El relacionamiento comunitario en el sector minero

Milton Fernando Montoya (PhD)

Profesor titular de la Universidad Externado de Colombia

Socio director Montoya & Asociados

Uno de los aspectos más sensibles del debate electoral actual ha sido la discusión sobre el papel que jugará la minería en el próximo Gobierno Nacional. Algunos, con acierto, han defendido el rol de esta importante actividad en nuestra dinámica económica y otros la han descalificado planteando cierres y prohibiciones a renglones mineros estratégicos para nuestra economía, como ocurre con la industria del carbón.

En este discurso prohibicionista, planteado desde el desconocimiento y la estigmatización de la actividad, ha sido reiterado, entre otros, el argumento asociado a las relaciones permanentes de conflicto entre la industria minera y las comunidades y a una aparente ausencia de gestión y compromiso social por parte de las empresas. Sin embargo, esta es una visión, de lejos, limitada y simplista de una faceta fundamental de la industria minera conocida como relacionamiento comunitario o relacionamiento social.

Componente social y ambiental

En efecto, el punto de partida de la conversación sobre el relacionamiento comunitario en el sector minero es el reconocimiento de que, actualmente, el reto número uno de esta industria a nivel global, no solo de América Latina, es, precisamente, el componente social y ambiental, como lo acaba de publicar el último reporte anual de Ernst & Young[1] sobre riesgos y oportunidades de la industria minera (Mitchell, 2022).

Así, pues, hoy no es concebible, bajo ninguna óptica, el desarrollo de un proyecto minero, con independencia de su dimensión, sin una adecuada (y profesional) gestión social que les permita a las empresas mineras la construcción paulatina de relaciones de confianza con las comunidades aledañas a sus proyectos (Social Llicense to Operate), con una visión de sostenibilidad social no solo durante la ejecución del proyecto, sino también posterior a su cierre y abandono (post mine social sustainability). Incluso, es posible contemplar el escenario aspiracional de que sus trabajadores y/o grupos de interés comunitario se conviertan, por ejemplo, en socios o aliados estratégicos del respectivo proyecto minero, trascendiendo el objetivo meramente económico, para así agregar como objetivos impactos positivos asociados a la protección, la conservación y/o preservación ambiental y al bienestar social (empresas BIC). 

Política pública

Teniendo clara esta realidad, hay que destacar que, en Colombia, se han desarrollado instrumentos de política pública y regulatorios que pretenden aportar a esa construcción de relaciones de confianza en el relacionamiento comunitario minero (con independencia de los instrumentos de jerarquía legal que aún necesitamos). Así, pues, instrumentos como los planes de gestión social, la estrategia de desarrollo y relacionamiento territorial, los lineamientos de género para el sector minero-energético, la política y el abecé de debida diligencia en derechos humanos en el sector, el programa de relacionamiento con el territorio de la Agencia Nacional de Minería, sus procesos de concertación y las audiencias públicas evidencian ese esfuerzo de la institucionalidad en dotar al sector de herramientas que permitan implementar ese diálogo social previo, permanente, dinámico, transparente, bidireccional, técnico y responsable entre empresas y comunidades.

Sin embargo, este esfuerzo importante es necesario, mas no suficiente. Tampoco lo son los exigentes instrumentos de autorregulación (estándares y buenas prácticas) que, poco a poco, se van aplicando en la industria minera nacional (principalmente en la gran y mediana minería) y que también involucran el relacionamiento comunitario (towards sustainable mining -TSM-).

Talón de Aquiles

A nuestro modo de ver, en el caso colombiano, y siguiendo uno de los modelos teóricos de la licencia social para operar (A. Zhang y otros, 2015), nuestro talón de Aquiles para avanzar significativamente en el relacionamiento comunitario sigue siendo, en primer término, la “justicia distributiva” y, en segundo lugar, la “confianza en la gobernanza” del sector minero.

En efecto, los instrumentos de política pública y regulatorios anteriormente señalados, que contribuyen a que en el proceso de toma de decisión se tengan en cuenta las necesidades, las manifestaciones, las preocupaciones y el contexto de las comunidades desde diversas perspectivas, hacen parte del esfuerzo de la institucionalidad por fortalecer la “justicia procedimental” del sector. Este es un esfuerzo loable digno de reconocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de la percepción de las comunidades sobre la “justicia distributiva” del sector minero colombiano (a pesar de alguna mejoría en ciertos territorios mineros), aún hay mucho por avanzar. 

Así es. Como mensaje para el próximo Gobierno (ojalá alejado de rotundas posiciones prohibicionistas), consideramos que es necesario avanzar en agilizar y dotar de eficiencia los procesos mediante los cuales se definen y ejecutan las inversiones (en territorio) de los recursos provenientes de regalías e impuestos por la explotación de minerales. Ello es imperativo para que las comunidades vean materializados en realidades palpables y oportunas esos recursos que genera la actividad minera y no solamente en proyectos de infraestructura (vías, colegios, centros de salud, servicios públicos domiciliarios, etc.), sino también, por ejemplo, en procesos de formación (técnica, profesional, deportiva), en proyectos productivos locales con enfoque diferencial, en proyectos de conservación y protección ambiental, así como en proyectos turísticos, entre otros.

Lo anterior implica revisar la idoneidad de los mecanismos legales y regulatorios que fijan los procedimientos y requisitos sustanciales para ejecutar esos recursos, un esfuerzo importante en el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel local para la adecuada estructuración de los proyectos y, naturalmente, combatir la corrupción que, lamentablemente, puede permear la ejecución de estos recursos.        

En suma, si aspiramos a mejorar el proceso de relacionamiento comunitario en la industria minera, no solamente basta con fortalecer los instrumentos de justicia procedimental (participación y coordinación territorial), sino que también urge que las comunidades comiencen a percibir (en el ámbito local) un verdadero sentido de justicia en la inversión de los recursos derivados de la actividad minera. Así, desde el bienestar real, se puede avanzar en el proceso de aceptación de la industria minera y, consecuentemente, en la confianza en esta. Queda pendiente analizar el tema de la confianza en la gobernanza del sector, sobre la cual me referiré en otra oportunidad.