Ocho expertos proponen salidas a la crisis

A comienzos de mayo, ÁMBITO JURÍDICO reunió a ocho reconocidos expertos, para conversar sobre eventuales salidas a la crisis que afronta la justicia.

 

Juan Camilo Restrepo, abogado, economista y exministro; Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia y exconstituyente; Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ); Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo; Francisco Barbosa, Ph D en Derecho Público, abogado, historiador y profesor del Externado; Hernando Yepes Arcila, exministro y exconstituyente; José Miguel de la Calle, abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, y Carolina Villadiego, investigadora de Dejusticia y magistra en Derecho de la Universidad George Washington (EE UU), asistieron a la convocatoria de este medio de comunicación.

 

Por varias horas, el grupo de expertos discutió sobre la estructura y la administración de la Rama Judicial, la elección de magistrados de las altas cortes, la independencia judicial, el acceso a la justicia y la autonomía presupuestaria.

 

¿Cuál es la estructura ideal de la justicia? ¿Quién debería ejercer el Gobierno y la administración de la Rama Judicial?

Gloria María Borrero: Al Consejo Superior de la Judicatura hay que reformarlo, pero no suprimirlo. Tenemos la esperanza de que con un nuevo cuerpo directivo, que tenga otro tipo de perfil, podamos emprender la transformación que requiere la administración de justicia, porque con lo que hay, no lo vamos a lograr. Podemos resumir las grandes quejas en lo siguiente: perfiles inadecuados, falta de representatividad y confusión de funciones de gobierno y administración.

 

Carolina Villadiego: La estructura del Consejo Superior de la Judicatura tiene dos grandes problemas: (i) la confusión de funciones de gobierno y gerencia judicial en la Sala Administrativa y (ii) que se ejerce una independencia judicial corporativa, y no democrática. Ese es uno de los grandes problemas del Consejo, que es excesivamente corporativo. Desde nuestro punto de vista, ese órgano no debe responder a ningún tipo de intereses, ni siquiera de los jueces, sino que debe ser democrático, rendir cuentas. Creemos que debería haber un órgano con representación externa, pues la justicia no solo les interesa a los jueces, sino a todas las personas.

 

José Miguel de la Calle: Hay un tema que a mí me preocupa en este debate, y es poner el dedo en la llaga sobre la independencia judicial, lograr mayor eficiencia en el gobierno de la Rama Judicial. Me parece importante lo que dice Dejusticia sobre que la independencia no puede ser llevada al extremo de que no sea democrática, sino corporativa, y que los jueces gobiernen la Rama para ellos mismos, olvidando un elemento importante: que la justicia es un servicio público. Yo no quiero desconocer la independencia de la Rama Judicial, pero no puede ser una talanquera para que la justicia le sirva a la población, para que les resuelva los conflictos a los ciudadanos.

 

Juan Carlos Lancheros: A mí me gusta mucho el esquema del Banco de la República, con una Gerencia, una Junta Directiva y podríamos poner un comité asesor, pero que ningún integrante tenga el estatus de magistrado. Creo que habría que revaluar el tema de la responsabilidad política, y se debería pensar en llamar a cuentas al gerente, y no sé hasta qué punto a la Junta Directiva. Que les respondan a los ciudadanos afecta el tema de la independencia judicial. Ahora, este nuevo órgano no puede tener funciones judiciales, no debe resolver tutelas. Gran parte del choque de trenes ha sido por las funciones judiciales de la Sala Disciplinaria.

 

Hernando Yepes Arcila: La modificación del régimen de autogobierno judicial es inaplazable. El Consejo Superior de la Judicatura es un fracaso. Pero la creación de la Sala de Gobierno va a ser un objeto de abominación desde el comienzo. A quién que tenga un mínimo de sensatez se le ocurre que el autogobierno de la Rama Judicial se les entregue a las cabezas de las cortes, que son los que mayor grado de disfuncionalidad y distorsión han demostrado en los últimos años y, sobre todo, recientemente. Además, ¿cambiar ese órgano por una mesa de negociación sindical para el reclutamiento de magistrados?, no puedo concebir insensatez de mayor calado que esa. La Sala de Gobierno será la mayor fuente de trastorno y turbulencias del funcionamiento de la Rama Judicial y un mecanismo eficiente para conseguir la rebaja de los niveles de preparación de los magistrados de las cortes.

