La necesaria reforma a las prácticas judiciales en Colombia

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo Acofade

Con más de 200.000 inscritos en el Registro Nacional de Abogados, y cerca de 100.000 tarjetas profesionales vigentes, la profesión de abogado es una de las desprestigiadas del país. Además, Colombia es uno de los países con mayor número de profesionales jurídicos (400 por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, es una profesión que no se identifica con la colaboración para la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, ni con la recta y cumplida administración de justicia.

Una reciente investigación realizada por Acofade y el Ministerio de Justicia arroja como conclusión la necesidad de reformar las prácticas jurídicas en las facultades de Derecho. Esto es justificable no solamente por la evidencia de que estas no están contribuyendo a la descongestión de la Rama Judicial, sino que la normativa no ha tenido en cuenta las grandes evoluciones del mundo y del país en dichas actividades.

La primera de ellas es la práctica normada por el Decreto 196 de 1971 (reformado por la Ley 583 del 2000), que involucra a los estudiantes de 7°, 8° , 9° y 10° semestre, o la realización de la práctica como estudiantes conciliadores guiados por un docente tutor. Cabe resaltar que en el marco de la ley, cada universidad plantea una reglamentación propia, como, por ejemplo, rotaciones por todas las áreas de consulta o la realización de un área específica por semestre académico. Y, sin excepción, todas contemplan brigadas jurídicas del consultorio jurídico en barrios desfavorecidos socialmente o en el marco de la proyección social, para cumplir lineamientos misionales en conjunto con otros programas académicos.

El nuevo aspecto lo presentan las prácticas jurídicas en el marco de convenios interinstitucionales o de litigio estratégico. El primero es más asociado a las necesidades planteadas por organizaciones o por la comunidad en el tema de participación ciudadana que a la asistencia de pobres.

El segundo es muy novedoso, desarrollado por algunas universidades, que constituye un ejemplo de litigio de alto impacto o litigio estratégico en red, en el que un conjunto de facultades de Derecho presenta, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad o se apersonan de un caso de interés general, que redunde en beneficio de la comunidad.

Cambios necesarios

El caso de las prácticas tradicionales es el que presenta graves problemas de adaptación a los nuevos tiempos y ameritaría una reforma. Una cantidad considerable de estudiantes encuestados considera que dichas prácticas son aburridas, impuestas y no le aportan mayor formación en su ejercicio profesional. Además, manifiesta que su plan de estudios no es coherente con la práctica, que sus conocimientos son insuficientes para las distintas áreas y que, en algunas, como en Penal y Laboral, falta mayor coherencia entre teoría y práctica, mayor competencia litigiosa y una mejor actualización temática. Igualmente, la mayoría de estudiantes considera que no todas las áreas del Derecho están comprendidas en la oferta y que necesitan una mayor posibilidad de prácticas.

Casi todos consideran que la práctica es muy importante en la formación. Sin embargo, los casos más emblemáticos y de mayor impacto que se conocen en los consultorios nunca son llevados a las aulas de clase, no ingresan a los planes de estudio y tampoco existe conexión con las líneas o grupos de investigación.

Igualmente, la gran mayoría coincide en que es necesario que la práctica se realice más temprano, para que aporte más a su formación. De otro lado, considera que estas se evalúan de manera cuantitativa. Consideran que la formación de la universidad es tradicionalista y que no se esfuerza por hacer cambios radicales para ingresar otras perspectivas a la práctica.

Por esto mismo, más de la mitad de los estudiantes cree que la universidad tiene una formación tradicional y coincide con la afirmación de que, en esta materia, se continúa privilegiando el litigio por encima de la reflexión, la atención social o la participación en conflictos para la atención a la población vulnerable, además que aquella no privilegia otros campos en los que pueden desempeñarse como practicantes: capacitación, clínica jurídica, globalización, consultoría, arbitraje, comercio exterior, etc.

Respecto a la investigación desde la práctica, la mayoría indica que esta no se incentiva por la universidad y, por tanto, perciben esto como una dificultad para su formación y para ejercer su rol de practicante. Los estudiantes consideran que las prácticas son apoyadas por profesionales de otras disciplinas.

Desde Acofade creemos que una adecuada reforma a la justicia debería comenzar por  revisar los contenidos de las prácticas jurídicas de las facultades de Derecho, para saber si desde estos escenarios se está haciendo lo necesario para la buena formación de los abogados y el buen funcionamiento de la justicia.