La importancia de regular la abogacía

De la lista de razones que podrían explicar la mala fama de los abogados, hay dos que salen a relucir cada vez que se debate la conveniencia de regular el ejercicio del Derecho: la cantidad de profesionales en ejercicio y la ausencia de un organismo que los vigile eficazmente.

Pero las propuestas planteadas en torno a ese tema se han agotado tratando de resolver si el control de la profesión justifica limitar las libertades de asociación y de elegir profesión u oficio.

Esa discusión ha sepultado las iniciativas de crear una colegiatura obligatoria y de controlar el número de abogados que egresan cada año de las facultades de Derecho.

El Proyecto de Ley 013/10 Senado, por el cual se reglamentan las colegiaturas de abogados en Colombia; la cantidad sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura y los miles de estudiantes inscritos en las facultades de Derecho deberían ser motivos suficientes para revivir la discusión, más aún cuando los escándalos de corrupción pusieron a la profesión, de nuevo, bajo la lupa de la opinión pública.

Educación jurídica

Carlos Mario Molina, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), cree que el Ministerio de Educación está en mora de verificar la calidad de los programas de Derecho. Acofade ha asumido la tarea respecto de sus integrantes, que actualmente son 73. Pero este organismo no puede vigilar las instituciones que no están asociadas.

Molina no es el único que alerta sobre la proliferación de programas de Derecho. Mauricio García, investigador de Dejusticia y coautor de la investigación Los abogados en Colombia llama la atención sobre el crecimiento de la oferta de estudios de pregrado que tuvo lugar entre 1993 y el 2001, después de que se expidió la Ley de Educación Superior. “Treinta y dos universidades ofrecían estudios de Derecho en 1993. En el 2001, el número ascendió a 63 y, en  2007, a 72. La población estudiantil, que en 1994 era de casi 36.000 estudiantes, pasó a cerca de 70.000 en los primeros años del siglo XXI”, precisa.

Además, destaca tres factores que caracterizaron el crecimiento de la oferta: fue esencialmente privado, estuvo acompañado de una importante expansión regional e incidió negativamente en la calidad educativa.

Hernando Torres, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cree que la tarea del Ministerio de Educación no se agota en autorizar y vigilar los programas universitarios. También debe revisarse la forma como se difunde la información jurídica.

Educar a la ciudadanía sobre las oportunidades que le brinda el sistema jurídico podría incidir positivamente en la percepción que se tiene de los abogados. Ese es un vacío que tendría que llenar el Estado, a través del Ministerio de Educación.

Ejercicio profesional

Las dificultades del esquema de educación jurídica podrían enmendarse con controles al ejercicio profesional de los abogados. Pero en ese ámbito también hay muchos puntos pendientes.

García advierte sobre la falta de filtros que restrinjan el ingreso de los abogados recién egresados al litigio. “Acá basta con tener un título para litigar. Como no hay examen de Estado ni colegiatura obligatoria, los posgrados hacen el papel de filtros informales. El problema es que se han vuelto un negocio de las universidades de Bogotá, Cali o Medellín, que no tiene ningún tipo de control de calidad”, indica.

Las iniciativas de crear una colegiatura única han sido bloqueadas por el temor de los abogados a ser juzgados por sus colegas y a que su ejercicio profesional termine supeditado al cumplimiento de trámites burocráticos y al pago de costos injustificados. Molina, sin embargo, opina que el mecanismo es conveniente, si se tiene en cuenta que las faltas disciplinarias cometidas por los abogados han desbordado la capacidad de la judicatura.

Torres admite que el Estado debe intervenir para asegurar que los litigantes cumplan unos requisitos mínimos de idoneidad. Pero también debe velar porque las condiciones para ejercer la profesión sean equitativas.

Por eso, descarta reprimir el ejercicio de la profesión. La exigencia de condiciones de idoneidad y la adopción de medidas destinadas a asegurar la calidad de vida de los abogados es, a su juicio, la vía para lograr un balance entre el derecho a ejercer una profesión y la garantía de acceso a una asesoría jurídica calificada.

García invita a abrir el debate: “No es una sorpresa hablar de crisis del Derecho en un país donde la justicia enfrenta desafíos enormes frente al aumento de la criminalidad organizada, y donde una educación legal heterogénea, dispersa territorialmente, capturada por intereses privados y de baja calidad se combina con una profesión de ejercicio prácticamente libre”. Lo sorpresivo, sostiene, es que se hable tan poco del tema.