¿Puede el Derecho curar al sistema de salud?

 

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Aumentar la cobertura, agilizar el flujo de recursos, incrementar el aseguramiento de la población pobre y endurecer las reglas para el funcionamiento de los prestadores. Una lectura desprevenida concluiría que esos son los objetivos que busca una eventual reforma al sistema de salud colombiano.

 

Pero no es así. Estos fueron los argumentos que el presidente de EE UU, Barack Obama, le expuso al Congreso en su reforma al sistema de salud, aprobada en marzo del 2010. La crisis económica del 2008, que aumentó el desempleo y creó un hueco fiscal, llevó a Obama a proponer una modificación al sistema sanitario estadounidense. Durante dos años, el país más poderoso del mundo discutió el futuro de su régimen de salud.

 

Sin duda, la prestación de estos servicios es un tema sensible para los gobiernos, la población y la opinión pública en general. Por eso, cuando se habla de crisis, el pánico se generaliza.

 

En Colombia, desde hace un par de semanas, se encendieron las alarmas sobre el sistema de salud y tomó fuerza una modificación estructural a la Ley 100 de 1993. Pero, ¿es necesaria esta reforma? ¿Hay crisis en el sistema? ¿Puede el Derecho paliar sus efectos?

 

Los síntomas

Hace 20 años, el Congreso discutía una iniciativa que transformaría al país: la Ley 100. A través de ella, se modificó la estructura de la seguridad social.

 

En vigencia de esta norma, se aumentó el aseguramiento, bajo los regímenes contributivo y subsidiado; nacieron las entidades e instituciones prestadoras de salud (EPS e IPS); se determinó un plan obligatorio de salud (POS) y se creó el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), entre otros cambios. Así, por espacio de dos décadas, las EPS, las IPS y los POS entraron a formar parte del lenguaje familiar de todos los colombianos.

 

No obstante, el sistema empezó a hacer “agua” cuando se multiplicaron por tres los asegurados al régimen subsidiado, la tasa de desempleo no bajó a un dígito, el subempleo subió más del 30 %, las deudas de las EPS con los hospitales crecieron, el Fosyga frenó el traslado de los dineros a los prestadores y disminuyeron las condiciones laborales del talento humano en salud.

 

En ese escenario, apareció la tutela como una fórmula para garantizar la prestación de servicios médicos. Y así se incrementó el problema. Al tiempo que ingresaban médicos, enfermeros y cirujanos a las EPS e IPS, aparecieron los abogados. Hoy, más del 60 % de tutelas que se interponen tienen que ver con este derecho. Solo en Bogotá, la Personería Distrital elaboró 10.037 tutelas en el 2011, de las cuales el 67 % se referían a la salud.

 

El diagnóstico

El 31 de julio, se cumplieron cuatro años de la Sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional, que realizó un diagnóstico pormenorizado al sistema de salud en Colombia. De ella se desprendieron más de 20 órdenes impartidas a los actores del sector.  

 

De acuerdo con Saúl Franco, vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social, el fallo se ha cumplido a medias, pues la situación de la salud se ha deteriorado paulatinamente.

 

Aunque Juan Carlos Cortés, director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess), cree que ese fallo fue positivo, advierte sobre una dificultad: no abordó el tema de la sostenibilidad financiera del sistema ni su impacto económico.

 

Para el médico y abogado Juan Ernesto Oviedo, gerente del Hospital de Kennedy, uno de los problemas del sistema es la maraña normativa que impide que los recursos de la salud fluyan a los prestadores. Así mismo, considera que nunca se adelantó una política farmacéutica que evaluara el aumento del valor de los medicamentos, ni un estudio tecnológico que actualizara los equipos para atender las enfermedades. Por eso, existen más de 8.000 actividades y 730 medicamentos cubiertos por el POS. “Eso suena bien en el papel, pero la realidad es otra”, anota.

 

Fabián Hernández, experto en seguridad social, señala que, a pesar de que la Ley 100 fue positiva, el sistema es complejo, los médicos se afectaron por las bajas tarifas con las que son remunerados y el usuario es maltratado permanentemente. Así, recuerda, se alcanzó un aseguramiento del 98 % de la población, pero solo el 32 % cree que el sistema funciona.

