“Esa lucha ya no es mía”: Estado

Fabio Humar Jaramillo

Abogado penalista

En este artículo me refiero a los ya muy conocidos programas de cumplimiento corporativo que andan de moda. Ya no hay curso o programa de actualización en el que no se toquen los temas de prevención en lavado de activos. No cabe duda de que es el tema de actualidad.

El inicio de todo esto fue el famoso Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (Sipla). Ya vamos por el Sagrilaft, nombre rimbombante que significa Sistema de Autocontrol, Prevención y Gestión de Riesgos contra el Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Pasamos por todas las siglas, sin hacer pausa en el ROS (Reporte de Operación Sospechosa) y la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero). Es lo que trae la modernidad.

Sector privado y responsabilidades

Soy consciente de la necesidad de aplicar las más severas y estrictas medidas que permitan avanzar en la lucha contra el crimen. En esa batalla no se puede claudicar. Pero lo que me parece calamitoso es que la carga de la lucha contra el crimen sea puesta sobre el sector privado, ya exhausto por las regulaciones de cuanta agencia estatal hay.

Algunos entendidos sobre la materia han señalado que un empresario promedio está sometido a una veintena de regulaciones, reglamentos, circulares, decretos y normas de baja categoría que hacen más costosa y pesada la operación cotidiana. Desde las típicas normas de la alcaldía menor del lugar en que opera la empresa, hasta el cumplimiento de normas mucho más “contundentes”, como son aquellas a las que ahora me refiero, diseñadas y destinadas a la prevención contra actividades ilícitas.

Pero, ¿de dónde viene este conjunto de normas que pone sobre los hombros del empresario nuevas cargas? A mi juicio, la respuesta es fácil: es producto de la incapacidad del Estado de adelantar una adecuada y suficiente lucha contra la delincuencia.

Hay que decirlo con todas sus palabras, y que no quepa duda: el Estado ha fallado gravemente en la lucha contra el crimen y encontró a quien trasladarle, a las malas, su responsabilidad. ¿Quién mejor que el empresario que cumple, el formal, el que sigue las reglas, para ponerle una carga extra?

¿Barrera de contención?

Miren ustedes: la lucha contra el lavado de activos, que es, o que debería ser, responsabilidad exclusiva del Estado, por arte de birlibirloque, quedó ahora en cabeza de los particulares, que deben tener oficiales de cumplimiento, adquirir avanzados y costosos programas para el conocimiento de los clientes y consultar las listas restrictivas.

Ahora es el empresario el que debe indagar sobre los orígenes de sus clientes y los proveedores, y averiguar sobre la procedencia de las mercancías. Además, le toca capacitar personal, el denominado oficial de cumplimiento, que todas las empresas deben tener, para que este sea quien alerte al Estado, a la Uiaf, de la ocurrencia de operaciones inusuales, sospechosas: el famoso ROS. ¡Cómo no!, también hay que avisar cuando no pasa nada: así como se emite un ROS, también es menester emitir un AROS, es decir, Ausencia de Reporte de Operación Sospechosa.

Todo esto significa que ahora le toca al empresario ser la barrera de contención contra la comisión de delitos. ¿Y los impuestos que pagamos?, ¿no son acaso para que el Estado luche contra el crimen? Parece que no. Además de los impuestos, ahora hay que coadyuvar a la Fiscalía General y a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Y todo a costa del particular, no solo en tiempo, sino en dinero. Para que vean ustedes, ahora todas las empresas deben contar con oficial de cumplimiento. Otro impuesto, por la puerta de atrás.

Sanciones

¿Hasta dónde ha llegado esta locura? En el 2017, por ejemplo, dos oficiales de cumplimiento fueron sancionados con multas de un poco más de 50 millones de pesos. La razón de estas sanciones consistió en “omisiones en su deber de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sarlaft”. Pero la mejor parte de la historia está por venir. Uno de los oficiales de cumplimiento, al momento de responder la sanción e interponer los recursos contra la misma, dijo: “No contaba con los medios necesarios para que yo pudiera realizar mi labor de la mejor manera, cumplí con mis deberes y obligaciones de manera diligente conforme al perfil del cargo que ejercía”. Agregó, además, que previamente había advertido de tal situación a sus jefes.

La respuesta de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) fue aún mejor, ya que cae en la responsabilidad objetiva, que está proscrita en el papel, pero que se aplica a diestra y siniestra: “corrobora su falta de diligencia frente a la identificación, medición, control y monitoreo del citado riesgo, dada su conducta pasiva en esta materia”. Habría sido más fácil resumir la sanción con la frase coloquial: “Eso le pasa por bobo”.

Hay otro ejemplo de sanción, esta vez a una corredora de seguros, quien por la pandemia no pudo posesionar al oficial de cumplimiento suplente. De nada valieron las pruebas, los hechos notorios y el hecho de que la pandemia paralizara a la humanidad. Dura lex sed lex, señaló la Superfinanciera, e impuso la sanción por no posesionar a un suplente.

Tan avanzada va la lucha estatal contra la delincuencia, que ya se obligó a los particulares para que supervisen las operaciones de criptomonedas. La Uiaf ya dijo que, a partir de julio de este año, las personas que operen con “criptos” le deben enviar reportes.

Según el portal Infolaft, que es de obligatoria consulta: “Tan solo entre 2016 y 2020 la Superintendencia de Sociedades impuso 107 sanciones Sagrlaft contra empresas que no entregaron la información”.

Ahí está, pues, la nueva lucha contra el crimen de cuello blanco. Es mejor decirlo de frente: que la lucha contra el crimen es de todos, menos del Estado.