La violencia que permite una sociedad no se refiere solo al crimen, también a su respuesta a él: Camilo Umaña

Esta semana, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre el borrador del proyecto que buscará humanizar la política criminal y penitenciaria del país. La iniciativa será presentada ante el Congreso durante la segunda parte de la legislatura 2022–2023, donde se definirá su futuro político. (Lea: Gobierno plantearía pena máxima de 40 años y prisión domiciliaria para condenas de hasta 12 años). 

Para esta reforma, el Ejecutivo buscará alinear el sistema penitenciario a las Reglas Nelson Mandela para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, y a las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan aplicar una política criminal respetuosa de los derechos humanos y sujeta a un estándar constitucional.

“Desde 1998 la Corte ha dicho que hay un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, y a pesar de que diferentes gobiernos han intentado reformas ninguna ha tratado de forma integral y adecuada el problema. Nosotros estamos tratando de hacer unas reformas que vayan en línea con lo ordenado por la Corte”, comentó el viceministro. 

Frente a la preocupación de que esta reforma signifique bajar la pena a delincuentes, el funcionario recordó que en Colombia no existen ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua, y que siendo la actual pena máxima de 60 años, “si una persona de 18 años comete un delito y se le imputa una pena máxima saldría de prisión a los 78 años, lo que excede la esperanza de vida en Colombia”. La propuesta del Gobierno es disminuir esta pena máxima a 40 o 50 años, dependiendo de si se trata de delitos considerados individualmente o en concurso, “esta medida le da a la política criminal un sentido más razonable”, afirma.

Sobre el hurto, una conducta que tanto a afecta la seguridad, el viceministro expresó que “lo primero que hay que entender es que las personas que cometen un hurto tienen unos índices altos de reincidir […] Si nosotros generamos realmente una resocialización apropiada tenemos mayores probabilidades en bajar las tasas de reincidencia con éxito. Esto es lo que nos dicen todos los estudios a nivel internacional”.

“Si nos articulamos mucho más institucionalmente tendremos como resultado una política mucho más resocializadora y, por ende, menos reincidencia. Tendremos más satisfacción ciudadana, más satisfacción de las víctimas y una mirada muy diferente de los problemas sociales que están en el origen de lo que llamamos el delito. Porque los delitos no se originan por generación espontánea, sino que parte de unos problemas también muy fuertes, contextuales y sociales, que debemos darnos el chance de abordar”. Umaña fue claro al afirmar que en la reforma se contemplan sanciones para los casos de reincidencia. 

“A lo que apostamos es a ver el fenómeno criminal dentro del hurto, pensando en estas muy diversas formas de atenderlo y sabiendo que la forma única con la que la atendemos hoy en día no ha funcionado, porque tal como lo dicen los alcaldes, las políticas de seguridad local han fracasado frente a esta lucha en concreto. Yo no entendería cómo haciendo lo mismo se van a obtener resultados diferentes. Tenemos que crear una estrategia mucho más inteligente frente a modalidades criminales como estas”. (Lea: Nuestro sistema penitenciario es un fracaso total: Néstor Osuna).

Ante la propuesta de eliminar delitos como la injuria, la calumnia e incluso la inasistencia alimentaria, el viceministro aseguró que “no existe ninguna acción que hayamos previsto que no tenga un mecanismo legal para atenderla”. Así mismo, aclaró que la decisión viene de diferentes conceptos del Consejo Superior de Política Criminal y de las diferentes comisiones asesoras que a lo largo de los años han sugerido suprimir una serie de delitos, entre los que se incluyen estos. “Ese es el sentido de pensar en suprimir algunos de estos delitos que no tienen realmente efecto práctico y lo que hacen es generar una inflación en la cantidad de delitos, congestionando el sistema y retrasando la reparación de los derechos de las víctimas”.

En el caso de la inasistencia alimentaria, el viceministro dice que “hay dos estamentos importantes. Uno es el civil y el otro el de familia”, sin embargo, manifestó la preocupación del ministerio ante la suerte que puedan tener la responsabilidad por estos casos y expresó que desde la entidad se está evaluando la posibilidad de reforzar estos mecanismos mediante una adecuada reforma legal, “estos dos instrumentos tienen que ser mejorados y reforzados para poder realmente dar un impacto efectivo para la exigibilidad de los derechos de estas personas”.

Sobre el borrador del proyecto de ley dice que “son propuestas que están siendo evaluadas por la Comisión Asesora de Política Criminal y el Consejo Superior de Política Criminal. Estas dos instancias emiten recomendaciones, es decir, no son obligatorias de acatar, pero nuestro propósito es tomárnoslas muy en serio porque esa ha sido una de las recomendaciones que se ha tenido a lo largo de la historia frente a las reformas punitivas y que en otros gobiernos no se han tomado realmente en serio, lo que ha llevado a reformas que muchas veces han ocasionado distorsiones al sistema penal”. 

Finalmente, el viceministro reflexionó sobre el trato que como sociedad damos a las personas privadas de la libertad: “una sociedad se define en gran medida por cómo reacciona frente a las emergencias, a las crisis, a la delincuencia, a las personas que tienen alguna vulnerabilidad y si tenemos una sociedad que sencillamente desecha a las personas, pues ahí se va la suerte de los que estamos también en libertad, de los que no cometemos delitos, porque en estos casos se mide la altura de la dignidad de una sociedad. Qué tanta violencia está dispuesta a permitir una sociedad no se expresa solamente en el fenómeno del crimen, sino también en la respuesta al mismo”. 

De ser aprobado este proyecto se reformará el marco normativo del sistema penitenciario y carcelario; sin embargo, el Gobierno deberá afrontar el gran desafío de trabajar pedagógicamente no solo en la resocialización de las personas privadas de la libertad desde el sistema penitenciario, también en sensibilizar a la sociedad sobre las segundas oportunidades.

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