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La paz, nueva sobrecarga laboral para jueces de ejecución de penas

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Catalina Albornoz De la Cuesta

Redactora ÁMBITO JURIDICO

 

Cuatro años duraron las negociaciones entre las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana y desde el principio estaba pronosticado que se otorgarían subrogados penales a los desmovilizados del grupo guerrillero.

 

Inclusive, de los múltiples argumentos que esbozaron los opositores para sustentar que esas medidas eran inconducentes ninguno se enfocó en alertar sobre la problemática que su implementación podría generar dentro de la justicia colombiana. 

 

Precisamente, una vez suscrito y refrendado el Acuerdo Final, se expidió la Ley de Amnistía e Indultos (L. 1820/16) y, posteriormente, el decreto ley que reglamenta el procedimiento para hacer efectivo su reconocimiento (D-L. 277/17), en donde, además, se impone un plazo de 10 días para que resuelvan, de manera positiva o negativa, las solicitudes de los interesados. Dos normas que han incorporado un nuevo ingrediente a la congestión judicial.

 

Esta vez, los directos afectados son los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir lo que el Gobierno pactó sin prever medidas presupuestales eficaces con las cuales hacer efectivo su compromiso.

 

La situación actual

 

El pasado 6 de marzo, la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) anunció, mediante un comunicado de prensa, que los juzgados de ejecución de Bogotá se declaraban en asamblea permanente, en protesta por la sobrecarga laboral incrementada, ahora, por la tramitación de los indultos y amnistías solicitadas por los guerrilleros de las Farc.

 

Y no es para menos. María del Pilar Rey Molina, directiva nacional de Asonal Judicial y servidora del Centro de Servicios Administrativo de los juzgados de ejecución, señala que, solo en la capital, se tramitan unos 57.000 procesos en 29 despachos, en donde 15.000, aproximadamente, tienen personas privadas de la libertad.

 

De ellos, aseguró, 6.000 corresponden a las solicitudes que han radicado las personas vinculadas al proceso de paz con la expectativa de que se les concedan los beneficios penales.

 

A esto hay que añadir que el pasado 30 de diciembre terminaron las medidas de descongestión con las que se redujo, drásticamente, la planta de personal, lo que profundiza la crisis por la carencia del recurso humano.

 

Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, ratifica esta situación. Afirma que de 129 funcionarios quedaron, únicamente, 55 para atender las 1.000 peticiones diarias que se reciben de los condenados por la justicia ordinaria, que ahora se suman a las que sobrevienen del Acuerdo Final.  

 

Por eso, sostiene que no solo ellos se han visto afectados por la sobrecarga laboral, pues las consecuencias negativas se han extendido a todos los privados de la libertad. Eso los motivó a dejar de recibir derechos de petición, solicitudes de prisión domiciliaria o libertades condicionales y centrarse, simplemente, en la resolución de acciones de tutela, habeas corpus y libertades por pena cumplida de personas recluidas en centros carcelarios.

 

Varios expertos en Derecho Penal se han unido a esta causa. Francisco Bernate, por ejemplo, explica que dichos juzgados, como en general toda la administración de justicia, sufre por el abandono y el desinterés del Estado.

 

Todos los días se cambian las leyes, se aumentan las penas, se les ponen más competencias y, en cambio, no se aumenta el presupuesto de la Rama Judicial o se amplía su planta de personal, y, tampoco, se hacen mejoras tecnológicas o en infraestructura, advirtió.

 

Lo que se pide

 

Rey puntualiza que el llamado que se hace en esta oportunidad no es al Consejo Superior de la Judicatura, sino al Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Hacienda, para que creen una partida presupuestal de manera emergente, por la situación de las amnistías e indultos. O, por lo menos, que restablezcan las medidas de descongestión.

 

Machado corrobora esta versión y aclara que esta solicitud no debe interpretarse como un bloqueo a la implementación del proceso de paz. En ese sentido, sostiene que si ya no hay que invertir en la guerra, debe invertirse en la justicia.

 

Bernate coincide con los funcionarios. A su juicio, es necesario tomar medidas presupuestales inmediatas en estos juzgados y crear nuevos despachos, que cuenten con un mayor número de personal. Cree, dada la urgencia de la situación, que se requieren, cuando menos, 120 juzgados en todo el país para solventar las dificultades actuales.

 

Una delegación de jueces de ejecución de penas se presentó, hace unos días, ante el Viceministro de Justicia y la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, para reclamar una solución a estas necesidades. Sin embargo, Rey indicó que la respuesta se centró en la ausencia de recursos.

 

No obstante, precisó que los representantes de la administración ofrecieron una partida presupuestal de dos meses, encaminada a la resolución, específicamente, de los inconvenientes suscitados por las múltiples solicitudes de amnistías e indultos.

 

Pero esta solución transitoria es insuficiente y, por eso, los funcionarios se han mantenido en el cese temporal de actividades.

 

Trabas

 

Sumado a lo anterior, el término que prevé el Decreto 277 para resolver las solicitudes de los subrogados penales a los beneficiarios de la Ley 1820 es obligatorio para estos jueces, por lo que su incumplimiento acarrearía la imposición de sanciones de tipo disciplinario.

 

Ahora bien, pese a la contundencia de la norma, Rey advierte que no hay garantías para decidir, en ese plazo, si el solicitante cumple, o no, con los requisitos para conceder la amnistía.

 

Si bien las Farc habían adquirido el compromiso de enviar una lista al Alto Comisionado para la Paz, en donde se identificaran las personas “amnistiables”, hasta el momento, esa información no ha sido allegada a los juzgados de ejecución, aseguró.

 

De allí se deriva, entonces, un nuevo problema, porque esto obliga a los funcionarios a tener que estudiar caso por caso y cualquier error sería atribuible a ellos. Aunque se supone que este trámite corresponde a la jurisdicción especial para la paz, Rey recuerda que aún no ha sido implementada.

 

Todo esto hace que Bernate asevere que la justicia se encuentra en el más profundo abandono por parte del Estado. Pone de presente, además, que el Gobierno solo mira a la justicia para exigirle y para cuestionarla. “En Colombia, la verdad, no se le ha dado la importancia a esta rama del Poder Público”. Y, en su sentir, así no hay paz posible, estable o duradera.

 

La crisis continúa y cada día que pasa aumenta. Por eso, se hace difícil entender la razón por la que no se adoptaron medidas a tiempo para evitar un nuevo colapso a una jurisdicción ya golpeada por la sobrecarga laboral.

 

Pero lo que sí puede concluirse es que los únicos perjudicados no son los jueces o los beneficiarios de la amnistía. ¿Qué va a pasar con los otros presos, si no hay un procedimiento especial que los beneficie a ellos?

 

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