Comisión de la verdad para Colombia, una lucha contra el olvido

Para ver el contenido multimedia, haga clic sobre la imagen

 

Los países que han superado conflictos armados o regímenes autoritarios se enfrentan al reto de consolidar la paz a través de diversos mecanismos.

 

Además de justicia, requieren otras formas de reparación a las víctimas, como manera de relegitimar al Estado y establecer un nuevo pacto social contra la violencia y la impunidad. Argentina, Chile, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala y Perú han acudido a comisiones de la verdad (CV) para enfrentar su pasado y contextualizar el amplio espectro de violaciones producidas durante sus periodos excepcionales.

 

Este es un tema vigente en el mundo. Actualmente, Brasil investiga los hechos de su etapa dictatorial (1964 - 1985), en España se insiste por una instancia que indague lo ocurrido durante el periodo franquista (1939 - 1975) y en Argentina se pide averiguar los vínculos del poder económico con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que culminó en 1983.

 

ÁMBITO JURÍDICO presenta un informe sobre este mecanismo de justicia transicional y, con la ayuda de expertos, desarrolla aspectos que se deberán tener en cuenta para crear una CV en Colombia.

 

El marco legal

El ordenamiento jurídico ha avanzado en la consolidación del derecho a la verdad. Solo para mencionar algunas normas, la Ley de Justicia y Paz (L. 975/05) lo define como un derecho inalienable, pleno y efectivo para conocer los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley y el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. A su vez, la Ley de Víctimas (L. 1448/11) establece como garantía de no repetición la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad.

 

En el 2012, se promulgó el Marco Jurídico para la Paz (A. L. 01/12) y una de sus órdenes fue crear una CV que haga recomendaciones para aplicar instrumentos de justicia transicional, incluida la definición de criterios de selección.

 

Finalmente, el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las FARC para negociar la terminación del conflicto armado explicita la necesidad de la verdad como elemento de resarcimiento a las víctimas.

 

Es en este contexto de mandatos legales y políticos que la búsqueda de la verdad se ha convertido en un imperativo para el país y la CV uno de los marcos de acción para este cometido.

 

¿Qué verdad necesita el país?

Acerca de la verdad que Colombia necesita, los desencuentros son evidentes. Un ejemplo son las reacciones a la publicación del informe ¡Basta ya!, del Centro de Memoria Histórica, en el cual se describe la violencia colombiana como un producto de estrategias políticas y militares en el que los actores armados buscan invisibilizar sus acciones.

 

Mientras el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, criticó el informe, por poner en igualdad de condiciones a grupos terroristas, a bandas criminales y a estructuras narcotraficantes con los soldados y policías, las FARC dijeron que se quedó corto, pues la fecha establecida como punto de partida de la investigación fue caprichosa y no permitió incluir más autores, causas o explicaciones necesarias para contextualizar la violencia.

 

Rafael Guarín, exviceministro de Defensa, considera válida una verdad que interprete el contexto de la violencia y los patrones de violación a los derechos humanos (DD HH) y que incluya una visión histórica objetiva, pero enfatiza: “No podremos llegar a aproximarnos a la verdad mientras no despojemos de discursos ideológicos e intereses políticos las interpretaciones sobre la realidad”.

 

Eso sí, aclara, el objetivo de una instancia como la CV no debe ser establecer responsabilidades individuales ni tampoco juzgar a los responsables, pues ese es el rol de la justicia penal.

 

Para María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés), pretender que con el Derecho Penal se va a resolver todo y a esclarecer lo que ha pasado es mentirle al país.

 

En su concepto, una visión exclusivamente jurídica es limitada y no necesariamente da cuenta de las causas estructurales del conflicto, de las motivaciones políticas y económicas y de las dinámicas sociales para comprender lo que ha pasado.

 

Verdad y justicia ¿por caminos separados?

Precisamente, el debate entre verdad y justicia es central en la conceptualización de las CV. Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, ha afirmado que la memoria cumple un papel compensatorio frente a la imposibilidad de hacer justicia total.

 

Para Guarín, si bien el Estado no tiene la capacidad de investigar, juzgar y condenar todos los delitos, no debe renunciar, en ningún caso, a cumplir con esta función de manera rigurosa. En este contexto, cree inconveniente sustituir el funcionamiento del aparato judicial con una CV.

 

Pero el esclarecimiento de la verdad no puede verse solamente como justicia penal o como beneficios penales, como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz, afirma Moreno, pues, en este caso, se terminó privilegiando la persecución penal y condicionando la contribución a la verdad y la reparación con beneficios a los postulados.

 

Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, afirma que la CV no significa que la justicia no vaya a operar, que los procesos se vayan a paralizar o que habrá prescripción o absolución, pues, simplemente, es un instrumento más de justicia transicional.

