“Vivimos de bandazos entre la politización de la justicia y la judicialización de la política”

Recientemente, 81 miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia (ACJ) emitieron un comunicado mostrando su preocupación por el debate electoral que vive el país. Una voz autorizada para hablar sobre la actualidad del Derecho y sobre este tema es Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la ACJ.

 

Este académico es magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue gobernador ad hoc del Tolima, senador de la República, directivo de Confecámaras, conjuez del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué la ACJ y 81 juristas emitieron un comunicado mostrando gran preocupación por el futuro electoral del país?

 

Augusto Trujillo Muñoz: Empiezo por decirle que la ACJ es una corporación plural, diversa, integrada por juristas de todas las especialidades del Derecho, pero también de todas tendencias políticas y de distintas convicciones doctrinarias. El gran compromiso institucional de la corporación es la defensa del Estado de derecho, de manera que la preocupación no es precisamente por el futuro electoral del país, sino por el presente y el futuro del Estado social de derecho, de la economía social de mercado, de las libertades individuales, de los derechos de las personas y de los grupos sociales que pueden resultar afectados por una situación política crítica, agravada por la violencia física y verbal que nos invade y que no se compadece con lo que debe ser una sociedad civilizada.

 

Por eso, hicimos un llamado al diálogo en favor de la convivencia. Como dice la declaración, las sociedades necesitan acuerdos para hacerse, pero también los necesitan para no deshacerse. El planteamiento de la ACJ va más allá de cualquier preocupación electoral, de este gobierno y del próximo. Por eso, recuerda que los sectores vitales de la sociedad civil son la garantía para superar los factores que pesan negativamente en esta involución de la cultura política, que envileció el lenguaje con que unos se refieren a otros. Tanto en la cúpula como en la base se desoye al otro y, personalmente, me temo, que aún más en la cúpula que en la base. Reemplazaron el diálogo por el monólogo. Los colombianos necesitamos ponernos de acuerdo en algo, si queremos reencontrarnos con lo más positivo de nuestra propia historia.

 

Á. J.: Durante el debate electoral, lastimosamente, la justicia brilló por su ausencia. ¿Le preocupa este tema?

 

A. T. M.: Eso no habla bien de la justicia, pero tampoco de los candidatos presidenciales, ni del debate mismo que acaba de realizarse. En la ACJ estamos tratando de aproximarnos sin prisa, pero sin pausa a los problemas de la administración de justicia. Existe una Comisión con ese encargo integrada por ilustres juristas, ex magistrados y profesores universitarios con idoneidad a toda prueba: Germán Valdés Sánchez, Eduardo López Villegas, Carlos Orjuela Góngora, Manuel Restrepo Medina, Carlos Ariel Sánchez Torres, Manuel Restrepo Medina y Alberto Rojas Ríos, que están comprometidos en un trabajo a largo plazo para tratar de proponer unas reformas contentivas de instituciones que se parezcan al país. De lo contrario, no funcionan.

 

Á. J.: ¿Cree que Colombia está en riesgo de concretar la politización de la justicia en el actual contexto de polarización?

 

A. T. M.: Lamentablemente, en el país vivimos de bandazos entre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Ambas cosas deterioran la confianza ciudadana, tanto en la administración de justicia como en el ejercicio de la política. El activismo judicial constituye un avance de la administración de justicia, ciertamente, propio de la constitucionalización del Derecho, pero, a veces, ‘se le va la mano’. Los jueces no pueden legislar. Pero a los políticos también ‘se les va la mano’ cuando quieren manejar a los jueces, ejercer influencias sobre ellos o neutralizar decisiones judiciales. En ambos casos se afectan tanto el control político como el control judicial, que son principios democráticos claves. Donde se afecta el control sobre los gobiernos se mediatiza la labor del Congreso o se deteriora la independencia de los jueces. Ambas cosas producen efectos deletéreos sobre el Estado de derecho.

 

Á. J.: Si bien puede afirmarse que la justicia virtual es un hecho, con la recién expedida Ley 2213, ¿qué hace falta para modernizar aún más la justicia?

 

A. T. M.: Sí, la ley no es perfecta, pero es esperanzadora. Tiene la ventaja de que permite desarrollos virtuales o presenciales, dependiendo del tiempo del espacio de su aplicación. Eso ayuda mucho a facilitar el acceso a la administración de justicia. El ciudadano puede otorgar el poder por correo electrónico, desde su teléfono puede asistir a la audiencia, la documentación presentada se presume auténtica, etc. Excúseme que haga referencia exclusiva a miembros de la ACJ: la ley ha sido objeto de críticas por parte de los académicos Hernán Fabio López y Carlos Alberto Paz Russi, por ejemplo, sobre todo en relación con el hecho de que en la segunda instancia se aplique la mediación y no la inmediación. El académico Ulises Canosa no comparte esa crítica. El académico Ramiro Bejarano ha sido un gran impulsor de los avances de la ley en materia de virtualidad. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal organizó recientemente un foro en el cual participaron los académicos Francisco Bernate y José Fernando Mestre. En fin, vamos a ver cómo se va aclimatando la norma en el ejercicio jurídico cotidiano.

 

Á. J.: Luego de los sonados casos de corrupción, ¿cómo lograr que los ciudadanos crean en la administración de justicia?

 

A. T. M.: Hay que repensar la administración de justicia. No puede manejarse de la misma manera en todo el país. En una sociedad plural debe haber pluralismo jurídico. Es curioso: en Colombia nadie discute el pluralismo político, pero nadie se atreve a proponer desarrollos del pluralismo jurídico. Mencioné la falta de preparación de algunos operadores, pero el país también tiene grandes juristas no solo en las altas cortes, sino en los tribunales e, incluso, en los juzgados más distantes. Si la justicia se puede administrar de manera que sus instituciones se parezcan a sus regiones, sería un paso adelante hacia su credibilidad.

 

Á. J.: Otro desafío que se presenta en la administración de justicia está relacionado con la participación de mujeres en altos cargos judiciales. ¿Qué hace falta para lograr la igualdad de oportunidades en ese ámbito?

 

A. T. M.: Eso va avanzando bien. En la ley y en la jurisprudencia e, incluso, en la cultura social, avanza lenta, pero seguramente.

 

 

Á. J.: ¿Qué hacer desde la academia y las universidades para mejorar la preparación del futuro abogado y recuperar el prestigio de la profesión?

 

A. T. M.: Ese es un problema de ética. Carlos Santiago Nino formuló una revisión de la teoría general del Derecho, a partir de un análisis de las conexiones entre Derecho, moral y política. Alguien ha dicho que nuestro país viene creciendo con el centro de gravedad situado afuera. El país tiene que recuperarlo y en eso tiene que haber un compromiso de las universidades, de la academia y de la educación desde la infancia. Ojalá dentro del diálogo que ha propuesto la ACJ haya espacio para una profunda reflexión sobre este tema.

 

Á. J.: Un mensaje para los abogados al celebrar su día.

 

A. T. M.: Un mensaje de complacencia, por supuesto; un abrazo, de colegaje, también. Y, tal vez, una pregunta: ¿Qué podemos hacer los abogados por algo tan simple y tan complejo, a la vez, como sería lograr que los diez mandamientos escritos por el jurista Couture se vuelvan parte de nuestra cultura jurídica?