 

En una carta enviada hace unas semanas al presidente de la República, Juan Manuel Santos, ocho exministros de Salud mostraron su preocupación por la crisis del sistema. En opinión de Antonio Navarro Wolff, uno de los firmantes, el principal problema es el ánimo de lucro del aseguramiento, con lo cual surge una lucha entre quienes buscan utilidades y los que pretenden ofrecer un servicio eficiente.

 

Alfredo Puyana, docente investigador de la Universidad Externado, cree que ha faltado voluntad política para desarrollar los postulados de la Ley 100 y para controlar los entes encargados de prestar los servicios, especialmente las EPS.

 

A todos estos síntomas se ha sumado la corrupción. Hace un año, Santos denunció un “carrusel” que defraudó al sistema por más de 34.000 millones de pesos, principalmente, en el trámite del recobro de medicamentos al Fosyga.

 

¿La cura?

Han sido varias las fórmulas que se han ensayado para sacar al sistema de salud del atolladero en el que se encuentra. Algunas normas han incrementado impuestos, especialmente a los licores, para inyectarles recursos a las secretarías de salud; se han creado instituciones como la Comisión de Regulación en Salud (Cres), para vigilar la dinámica del sistema; se limitó la integración vertical entre EPS e IPS; los POS fueron actualizados; se aumentaron las cotizaciones y se creó el defensor del usuario en salud.

 

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se declaró la emergencia en materia de salud, pero la Corte Constitucional la tumbó, con efectos diferidos en relación con los impuestos creados para financiar el sistema.

 

Recientemente, el Gobierno anunció nuevas medidas para superar la crisis, como la eliminación de la Cres, un revolcón en el funcionamiento de la Superintendencia de Salud y la inyección de 1,2 billones de pesos para aliviar la falta de liquidez. A esas medidas se suman dos proyectos de ley que serán estudiados por el Congreso (ver recuadro).

 

Puyana cree que no se necesitan más leyes, porque las que existen son suficientes. No obstante, advierte que se debe mejorar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Igualmente, hay que reglamentar algunos trámites ante el Fosyga, para que los recursos no se frenen. En este tema, Oviedo señala que, en el mejor de los casos, el pago a los hospitales se está realizando entre 350 y 380 días después de la prestación del servicio.

 

Cortés propone compilar las normas que existen y crear una instancia que reúna a todos los actores del sector para buscar consensos. Por su parte, Hernández sugiere “más orden en el sistema, mayor cumplimiento, más vigilancia y control, eliminar cualquier riesgo de corrupción y medir económicamente el nuevo POS”.

 

En opinión de Oviedo, hay que crear reglas claras sobre las glosas (inconformidad que presentan las EPS frente los servicios prestados por los hospitales que disminuye el valor de la factura), para que esos recursos regresen al sistema y no se afecte la estabilidad financiera. Así mismo, plantea la posibilidad de que las entidades territoriales paguen las nóminas de los hospitales y se reevalúe el sistema de aseguramiento.

 

Navarro propone un aseguramiento público descentralizado, con control, supervisión y vigilancia del Estado. Igualmente, cree que se debe acabar con el fin de lucro de las EPS y revisar el sistema de aportes, para que se liquide por el tamaño de la empresas, mas no por el número de empleados.

 

En general, los especialistas consultados creen que los anuncios del Gobierno son “paños de agua tibia” para curar una enfermedad que puede empeorar en cualquier momento. Por eso, coinciden en que esta coyuntura debe ser aprovechada para buscar soluciones estructurales y de largo plazo.

 

 

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En busca de una ley estatutaria en materia de salud

 

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social prepara una iniciativa que crearía una ley estatutaria en materia de salud.

 

De acuerdo con Saúl Franco, vocero de esa organización, el proyecto fija criterios claros sobre el acceso al derecho a la salud, la atención oportuna de enfermedades y la muerte digna. Así mismo, elimina la estructura vigente de las EPS y crea una instancia para que los particulares presten servicios de salud. “Los objetivos son recuperar la dignidad humana y el derecho a la salud y evitar el despilfarro de los recursos”.

 

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el senador Jorge Ballesteros radicaron una iniciativa que regula el derecho a la salud y el plan único de beneficios y crea la acción de protección a la salud, para resolver las controversias que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras.

 

Por lo pronto, el Gobierno no ha contemplado la posibilidad de reformar el sistema de salud vía Congreso.