 

Priscilla Hayner, en su libro Verdades innombrables, enfatiza en que, en lugar de desplazar a la justicia, las CV ayudan a que los perpetradores rindan cuentas. Para sustentar su hipótesis, acude al caso argentino, pues el juicio a las juntas militares que ejercieron el poder entre 1976 y 1983 no se hubiera podido adelantar sin los insumos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

 

Pero, además, es inevitable el encuentro entre la justicia y las CV, especialmente si se tiene en cuenta que estas últimas instancias utilizan para su investigación y descripción de los hechos categorías del Derecho Penal.

 

Así, en el horizonte, la CV colombiana puede verse como un elemento que facilitaría la investigación judicial, en caso de que sean usadas sus conclusiones como insumo probatorio.

 

Elementos básicos

¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para crear una CV? Los aspectos más importantes se refieren al periodo que se investigará, las conductas que se describirán, sus miembros y la forma de divulgación de los resultados.

 

Para Eduardo González, director del Programa de Verdad y Memoria del ICTJ, hay dos criterios importantes que se deben tener en cuenta para definir el periodo: no excluir a víctimas y la posibilidad real de investigación de los hechos (ver entrevista).

 

Por su parte, el académico Jean Carlo Mejía señala que el lapso de tiempo debe generar una comprensión clara e integral del fenómeno de violencia y la consecuente violación masiva de DD HH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

 

Del periodo sobreviene un aspecto no menos complicado: las conductas que se van a investigar. Guarín dice que la CV no debe tener ningún veto, por el contrario, entre más amplio sea su mandato, más podrá reconstruir de manera fidedigna lo que ha ocurrido.

 

Pero es claro que el tipo de conflicto define lo que el país necesita indagar. Así, en el caso chileno, se incluyeron conductas perpetradas por el régimen dictatorial, como desaparición forzada, tortura y asesinatos cometidos por agentes estatales.

 

En Guatemala, se investigaron las violaciones a los DD HH, lo que permitió documentar asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamientos y reclutamientos forzosos, entre otras conductas.

Así, estos aspectos muestran el delicado equilibrio que debe haber entre el mandato de la CV y las expectativas nacionales.

 

Calidades para ser comisionado

Las cualidades para ser comisionado son un aspecto importante, pues ellos definirán los métodos de investigación y el contenido final del informe. Según criterios establecidos por el ICTJ para la selección de comisionados, se deben tener en cuenta características como el tamaño de la CV, la representación de diferentes perspectivas, trayectoria en DD HH, aspectos de género, compromiso de tiempo completo y especialización.

 

Las FARC han puesto énfasis en la inclusión de comisionados extranjeros, pero lo que muestra la experiencia internacional es que se acude a ellos cuando un país no tiene el elemento humano suficiente o cuando se usan como figuras destacadas para validar la relevancia del informe.

 

La importancia de la divulgación

Dar a conocer las conclusiones es clave para que el país dimensione lo ocurrido. En este aspecto, el exmagistrado Ibáñez cree que los testimonios que se entreguen a la CV deben ser públicos. Esta sugerencia no solo se refiere a un acto de señalamiento, sino, especialmente, de reconocimiento a las víctimas y de devolución de su dignidad.

 

Otro aspecto de la divulgación que se debe considerar es cómo llegar con las conclusiones a la mayoría de la población. Es común ver voluminosos informes de CV que reflejan de alguna manera su necesidad de contar todo lo ocurrido, pero vale la pena preguntarse acerca de su efectividad para comunicar.

 

La simplicidad y la gratuidad de acceso es un aspecto clave. Consecuentemente, el papel de las nuevas tecnologías para asegurar impacto y una amplia audiencia. Es claro también que la comunicación de este trabajo deberá tener en cuenta el nivel educativo, la diversidad cultural y la multiplicidad de lenguas del país.

 

Moreno agrega que deben aprenderse lecciones de otros países en donde las CV presentaron su informe final y la divulgación no fue óptima, menos el seguimiento a las recomendaciones hechas. Por eso, plantea pensar en una instancia que se encargue del seguimiento a las recomendaciones y asegure la divulgación en el tiempo.

 

La creación de una CV para Colombia será un tema complejo, en el que no solo se discutirán los aspectos enunciados, también habrá que resolver si esta instancia podrá hacer señalamientos con nombres propios, si sus recomendaciones serán vinculantes, el ámbito territorial de su trabajo, sus recursos y duración, entre otros.

 

Son varias décadas de violencia que el país quiere superar a través de la negociación política, y es precisamente el conocimiento de la verdad una herramienta fundamental para la construcción de un nuevo acuerdo social en el que la no violencia sea el pacto fundador.