Un llamado a la transparencia para los nuevos gobernantes

Sandra Avellaneda Avendaño
Directora Nacional Academia de la Gestión Pública
https://academiadegestionpublica.com/

En un escenario donde la integridad y la transparencia deben ser pilares fundamentales de cualquier administración pública, las revelaciones de irregularidades de los gobernantes sacuden la confianza de los electores, cada día con más fuerza. Casos de corrupción, mal manejo de fondos y prácticas nepotistas (ayuda a familiares y amigos), como diría Octavio Paz, visten de sombra a la gestión pública en Colombia, América Latina y muchos países del mundo.

La crisis de legitimidad que está viviendo el Estado colombiano es el resultado de procesos históricos y exige, sin más aplazamientos, cambios estructurales en la manera de gestionar los recursos públicos.

Cifras de la Academia de la Gestión Pública indican que el 62 % de los gestores públicos no son abogados. Sin embargo, generalmente, son abogados quienes elaboran las normas, investigan conductas, juzgan y sancionan.

En Colombia, una de las dificultades a las que se enfrentan los gestores públicos es el exceso de normas, procedimientos y ritualismos que, muchas veces, ralentizan la administración y los resultados que debe dar el Estado. El frenesí normativo se ve reflejado en la misma Constitución Política, que, con apenas 32 años de vigencia, ya suma más de 50 reformas. Otro ejemplo es la contratación pública, que, pese al esfuerzo por tratar de unificar y simplificar sus normas, al año 2020 concurrían 248 cuerpos normativos vigentes sobre esta materia (Gómez Lee, 2021). Hoy, el número de normas al respecto supera las 270. 

Desconocimiento de normas

Acá viene una primera bandera roja para los nuevos gobernantes: el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. Es clave que se preparen para asumir el nuevo reto.

En esta época electoral, debemos elegir a conciencia, porque Colombia necesita a los mejores para avanzar, pero las condiciones actuales hacen que los mejores no quieran venir o volver al servicio público, porque ven un terreno fértil para poner en peligro su libertad, patrimonio, tarjeta profesional, reputación y la paz propia y la de su familia, mientras el villano de esta historia, que es la corrupción, es casi intocable.

En años recientes, se han proferido más de 2.500 condenas penales contra gestores públicos (tanto servidores públicos como particulares con funciones públicas); 4.320 servidores públicos y particulares con funciones públicas han sido sancionados disciplinariamente en los últimos seis años y son más de 1.300 los fallos con responsabilidad fiscal emitidos entre el 2014 y el 2021 por la Contraloría General de la República.

Detrás de cada una de estas cifras, hay servidores públicos, particulares con funciones públicas, consultores, interventores, supervisores e, inclusive, contratistas, que perdieron su libertad, ven comprometido su patrimonio o la posibilidad de seguir laborando.   

Para no aumentar los anaqueles procesales y los puntos porcentuales del drama que significa una condena, los futuros mandatarios deben conformar equipos idóneos, preparados, con criterio y conocimiento para generar condiciones de seguridad a la administración, y también con el carácter, la solidez ética y la capacidad de decir “No” a aquello que se distancie del deber ser, que ponga en riesgo los recursos públicos o que constituya actos de corrupción o de ineficacia. Colombia necesita administraciones íntegras y administradores bien preparados, para lograr atender las innumerables necesidades territoriales con un enfoque hacia los resultados.  

La corrupción, una semilla de miseria que todos debemos combatir

La corrupción es una enfermedad terminal y silenciosa, que debemos combatir entre todos. Nos ha hecho tanto daño que ha llevado a una crisis de legitimidad del Estado y ha generado un manto de sospecha que cubre de forma paralizante a sus instituciones y servidores.  

Sin embargo, las cifras muestran, por ejemplo, que las principales causas de fallos con responsabilidad fiscal son los errores administrativos, ya que el 3 % está relacionado con actos de corrupción (dolo) y el 97 % son fallos con responsabilidad en grado de culpa grave.

Otra bandera roja para los nuevos gobernantes es que Colombia es el único país del mundo en donde se penalizan con privación de la libertad errores administrativos, los cuales, en muchos casos, no se generan por la acción u omisión directa y exclusiva de quien es condenado, sino de sus colaboradores. “Dime de quién te rodeas y te diré quién eres”, por eso, un gerente público no debe permitir que nadie le imponga su equipo de trabajo.

Son más los gestores públicos honestos que los que se acercan a desfalcar las arcas públicas, pero los buenos, en ocasiones, no conocen suficientemente los riesgos que asumen cuando deciden ser gestores públicos.

Esto no quiere decir que no haya corrupción. Por supuesto, la hay, descarada, rampante, perdió el miedo y la vergüenza, y es la semilla de miseria que afecta a nuestro país. Tenemos que investigar de qué se alimenta para matarla de hambre, porque solo así dejará de matar de hambre a nuestros niños, enfermos y ancianos. 

Particulares también son gestores públicos

Y es que la gestión pública se ha transformado de manera significativa y, por ello, es importante reconocer que las responsabilidades derivadas ya no recaen exclusivamente en los funcionarios públicos. Por eso, hoy no solo hablamos de sanciones y penas a servidores públicos; son crecientes las decisiones en las cuales el sector privado es solidariamente responsable cuando se relaciona con el público y cuando gestiona recursos o intereses de esta naturaleza. 

Interventores, supervisores, asesores, consultores, particulares que administran recursos públicos y contratistas, también comparten la responsabilidad y, muchas veces, lo ignoran, sin saber que el peor error es el que se desconoce.

Lo público es sagrado y defenderlo es asunto de todos

La sociedad contemporánea demanda una administración moderna, transparente, responsable y orientada a resultados que se alineen con las necesidades de la comunidad.

Hoy, el ciudadano tiene que ser un actor protagónico, ya que solo a través de un ejercicio constante de ciudadanía informada y participativa se podrá impulsar un cambio significativo en la cultura política.

En este escenario de cambio inaplazable, otro actor determinante es el periodismo y los medios de comunicación: “... democracias sólidas, han resaltado cómo los medios de comunicación facilitan el flujo de información hacia los votantes sobre los diferentes candidatos, mostrando en general que votantes más informados toman mejores decisiones (...). Además, el acceso a los medios (...) aumenta la rendición de cuentas y reduce la corrupción” (Fergusson y Vargas, 2011).

Sin duda, entre todos tenemos que ser fuente de soluciones que vayan al ritmo al que avanza el mundo. No hay tiempo que perder, porque mientras los problemas que aquejan a los colombianos van en cohete, lo público aún sigue viviendo en la edad de piedra.

Todos los colombianos debemos ser defensores de lo público y respaldar al unísono a los hombres y mujeres que, con integridad, trabajan por Colombia.