Independencia judicial, ¿un principio bajo amenaza?

 

Aunque la separación de poderes es un principio defendido desde la época de Montesquieu, la independencia judicial no es tan clara en algunas democracias. En el caso colombiano, por ejemplo, los roces entre las ramas del Poder Público han sido frecuentes en los últimos tiempos.

 

Durante los ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, su relación con la Rama Judicial tuvo más fricciones que consensos. Pero ese panorama cambió. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la aprobación en primer debate del proyecto de reforma a la justicia es un ejemplo de armonía entre las instituciones.

 

Sin embargo, esa sensación de calma se ha visto interrumpida, porque algunos jueces han tomado decisiones que han caído mal en el Ejecutivo.

 

En abril pasado, el Juez Segundo de Menores de Bucaramanga le concedió un hábeas corpus a José Márbel Zamora, alias Chucho, guerrillero de las FARC. El presidente Santos rechazó esa decisión y le pidió al Consejo Superior de la Judicatura tomar las medidas disciplinarias pertinentes.

 

A comienzos de octubre, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le otorgó un permiso de 72 horas al exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por nexos con paramilitares, decisión que fue muy criticada por el Gobierno. El Consejo Superior le solicitó a la Seccional del Atlántico abrir una investigación disciplinaria contra este funcionario.

 

En otra decisión que levantó ampolla, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín le concedió la detención domiciliaria a Alirio de Jesús Rendón, alias El Cebollero, jefe de una de las organizaciones criminales más peligrosas de Antioquia. El presidente Santos rechazó esta medida y le pidió al Consejo Superior investigar a fondo lo sucedido.

 

La providencia también fue cuestionada por los directores de la Policía, Óscar Naranjo, y del DAS, Felipe Muñoz. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, solicitó la revocatoria del beneficio otorgado.

 

El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia suspendió al juez por tres meses y nombró en su remplazo a otro funcionario, que renunció, alegando que no contaba con las garantías para ejercer su cargo de forma autónoma.

 

La Procuraduría no se queda atrás

El Ejecutivo no es el único que ha expresado su desacuerdo frente a las decisiones tomadas por funcionarios judiciales. Algunos temas estudiados por la Corte Constitucional han sido criticados por la Procuraduría General de la Nación, argumentando la defensa de los derechos de las personas y los intereses de la sociedad.

 

De hecho, la Corte le ha tenido que llamar la atención al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, para que acate las órdenes impartidas por ese tribunal en temas como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

La posición de la Corte con respecto al matrimonio entre homosexuales también ha generado críticas de la Procuraduría. Cuando se profirió la sentencia en la que se determinó que la unión homosexual es una familia, Ordóñez acusó a ese tribunal de haber sustituido la Constitución.

 

Recientemente, la Procuraduría presentó un proyecto de ley que busca que los servidores públicos y las personas jurídicas privadas sean titulares del derecho a la objeción de conciencia. Esta iniciativa contraría sentencias de la Corte según las cuales ni las instituciones ni los jueces pueden alegar este derecho para dejar de cumplir con sus funciones.

 

El Ejecutivo contra las cortes

Además de la controversia entra la Procuraduría y la Corte Constitucional, se han presentado roces entre el Ejecutivo y las altas cortes.

 

Desde que se destapó el escándalo de la “parapolítica”, en el gobierno Uribe, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que soportar las permanentes críticas del mandatario por las decisiones tomadas en  contra de congresistas de su bancada. Aun así, los procesos siguieron su marcha y hoy 35 parlamentarios están condenados.

 

Con la llegada del presidente Santos, el ambiente entre ambas ramas mejoró. No obstante, comenzando el año, el Gobierno propuso limitar los montos de las demandas contra el Estado, debido a las altas condenas que usualmente tiene que pagar.

 

Esta propuesta generó el rechazo de las cortes. El entonces presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior, Hernando Torres, señaló que los parámetros para fijar los montos de las condenas están claramente establecidos en la ley. Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, le pidió al Gobierno no interferir en las decisiones de la justicia y reafirmó la autonomía de la Rama.

 

Una controversia similar se ha vivido recientemente por los diversos criterios que las cortes tienen para decidir sobre el reconocimiento de pensiones. El Ejecutivo ha llamado la atención sobre la inclusión de factores no salariales en la liquidación de estas prestaciones, lo que hace que su monto se incremente de manera considerable. Sobre el tema, Fajardo aseguró que la corporación que preside se limita a interpretar las normas vigentes.

 

Tampoco se puede olvidar que la propuesta de eliminación del Consejo Superior incluida por el Gobierno en su proyecto de reforma a la justicia fue recibida por las cortes como una amenaza contra la independencia de la Rama Judicial. Finalmente, esta iniciativa se excluyó del proyecto aprobado por la Comisión Primera del Senado en primer debate.

 

Amenazas contra los jueces

La situación de seguridad ha sido una constante preocupación de la administración de justicia, particularmente en las zonas en las que tienen mayor presencia los grupos armados ilegales. Los jueces alegan que el conflicto armado les ha dificultado el ejercicio de sus funciones, bien porque laboran en zonas alejadas y vulnerables o porque tramitan casos riesgosos.

 

Un ejemplo de esta situación es el asesinato, en marzo pasado, de la juez penal del Circuito de Saravena Gloria Stella Gaona, que adelantaba un proceso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz, acusado de la violación y homicidio de unos niños. La funcionaria, que también llevaba casos de narcotráfico y rebelión, no contaba con un esquema de seguridad.

 

Según el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol), entre enero del 2010 y el 25 de agosto del 2011 se han presentado 99 acciones violatorias contra los jueces.

 

 

Los llamados de atención

La violación de los derechos de los jueces ha generado pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. 

 

En abril del 2010, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, publicó un informe en el que analizó la situación de la Rama Judicial y formuló varias recomendaciones. Según el documento, para contribuir a la lucha contra la violencia y la impunidad en Colombia, es necesario fortalecer el papel del Poder Judicial, a través de su actuación independiente e imparcial.

 

 

 

En junio de ese mismo año, antes de que el presidente Santos se posesionara, Amnistía Internacional le solicitó garantizar la independencia del sistema judicial en los casos que se tramitan por violaciones de los derechos humanos. Además, consideró que se deben adoptar medidas urgentes para ponerles fin a los homicidios y las amenazas contra jueces y fiscales.

 

Por su parte, en el informe anual del 2010, la CIDH expresó su preocupación por las denuncias sobre actividades de inteligencia en contra de operadores judiciales. El organismo recomendó tomar las medidas necesarias para asegurar que los jueces administren justicia en condiciones de seguridad, independencia y libres de presiones de los particulares y del Estado.

 

Ha pasado año y medio desde que se presentaron estas recomendaciones. Sin embargo, hasta el momento, no es evidente que se hayan acogido. Que se garantice la independencia de la Rama Judicial y se mantenga la armonía entre los poderes públicos puede depender, en buena parte, de la aprobación del proyecto de reforma a la justicia y de las acciones que, sobre el particular, tome el Gobierno.