La Procuraduría y la comunidad jurídica se movilizan

Carlos Mario Molina Betancur

Procurador 21 Judicial II para asuntos administrativos y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

Hace algunos meses viene concretándose en Colombia un acuerdo para impulsar las reformas que necesita la justicia. Dicho proyecto está siendo coordinado por Gilberto Blanco, procurador delegado para asuntos civiles, bajo el liderazgo del procurador Fernando Carrillo Flórez, acompañado por el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, y una gran parte de la comunidad jurídica, representada por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade).

 

En efecto, después de firmar el conocido Acuerdo Nacional para Impulsar las Reformas a la Justicia, el pasado 2 de julio, el Procurador General de la Nación citó en su despacho, dos meses después, a importantes representantes de la comunidad jurídica para exponerles su proyecto de Voz por la Justicia. Se trata de una consulta nacional que recogerá el sentir de toda la sociedad sobre lo que se piensa de una eventual reforma a la justicia. Este proyecto, financiado por la cooperación internacional, tendrá presencia en los 32 departamentos de Colombia, con reuniones regionales que abarcarán temas puntuales en torno a la justicia.

 

El primero de esos encuentros, con una asistencia de más de 500 personas, se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá, en cinco mesas de discusión: 1) acceso a la justicia, 2) celeridad, 3) infraestructura y tecnología, 4) confianza y ética pública y 5) trato igualitario ante la ley. Durante su instalación, el Procurador reafirmó que, no en vano, el comienzo de este proyecto se hizo en una ciudad donde se conmemoran los 200 años de la institucionalidad colombiana. Con la representación de la institucionalidad de la región (gobernador, alcalde, procurador regional, procuradores locales, estudiantes, asociaciones de facultades de Derecho, veedores, jueces y fiscales, medios de comunicación y representantes de los jueces y magistrados de todo el país) se da inicio al debate.

 

Según Fernando Carrillo Flórez, la Procuraduría promueve espacios para que se proponga una reforma a la justicia desde la base de la sociedad, sin discriminaciones ni representaciones, donde se expresen clara y directamente las necesidades de los ciudadanos.

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, en una encuesta realizada a más de 500.000 personas en el 2017, se pudo deducir que en nuestro país se presentaron 607.308 tutelas: el 10 % de los encuestados manifestó haber tenido una necesidad en justicia dos años atrás; el 60 % indicó no haber podido solucionar la necesidad jurídica, el 48 % acudió a una institución o a un particular, el 25 % llegó a un acuerdo pacífico y el 1,2 % recurrió a una acción violenta de tipo privado.

 

Para Carrillo, si se logró hacer un gran pacto por la justicia en 1991, este es el momento de recuperar la institucionalidad perdida y cerrar las brechas que se dejaron en la constituyente de 1991. Con esta primera convocatoria se espera la participación de 3.600 personas del sector público y privado y de la sociedad civil. La red de veedurías es un actor importante presente en el primer encuentro regional.

 

Las iniciativas se recogerán en un centro de consulta de participación y de la ética pública que recupere la legitimidad y la confianza en la justicia. Será una consulta abierta con presencia física y participación virtual en la plataforma Ciudadanía Digital. El uso de las redes sociales será fundamental para facilitar la participación de una parte representativa de nuestra sociedad. En este sentido, el Procurador considera que la experiencia mexicana en el sector educativo será una herramienta metodológica para hacer de esta consulta una verdadera voz por la justicia.

 

Algunas de las falencias estructurales son:

 

1. Limitaciones en el acceso a la justicia (solo el 65 % de las personas conocen sus derechos.

 

2. Interferencias en la independencia judicial.

 

3. Inseguridad jurídica.

 

4. Falta de efectividad y eficiencia.

 

5. Trato igualitario y confianza en la justicia.

 

Lo anterior responde a la línea escogida en cada mesa temática, y de ahí la importancia de consultar a la ciudadanía sobre las reformas que se necesitan. Ello permitirá, más adelante, analizar posibles reformas (constitucional, legal, reglamentaria, etc.).

Lo que busca la consulta

 

El objetivo principal de la gran consulta ciudadana para la reestructuración del sistema de justicia es elaborar una buena reforma a la justicia que conduzca a una paz duradera. Específicamente se pretende lograr:

 

1. Una sólida institucionalidad, más apropiada para la digitalización.

 

2. Mejor acceso a la justicia.

 

3. Mayor celeridad en tiempos procesales.

 

4. Una modernización en infraestructura y tecnología.

 

5. Más confianza en el sector justicia y el Derecho, así como seguridad jurídica, para lo cual se deben generar consensos, pues sin consensos no hay acuerdos y sin acuerdos no hay una reforma posible.

 

En este primer espacio de deliberación por la justicia se logró un ejercicio democrático poco visto en las discusiones importantes que necesita Colombia. Las deliberaciones públicas lograron reunir a más de 300 asistentes por cada mesa, quienes expusieron sus resultados frente a los participantes al evento, venidos de diferentes ciudades de todo el país, más los miles de cibernautas que lo seguían en redes sociales.

 

Entre las ponencias seleccionadas se escucharon solicitudes de acceso a la justicia de parte de los colectivos de derechos LGBTI, para tener una mejor y más rápida identidad de género en sus cédulas de ciudadanía, sin muchos papeleos ni discriminaciones. Otras intervenciones exigieron mayor celeridad, como las presentadas por el colectivo sindical de la justicia Asonal, que pidió no recortar los recursos de la justicia, cuyo monto este año está por debajo del billón de pesos. Para este colectivo, una verdadera reforma a la justicia comienza con un aumento en el presupuesto del sector, a fin de alcanzar una justicia pronta y efectiva. Por su parte, algunos estudiantes de Derecho expresaron la necesidad de promover la integridad, dados los constantes escándalos de corrupción publicados en la prensa colombiana. Por ello, los futuros juristas consideran que la justicia no solamente debe ser buena y efectiva, sino también íntegra y honesta. Esa es una reiterada solicitud de otros colectivos que ven con preocupación cómo se ha degradado la imagen de los jueces en los últimos años.

 

De otro lado, se escucharon intervenciones que reclaman un trato igualitario entre todos los usuarios del sistema judicial. Para la Gobernación de Boyacá, por ejemplo, la justicia también se fortalece desde los órganos de control.

 

Una verdadera reforma a la justicia involucra también a todo el Ministerio Público, por lo que se debe buscar su fortalecimiento, no solamente en toda la administración pública, sino también en la justicia. Además, se necesita con urgencia una jurisdicción constitucional para descongestionar la rama. Así mismo, se presentaron interesantes intervenciones para mejorar la infraestructura y la tecnología en el sector justicia, como optimizar la conectividad en todos los despachos judiciales, especialmente en las regiones más apartadas del país.

Con estas y otras intervenciones comienza una consulta nacional por la reforma a la justicia, que viene de las propuestas planteadas por los ciudadanos de forma directa y desinteresada. Las próximas reuniones tendrán lugar en Barranquilla, Pereira, Cali, Florencia, Medellín y Bogotá.

 

Las conclusiones generales de estos importantes ejercicios democráticos se conocerán en la página de la Procuraduría General de la Nación, que sin duda darán mucho de qué hablar, que es lo que finalmente pretende el proyecto. Esta iniciativa debe ser para todos un gran aliento de esperanza que exprese en últimas la voz ciudadana por la reforma a la justicia.