¿Se requiere una entidad especializada en registro de patentes?

 

Luego de la reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria), el Decreto 4886 del 2011 mantuvo en cabeza de dicha entidad las  actividades de protección al consumidor, competencia, propiedad industrial (PI) y datos personales, junto con determinadas facultades jurisdiccionales.

 

La cantidad de tareas asignadas a la Superindustria y sus dependencias, junto con las consecuencias que ello trae, han abierto el debate sobre la necesidad de crear una entidad autónoma especializada en dar trámite a las solicitudes de registro de patentes. ¿Qué tan viable es esa idea? Expertos internacionales y nacionales consultados por ÁMBITO JURÍDICO opinan sobre esa propuesta.

 

Propuesta institucional

En el informe Propiedad industrial 2020, recientemente divulgado, la Superindustria llama la atención sobre la dispersión de los recursos que a ella se le asignan. Por esa razón, las direcciones operativas no logran mejorar considerablemente los niveles de eficiencia.

 

La multiplicidad de actividades, señala el informe, es un punto crítico que distrae el recurso humano hacia otros aspectos y desatiende la labor fundamental de administración de la PI.

 

Según José Luis Londoño, superintendente delegado para la Propiedad
Industrial, es necesario fortalecer algunos frentes de la Superindustria que permitan  el uso del registro de la PI como un medio para la competitividad y no como un fin. “Al mismo tiempo, debe pensarse en la creación de una institución independiente de dicha entidad exclusivamente encargada del registro de patentes”, agrega.

 

En su opinión, es el momento para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la propiedad intelectual y sus beneficios, sobre todo para el sector privado. “El crecimiento económico se ve reflejado en el crecimiento de conocimientos que merecen una protección legal, como el registro de patentes”, sostiene.

 

Nueva entidad

Hay un aparente consenso frente a la propuesta de crear una entidad encargada únicamente del registro de patentes.

 

El licenciado Sergio Ampudia Mello, coordinador de Planeación Estratégica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala que es necesario considerar la conveniencia de modificar el sistema de PI colombiano, para crear un organismo especializado que funja como autoridad administrativa en esta materia, con autonomía financiera, técnica y de gestión. “Además, debe contar con un área facultada jurisdiccionalmente para conocer de asuntos de infracción y de legalidad en actos administrativos producidos por dicho órgano”, advierte.

 

En ese orden de ideas, Maximiliano Santa Cruz, director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, señala que la decisión nacional de fortalecer el sistema de PI a través de una nueva institucionalidad ha demostrado ser una buena decisión en su país: “Contar con un instituto autónomo, con presupuesto propio y con autoridades elegidas mediante concursos permite pensar y desarrollar el sistema a largo plazo y no concentrarse solo en lo inmediato”.

 

Sin embargo, resalta que esa autonomía debe coordinarse con las demás autoridades públicas, lo que en el caso chileno se plasma en la relación sin intermediarios entre la dirección del Instituto de Propiedad Intelectual y el Ministro de Economía.

 

Desde la perspectiva nacional, Ana María Castro, socia de la firma de abogados Lloreda Camacho & Co., coincide con Ampudia, al considerar  necesaria la creación de una entidad descentralizada y con patrimonio propio, que le permita impulsar mayores cambios en el sistema de propiedad industrial.

 

Algunos de los cambios que la abogada colombiana considera necesarios apuntan a mejorar la capacitación de los examinadores de patentes. En este aspecto, enfatizó que los usuarios enfrentan obstáculos “por la falta de entendimiento de la invención como tal. Un instituto que tenga su propio presupuesto llevaría a un panorama diferente y evitaría requerimientos innecesarios”, sostiene.

 

Castro resaltó la importancia de que esa nueva entidad sirva como organismo de consulta y formación de jueces y fiscales, lo que redundará en mayor eficacia judicial, tanto en las acciones de nulidad como en las infracciones a la PI.

 

Voz crítica

Ernesto Rengifo García, director del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, piensa que la creación de una nueva estructura para registro de patentes debe ser el resultado de un proceso previo, en donde el Estado y el sector privado e, incluso, el universitario tomen conciencia de la importancia de la innovación.