 

¿Cómo despolitizar la justicia  y desjudicializar la política?  ¿Quién debería elegir a los magistrados de los altos  tribunales? ¿Cómo garantizar  la independencia judicial?

Francisco Barbosa: El sistema de acceso a la Rama Judicial no permite que lleguen las mejores personas, sino personas con intereses notorios, que posteriormente tienen poder político para pasar al Congreso, sin ningún problema. Es necesario que exista un concurso de méritos con requisitos altos, ojalá con puntos de llegada y no de partida en la carrera judicial. Que la magistratura sea el punto de llegada de la vida profesional. Otro punto es el fuero: nunca el Estado colombiano había tenido tantos aforados. Hay 78 aforados, a los que hay que hacerles un antejuicio político. Una Constitución que se promociona como igualitaria, pluralista y que tiene un nivel de aforados tan grande obviamente nos pone a discutir cómo los desaforamos y los juzgamos.

 

Juan Carlos Esguerra: En materia de escogencia de jueces y magistrados, siempre fui partidario de la cooptación. Lo que hay hoy es calamitoso. Tenemos un Consejo Superior de la Judicatura vergonzoso, que salvo una o dos excepciones personales, carece de autoridad moral y de preparación para el ejercicio de sus tareas. El problema, en el fondo, es humano y cultural. Hay que despolitizar la justicia, y se dan pasos importantes cuando se le quitan funciones de postulación de candidatos a Procurador y Contralor. Eso es bueno, pero no suficiente. Ahora, desjudicializar la política: hasta cierto punto, porque lo volvimos todo judicial. El hecho de que a una audiencia de adjudicación de un contrato no solo vaya el interesado, sino el penalista, es preocupante. Es la judicialización, no de la política, sino de todos los negocios. Cualquiera que sea la fórmula para solucionar los problemas de la justicia, requiere analizar lo que está pasando en materia cultural, ética y humana.

 

José Miguel de la Calle: Creo que el problema de fondo no es la relación justicia-política. Hay políticos que han elegido buenos magistrados. Es bueno que se eliminen las funciones electorales de la justicia, todos estamos de acuerdo, pero me parece que el problema de fondo es el clientelismo. ¿Cuántas investigaciones tienen los congresistas en la justicia, lo cual sirve para amedrentar a los congresistas? ¿Cuántos familiares o amigos de congresistas hay nombrados en la Rama Judicial? Yo trabajaría en el móvil, en la causa que hace que no se escoja al mejor, porque es más rentable por la vía del clientelismo que por la del mérito.

Carolina Villadiego: Creo que el problema de la politización de la justicia es la clientelización a todo nivel, nacional y departamental. Sobre el tema de los fueros, el asunto no es que los magistrados no tengan control, es que quien ejerce el control no lo ha hecho. En este momento, la Comisión de Acusación de la Cámara tiene 3.178 procesos, de los cuales 868 son contra magistrados de las altas cortes. Pero no es claro cómo van, ni quiénes son. La historia colombiana ha demostrado que dejar en el Congreso el juzgamiento de altos funcionarios no es lo más exitoso. Lo que más ha funcionado es lo que podríamos llamar la “ordinarización” de la justicia en el caso de los altos funcionarios, es decir, que lo que da mejores resultados es lo que está a cargo de gente que sabe investigar y juzgar.

 

Gloria María Borrero: El diseño constitucional debería volver a insistir en que a las altas cortes llegue gente de carrera, para evitar la “corporatización”. Con respecto a los aforados, la CEJ ha sostenido que solo el Presidente y el Vicepresidente en funciones deberían estar cobijados por fuero. Creo que los magistrados deberían tener un juicio igual al de todos los colombianos. Desde luego, uno no podría llamarse a engaños y permitir que a un magistrado de una alta corte lo juzgue un juez municipal. Por eso, habría que pensar en un segundo nivel de aforados, con una estructura especial para el tema.

 

Juan Camilo Restrepo: Yo sacaría al Congreso de la República de todo lo que tiene que ver con juzgamientos y nombramientos, pues todo lo que pasa por el Congreso queda contaminado. Sencillamente, no funciona ni como postulante ni como elector. Quizás la respuesta a la pregunta de por qué el Banco de la República funciona y el Consejo Superior de la Judicatura no es que el Banco no tiene nada que ver con el Congreso. En cuanto al juzgamiento, mantendría el juicio político propiamente dicho al Presidente y el Vicepresidente, pero nada más. Y sin Comisión de Acusación, sino con plenarias y moción de censura, como a los ministros. Una proposición apoyada por un número plural de representantes y senadores, no más.

 

Hernando Yepes Arcila: En materia de reclutamiento de magistrados, el país ha ensayado todas las formas posibles, pasando por la única que funcionó medianamente bien: la cooptación. Resultaron unas cortes excelentes de 1957 a 1991, y ahora se usa una de las ideas más detestables: elegir a los magistrados por concurso de méritos. Se exigen altos niveles de preparación, pero lo más útil socialmente no es la suficiencia, sino una serie de atributos de hombres de Estado que sean capaces de asumir una función institucional de ese rango con espíritu propio. El mérito está implícito en todos los sistemas: todo el que tiene capacidad de nombrar sin ningún tipo de sujeción está llamado a un concurso de méritos capaz de convocar a la persona más calificada.

 

¿Qué soluciones se necesitan en materia de presupuesto para la Rama Judicial? ¿Cómo garantizar
recursos frescos para la justicia?

Juan Camilo Restrepo: No hay que mitificar demasiado el concepto de autonomía presupuestal, porque si eso sucede, se lleva a los extremos, termina generando una atomización de las cajas públicas que haría inmanejable el tema presupuestal. La teoría general del manejo presupuestal en el mundo va camino a eliminar esas cajas especiales para sectores privilegiados del presupuesto nacional. Crear un situado fiscal o una asignación autónoma para la Rama Judicial es inconveniente y nunca será aceptado por el Gobierno central, pues con ese mismo argumento, cualquier sector terminaría pidiendo dicho tratamiento, para tener caja propia.

La autonomía no es que la dirección nacional de presupuesto diga cuánto va, por ejemplo, para el juzgado de Amalfi (Antioquia). Tiene que ser una partida global que se apruebe en el presupuesto, postulada por el cuerpo administrativo de la justicia. Ahora, que esa partida sea suficiente para la justicia es otro tema, pues allí es donde la nueva autoridad que se cree debe tener un peso político frente al Estado, para la preparación presupuestal y la asignación de partidas necesarias.

 

Juan Carlos Lancheros: A mí lo que preocupa de este tema es que nadie rinde cuentas por el presupuesto de la Rama Judicial. Se radican informes todos los años en el Congreso, pero nadie se los lee, a nadie le importan. Creo que habría que reevaluar allí la responsabilidad política y se debería pensar en llamar a cuentas al gerente, según lo aprobado en equilibrio de poderes, y no sé hasta qué punto a toda la Junta Directiva, e incluir algún tipo de responsabilidad política, para que les respondan a los ciudadanos por el manejo apropiado de esos recursos.

 

José Miguel de la Calle: Yo creo que, preservando la autonomía de la Rama Judicial, se debería buscar una propuesta que permita que en la ubicación del grueso del presupuesto no intervenga el Gobierno, es decir, que no pueda decir “aquí va el cheque del principio de año”, y que, en ese sentido, hubiera un consejo mixto, encargado de la asignación de recursos con destinación específica, por ejemplo, para el trabajo de los mejores juzgados.

 

¿Cómo mejorar el acceso  a la justicia? ¿Qué reformas se requiere implementar en la acción de tutela?

Juan Carlos Esguerra: Aunque en millones de oportunidades la tutela ha acercado la justicia a los ciudadanos, no está sirviendo para el fin que se creó. Si bien son muchas más las cosas buenas que las malas, pienso que por el camino de la tutela contra providencias judiciales se ha trabado la administración de justicia de manera innecesaria, en un país con graves problemas de congestión. Es inaudito que los procesos terminen siendo de hasta siete instancias. Los abogados nos encargamos de “torcerle el cuello” a la tutela, para buscar un nuevo pronunciamiento judicial de un asunto que se perdió.

