínimos. De estos, 600 se registran en el Fondo de Previsión Social del Congreso.

Pardo aseguró que el 68 % del total de pensionados recibe menos de dos salarios mínimos, cifra que, en Colpensiones, alcanza el 67 %. 

“Los problemas de inequidad con estas cifras saltan a la vista: entre más alta la pensión, proporcionalmente más alto es el subsidio del Estado, de tal manera  que no hay un efecto redistributivo en el sistema pensional. El sistema general amplifica la desigualdad”, explicó. 

Finalmente, reveló que el Ejecutivo estudia una reforma pensional que se presentará al Congreso en los próximos meses. Según el ministro, dicha reforma busca atender los problemas de cobertura y garantizar los principios de equidad y sostenibilidad fiscal.

Los órganos de control

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió en que la ineficacia administrativa y la baja cobertura son las problemáticas esenciales del sistema de seguridad social en pensiones, y no los montos de las prestaciones ya reconocidas.

Refiriéndose al régimen pensional de los congresistas y la garantía de los derechos adquiridos, explicó: “Si alguna pensión se otorgó contraria a la ley, que se dirima judicialmente (...), pero por ningún motivo podrán disminuirse los valores de las pensiones reconocidas en derecho”. 

Ordóñez sostuvo que desconocer derechos de pensiones de excongresistas y exmagistrados podría afectar otros derechos más adelante. Además, advirtió que lo que se busca al demandar el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 es desmontar el régimen de prima media.

Por su parte, la contralora general de la República, Sandra Morelli, manifestó que el derecho a la pensión no es un derecho fundamental per se, sino un medio para garantizar otros derechos. Por lo tanto, “hay que respetar los derechos adquiridos y reconocidos por ley”. 

Morelli se mostró a favor de la exequibilidad de la norma, y aseguró que la Constitución, en el  artículo 48, respeta esos derechos y establece el pago de la deuda pensional a cargo del Estado. 

A su juicio, la Carta ya contempla que no habrá regímenes especiales ni exceptuados, por lo que volver al debate sobre el tema sería “desenterrar lo que ya está enterrado”.