 

“Si un país fomenta la innovación, crece económicamente y, por supuesto, nace un entorno institucional que responde a esa cultura. Pero la idea de crear una nueva entidad, por sí misma, no tiene incidencia en esto”, puntualiza Rengifo.

 

Este académico y litigante agrega que las deficiencias del sistema de PI en Colombia no obedecen necesariamente al funcionamiento de la Superindustria: “Lo que funciona mal es la difusión de la importancia de la propiedad intelectual. La innovación no ha penetrado suficientemente la sociedad colombiana y, en muchos sectores, se prefiere una actividad de distribución e intermediación y no la producción de conocimiento”.

 

Sobre el eventual incremento de los registros de patentes, bien sea por la flexibilización de requisitos o por la creación de una nueva entidad, Rengifo alerta sobre lo que esto implicaría: “La laxitud del sistema puede traer un altísimo costo social, ya que el verdadero control se hace en el sistema judicial. Por esta razón, es más conveniente ser rigurosos en el acto administrativo de concesión, para evitar al máximo controversias judiciales”.

 

Divulgación e incentivación

La crítica planteada por Rengifo relativa a la falta de divulgación sobre la importancia de la PI, y con ello del registro de patentes, es el punto común de la visión de los expertos consultados.

 

Sin embargo, cuestiona la capacidad de innovación, especialmente de las universidades, en un ambiente en el que el sector privado, por lo general, no fomenta su práctica y el Estado no muestra interés suficiente en esta materia.

 

En ese sentido, Santa Cruz afirma que para fomentar el registro de patentes, junto a la necesaria divulgación de información, son indispensables los incentivos públicos y privados a proyectos que integren PI.

 

Coincidiendo con lo anterior,  Ana Cariño Fraisse, consejera técnica de la Unidad de Apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), señala que para incentivar el registro de patentes, “los ciudadanos tienen que saber qué pasos dar para realizar el registro, a la vez que desde la OEPM se trata de simplificar al máximo el procedimiento. La difusión de la PI resulta, por lo tanto, un elemento esencial”, concluye.

 

Por su parte, Castro se muestra de acuerdo con la responsabilidad del sector privado, y enfatiza en el deber de la academia de fomentar una cultura de protección a la PI. Y agrega: “Esta no puede ser una cátedra aislada, sino que debe conectarse con otras áreas, pues de nada sirve tener claros los conocimientos sin un enfoque práctico”.

 

Según Rengifo, en materia de propiedad intelectual, “el tema de la patente es solo la punta del iceberg en un mar de secretos industriales”.

 

El actual panorama no permite respaldar con contundencia la necesidad de crear una entidad especializada, mientras no se garantice que esta no reflejará el costo de su funcionamiento en las tarifas que los usuarios deben pagar para el registro de patentes.

 

Finalmente, el éxito de una mayor cultura de innovación depende de la consolidación institucional, el concurso del sector privado y un mayor interés del sector académico en esta materia.

 

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OMPI y los países en desarrollo

 

El 1º de octubre, durante la instalación de la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra (Suiza), el director del organismo, Francis Gurry, resaltó que existe una estrategia internacional en materia de patentes mucho más eficaz, que refleja la globalización del comercio.

 

En su opinión, esto constituye una “auténtica revolución” que, entre otros aspectos, exige que se consolide un sistema internacional de normas que regulen y encaucen la fuerte competencia que se registra en la esfera de la propiedad intelectual. 

 

De acuerdo con Gurry, el nuevo entorno de la propiedad intelectual ha creado oportunidades para los países en desarrollo y los menos adelantados. Algunos de ellos han podido abrirse paso a nivel mundial en las cadenas de innovación y valor. Sin embargo, para otros, el nuevo entorno es complejo, en particular, por la rapidez con que evoluciona, lo que exige mayor capacidad de apoyo por parte de la OMPI.

 

 

Solicitudes de patente de residentes por millón de habitantes

 

Año                       Chile                     España                 Colombia

2008                      31,6                       83,0                       2,8

2009                      20,2                       80,9                       2,8

2010                      19,2                       79,6                       2,9

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio