Los proyectos de infraestructura de transporte que el país necesita

Camilo Forero

Asociado del Área de Derecho Público e Infraestructura

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

En el programa de gobierno del entonces candidato a la Presidencia de la República Gustavo Petro (hoy Presidente electo) se habla del turismo como uno de los motores de desarrollo económico más importantes para el logro de los objetivos y metas del próximo cuatrienio. De hecho, ambos candidatos que quedaron en contienda en la segunda vuelta presidencial manifestaron en repetidas ocasiones que el turismo sería una de las herramientas más importantes para contrarrestar el déficit de la balanza comercial e incluso llegaron a clasificar al turismo como el sector de la economía que reemplazaría en el largo plazo al sector de hidrocarburos como la primera actividad económica en territorio colombiano.

Al mismo tiempo, tal como suele ocurrir en el calor electoral, en la elección presidencial se planteó improvisadamente la construcción de un tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura, la construcción de una carretera de 1.800 km entre Puerto Carreño y Tumaco y la disminución o eliminación del cobro de peajes a los usuarios de vías nacionales. Independientemente de la inviabilidad de los proyectos referidos y de la imposibilidad de disminuir el cobro de peajes dada la estrechez fiscal del Gobierno, estas no son las prioridades en materia de infraestructura de transporte que el país necesita.

Cualquiera hubiera sido el resultado de la elección presidencial, expertos en materia de transporte e infraestructura coinciden en que Colombia necesita fortalecer y robustecer sus programas de concesiones de infraestructura de transporte. Con la entrada en operación de todos los proyectos de 4G y la adjudicación e inicio de obras en los proyectos de 5G, los ojos del Gobierno Nacional deberían estar enfocados en las grandes metrópolis y en las ciudades intermedias.

Si el Estado colombiano (tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales) no inicia un proceso ambicioso de estructuración y cofinanciación de proyectos de infraestructura de tránsito y transporte para las principales ciudades del país para lo que resta de esta primera mitad de siglo, el país entero se va a ver enfrentado a una crisis de competitividad, calidad de vida y descontento social difícil de recuperar. Ni hablar de la imposibilidad de atraer inversión extranjera y turistas cuando la movilidad en las grandes urbes se torna cada vez más costosa y menos apacible.

La reciente aprobación de un cupo de endeudamiento para el Distrito Capital de Bogotá por 11,8 billones de pesos es un hito en la dirección correcta. Aunque para la fecha la capital ya debería haber culminado la construcción de todas las fases de Transmilenio (proyectos que no deben ser sacrificados por la puesta en marcha de proyectos férreos), la construcción de la primera línea de metro, su prolongación en la Autopista Norte y la estructuración de la segunda línea de metro son proyectos fundamentales para que Bogotá no sufra un rezago irrecuperable en calidad de vida en comparación a ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago de Chile.

De igual forma, la ejecución del proyecto del Metro de la 80 en Medellín, la construcción del segundo túnel de Santa Helena, la ampliación de la conexión vial del Valle de Aburrá y la estructuración del tren de cercanías del Valle del Cauca son de fundamental importancia para Antioquia y Valle del Cauca.

No obstante, estos esfuerzos no son suficientes. El país necesita más inversión pública y privada en infraestructura de transporte. Debemos ampliar la capacidad de nuestros aeropuertos, que ya está prácticamente saturada, fortalecer los sistemas integrados de transporte masivo en grandes capitales y ciudades intermedias y debemos apostar por la construcción de centros de integración modal que permitan que el usuario de transporte utilice los diversos medios de movilización de forma articulada y eficiente, tal como ocurre en las principales ciudades del mundo.

Si hablamos del turismo, conviene mencionar, por ejemplo, que el aeropuerto con mayor capacidad para atender pasajeros en Colombia (el Aeropuerto El Dorado que moviliza alrededor de 20 millones de pasajeros al año), estaría cuarto en España -una verdadera potencia turística mundial- después de los Aeropuertos de Madrid (62 millones de pasajeros al año), Barcelona (51 millones) y Palma de Mallorca (30 millones). Los aeropuertos de Cartagena y Medellín, que movilizan no más de 7 millones de pasajeros al año cada uno, no tendrían lugar en los 10 primeros lugares de este ranking.

También es preocupante que ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar hayan reducido la cobertura de sus sistemas de transporte por la dificultad para asegurar la sostenibilidad de los medios urbanos de transporte.

Ahora, sin duda, el reto más desafiante para que estos proyectos pasen a ser realidad es garantizar los recursos para asegurar su financiación. Colombia ha demostrado que la participación de capital privado en la ejecución de proyectos de infraestructura no solo es eficiente, sino que es imprescindible para garantizar que las obras se lleven a buen término.

Cualquier propuesta que pretenda asignar los riesgos de ejecución contractual de forma ineficiente o reducir las coberturas del Estado para aquellos casos en que los riesgos comerciales no puedan ser asumidos por los privados va en la dirección equivocada. Cualquier propuesta que pretenda acabar con los sistemas de transporte masivo a través de contratos de concesión para ser reemplazados por operadores públicos con alto riesgo de ser cooptados por los dirigentes políticos de turno también es una propuesta que no va en la dirección correcta. Ni hablar de la mera posibilidad de suspender las obras de la primera línea del metro en Bogotá.

Las grandes ciudades siempre han sido los motores de desarrollo de las economías modernas. Para que Bogotá no pierda competitividad frente a las demás capitales de Sudamérica, para que Medellín sea un verdadero hub de tecnología en el continente y para que las demás ciudades den un salto cualitativo que impulse la economía en Colombia, el sistema de asociaciones público privadas es sencillamente imprescindible.