Trabajo decente, una necesidad inaplazable

 

¿Qué tan satisfechos están los colombianos con sus trabajos? Esta pregunta se ha formulado desde diversos ámbitos, como el gubernamental, el internacional y el académico. Entre las respuestas dadas por los trabajadores, algunos afirman estar a gusto con sus ingresos y otros con su jornada laboral o con su tipo de vinculación.

 

Sin embargo, para muchos, la dignidad, la seguridad, la equidad, la libertad y la remuneración justa en el trabajo parecen ser una utopía. La tasa de desempleo, el incremento de la tercerización laboral, la discriminación a las mujeres y a los jóvenes, los obstáculos para acceder a la seguridad social y la violencia contra los sindicatos son algunas de las preocupaciones que aquejan a la población.

 

Pero no todo es negativo. Colombia, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asumió el compromiso de crear un programa nacional de trabajo decente. Durante la XVII Reunión americana de la OIT, realizada el año pasado, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, indicó que el Gobierno tiene la voluntad de desarrollar políticas públicas a favor de ese objetivo.

 

Trabajo, trabajo y más trabajo

El gobierno de Juan Manuel Santos ha sido consciente de los altos niveles de informalidad y del obstáculo que esta representa para el crecimiento económico. Por esa razón, el enfoque del trabajo decente se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Desde su posesión, Santos aseguró que en su gobierno va a haber “trabajo, trabajo y más trabajo”, objetivo que pretende lograr con el impulso del crecimiento económico, la creación del Ministerio de Trabajo y políticas de generación inmediata de trabajo, como la Ley de Generación y Formalización de Empleo (L. 1429/10).

 

Aunque es prematuro analizar los resultados de la Ley 1429, según el Informe de rendición de cuentas 2010-2011 del Ministerio de la Protección Social, más de 250.000 empresas se han beneficiado de ella y se han creado 140.000 empleos.

 

Crecimiento versus calidad

Al igual que en el resto de América Latina, la globalización ha influido en los derechos de los trabajadores, pues, al modificar los procesos socioeconómicos, propició la flexibilización de las condiciones de contratación, lo que incrementó el número de empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado (CTA) y contratos de prestación de servicios.

 

Según el economista Juan Carlos Guataqui, en los últimos años se ha generado más empleo, pero de baja calidad, ya que se ha incrementado el trabajo por cuenta propia. “La flexibilización va en contravía del trabajo decente. Si se mantiene la tercerización, la informalidad no se va a reducir”, asegura.

 

A conclusiones similares se llega en el estudio Trabajo digno y decente en Colombia: aportes para el diálogo social, que realizó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), entre el 2010 y el 2011, para la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Esta investigación concluye que en el país no existe una política coherente de empleo (ver recuadro).

 

De acuerdo con Sergio Chaparro, investigador de Dejusticia, la proliferación de las modalidades de contratación alternativa conlleva una vulneración masiva de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto también ha sido ocasionado por la debilidad en la vigilancia e inspección que debe realizar el Estado para que esos tipos de contratos se ciñan a la ley.

 

Julio César Carrillo, experto en Derecho Laboral, afirma que es necesario que las CTA cumplan los principios cooperativos y no busquen ahorrar costos en detrimento de los derechos de las personas. “Hay que generar empleabilidad con condiciones de respeto, no de esclavitud”, advierte.

 

El debate frente a la conveniencia de la flexibilización del mercado del trabajo sigue latente. Al respecto, Chaparro resalta que una flexibilidad laboral que garantice a los trabajadores sus derechos fundamentales no debe generar precarización.

 

Con la reciente aprobación del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y EE UU, Santos anunció que se crearán, aproximadamente, 300.000 empleos de calidad y bien remunerados. Por lo pronto, el Gobierno ha logrado reducir la tasa de desempleo en un dígito: del 10,6 % registrado en septiembre del 2010, se pasó al 9,7 % en el mismo mes de este año.

 

El panorama 

La Escuela Nacional Sindical (ENS), en el Informe nacional de trabajo decente 2010, presentado a inicios de octubre, aseguró que hasta la fecha no hay cambios significativos en la política estatal.

 

La ENS advirtió que persisten la precariedad en el empleo, la poca estabilidad laboral, los bajos ingresos, los “contratos basura”, la brecha de acceso al empleo entre mujeres y hombres o entre jóvenes y adultos, la violencia antisindical y la pobreza.

 

El informe destaca que a raíz del TLC con EE UU, el Ejecutivo y el Legislativo de ese país le llamaron la atención a Colombia por asuntos como los atentados contra el sindicalismo y los inconvenientes de las CTA.

 

Con este horizonte, saltan a la vista los retos para el Gobierno. Después de seis meses de la escisión del Ministerio de la Protección Social, el presidente Santos nombró a Rafael Pardo como ministro de Trabajo, quien se propuso luchar contra el desempleo, mejorar la formalización laboral y alcanzar una mayor equidad en el trabajo para las mujeres.

 

Así las cosas, es necesario que el tema laboral se posicione de nuevo en la agenda gubernamental. Para Chaparro, no basta con crear el Ministerio de Trabajo, ya que es necesario establecer espacios de coordinación con otros ministerios, para que este pueda incidir en una política sectorial que busque reducir el desempleo y la informalidad.

 

Todavía es muy pronto para señalar los efectos que el TLC tendrá sobre el trabajo: puede que se pierdan empleos, puede que se ganen. De todas formas, se espera que el interés por el tema laboral no se deba simplemente a la coyuntura, sino que sea un compromiso real.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Las propuestas del estudio ‘Trabajo digno y decente en Colombia: aportes para el diálogo social’

 

El estudio Trabajo digno y decente en Colombia: aportes para el diálogo social, realizado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), incluyó, entre otras, las siguientes recomendaciones:

 

• El objetivo de la generación de empleo debe ponerse en el centro de la política macroeconómica y sectorial del país, con base en un compromiso serio de reducir el desempleo y la informalidad.
• Se requiere remplazar el emprendimiento de empresas que crean empleo informal por uno capaz de crear empresas que generen empleo formal y masivo.
• Es necesaria una reforma al régimen laboral, pero con un enfoque de derechos, de inclusión del diálogo social y de fundamentación técnica de las políticas. A eso se añade la urgencia de expedir el Estatuto del Trabajo.
• Debe consolidarse un sistema de protección al desempleado, que incluya subsidios, programas de formación educativa y ayudas para facilitar la búsqueda de empleo.