 

Vale la pena introducirle modificaciones, que no la afectarían en su esencia, pero le enderezarían el caminado y cumpliría su propósito fundamental: servir como instrumento de justicia cuando no existe otro. Se podría, por ejemplo, cuando se trate de un asunto judicial, incluir como causal del recurso la violación de un derecho fundamental y que, por esa vía, se obtenga un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

 

Gloria María Borrero: El sistema de justicia está cambiando de manera significativa, pero lo hemos hecho de forma desarticulada, sin pensar en el ciudadano; creamos un sistema más complejo, engorroso y se abre un nuevo capítulo para pensar en las fuentes del Derecho. Creo que se debe aprovechar más la tecnología, en el acceso a la justicia. Hay que cambiar la pirámide e invertir más en temas de prevención del conflicto, autocomposición y dejar el tema judicial como última instancia. Otro problema es que tenemos un gran porcentaje de la población que no está empoderada de sus derechos y, a la vez, un sistema muy complejo y una estructura centralizada que no responde a realidades territoriales.

 

Juan Carlos Lancheros: Insisto en el tema cultural. Creo que el país en general está mutando el sistema jurídico, en donde cada vez tiene más preponderancia la jurisprudencia constitucional. En la medida en que los ciudadanos conozcan sus derechos, pueden reclamarlos más fácilmente, sin necesidad de una acción de tutela ni de congestionar el sistema.

 

José Miguel de la Calle: Me parece que la reforma a la justicia más importante que se debe hacer es la del acceso, porque esta es una política fracasada. Hay muchas barreras para llegar a la justicia. La primera es la física, porque el juzgado queda muy lejos o es una cosa tenebrosa para el ciudadano, por el mismo lenguaje que se utiliza, siempre se requiere un abogado, la atención en baranda, etc. De alguna manera, hay una cultura de la demora intuitiva de todos los operadores para ahuyentar a los ávidos de justicia. Hay que mejorar el acceso físico, crear bancos de precedentes, garantizar la seguridad jurídica, modificar la selección de tutelas, entre otros temas.

 

Carolina Villadiego: El 70 % de las tutelas son de salud, petición y pensiones. Y la mayoría de órdenes de la Corte Constitucional repiten los temas. Entonces, parte de lo que se necesita es que las entidades accionadas hagan su trabajo, para que los ciudadanos no tengan que acudir a ella. Y frente al acceso a la justicia, existen dos puntos de la estructura que deben revisarse: (i) Horizontalización. Hay que optar por dejar esta forma tan piramidal y jerárquica heredada de sistemas inquisitivos, para fortalecer la primera instancia. (ii) Énfasis territorial. El país es muy centralista y la Rama Judicial, más. Hay que reevaluar las necesidades jurídicas en las regiones, porque son diferentes a las de la parte central.

 

Francisco Barbosa: Las encuestas muestran que 8 de cada 10 personas no creen en la justicia, lo que plantea un desafío grande, porque no solo la Rama Judicial, sino la administración pública ha puesto barreras en el ciudadano. Quiero llamar la atención respecto a que hay un tema fundamental: tenemos un proceso de paz en curso y, en la mesa de negociaciones, es probable que estos asuntos terminen siendo un punto central de discusión.

 

Hernando Yepes Arcila: La tutela necesita ser repristinada. Se requiere una reforma seria que acometa con rigor el estudio de la realidad del sistema judicial en Colombia, es decir, volverla a su origen y a la concepción que tiene en la Constitución, que implica muchas cosas que fueron modificadas. El desastroso “congresito” se encargó de dañar la concepción inicial de la tutela. Primero, la extendió a la protección de derechos que, aun siendo importantes, no tienen el rango de fundamentales. Y, segundo, creó salas para revisarlas, y terminó convirtiendo a la Corte Constitucional en una tercera instancia en esa materia.