Una providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que la posibilidad que le otorgó el artículo 23 del Decreto 2463 del 2001 a las ARP y a las AFP para postergar el trámite de calificación de la invalidez ante las respectivas juntas tan solo constituye una prerrogativa, de la que pueden  o no hacer uso, no una obligación. Tanto es así, finaliza el fallo, que el vocablo utilizado en la norma es “podrá” (C. P. Gabriel Valbuena).