La dispendiosa tarea de derogar lo inútil

 

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”. Esta máxima de Montesquieu, el célebre pensador político francés autor de El espíritu de las leyes (1748), resuena por estos días en el Capitolio y en el Palacio de Nariño.

 

A comienzos de mayo, en una sesión de los Acuerdos para la prosperidad, el presidente Juan Manuel Santos propuso que los congresistas se dedicaran un tiempo a derogar todas las leyes que, a pesar de ser obsoletas e inútiles, continúan vigentes.

 

“Ustedes están produciendo muchas leyes, y leyes muy importantes. Yo quiero reconocerles el trabajo que han venido haciendo en estos nueve meses (…). Pero miremos qué proyectos y leyes son obsoletos”, les dijo Santos a los legisladores.

 

Los presidentes de Senado y Cámara aceptaron la propuesta del mandatario. Sin embargo, en medio del agite propio de la aprobación de la agenda legislativa, en el remate de la pasada legislatura, el tema quedó aplazado.

 

Hace unos días, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que el Gobierno ha venido trabajando en la clasificación de leyes que, hoy, resultan inútiles. “Vamos a preparar un conjunto de iniciativas, ya no para aprobar nuevas leyes, sino para derogar todas aquellas que perdieron vigencia, que obstaculizan o que se contraponen, con el propósito de darle claridad a los colombianos de qué normas están vigentes y cuáles no”, explicó Vargas, en declaraciones a la prensa.

 

El jefe de la cartera del Interior afirmó que el Ejecutivo trabaja en la compilación de más de 20.000 leyes, para avanzar, por sectores, en la unificación de materias. Además, destacó la utilidad de que el Congreso se dedique un semestre “no a aprobar más leyes, sino a derogar y a clasificar la legislación que está vigente”.

 

En el Legislativo, por su parte, se radicó un proyecto de ley de simplificación normativa que, entre otras cosas, propone que el Ejecutivo tenga la obligación permanente de presentarle al Congreso proyectos de ley para derogar las normas “anacrónicas, improcedentes, contradictorias, incompletas, inexactas o redundantes”. Además, como en ocasiones anteriores, se ha llamado la atención sobre el caos jurídico que puede generar la proliferación de normas aprobadas: más de 150 por año.

 

Sumado a eso, un proyecto de reforma constitucional que les permitiría a las comisiones del Congreso revisar y hacer observaciones a los proyectos de normas reglamentarias de leyes recibió ponencia positiva para primer debate. De manera que el interés en racionalizar el ordenamiento es notorio. ¿Estará soplando el viento a favor, para llevar a puerto la propuesta?

 

El ambiente en el Congreso

La idea de derogar las leyes obsoletas y combatir la inflación legislativa no es un tema nuevo en el Congreso. Entre los años 2006 y 2009, dos proyectos de simplificación normativa hicieron trámite en Cámara y Senado, sin que lograran transformarse en ley, por vencimiento de términos.

 

El autor de esas iniciativas, el senador Carlos Ferro, aprovechó la invitación hecha por el presidente Santos, para insistir en su propuesta: “Es una tarea que se ha desarrollado en muchos países, que busca que el ciudadano pueda tener conocimiento de las normas que lo están rigiendo. Hemos vuelto a insistir en esta propuesta, porque la consideramos fundamental”, explicó.

 

La iniciativa plantea que la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia identifique las leyes y los decretos-leyes “anacrónicos, improcedentes, repetitivos, impropios, inocuos, contradictorios, incompletos e inexactos”, con el fin de hacer las precisiones necesarias o proceder a su derogatoria o compilación y sistematización temática.

 

Además, propone que la Rama Judicial, los órganos de control, la organización electoral y la academia se vinculen a este trabajo, mediante estudios e investigaciones que lo faciliten. Según Ferro, la idea es que, en un término de seis meses, se analice qué normas deben derogarse y, dentro de los 18 meses siguientes, se pueda llegar a depurar el ordenamiento.

 

Contrario a lo sugerido por el Gobierno, el senador no considera necesario que el Congreso se dedique exclusivamente a esta labor, pues, a su juicio, la posibilidad de seguir avanzando en el estudio, la aprobación y la aplicación de normas, que es su obligación constitucional, no puede cerrarse.

 

“La política del Gobierno es buscar que se pueda adelantar este tema de simplificación normativa. Esperamos que ellos conozcan la propuesta y la puedan respaldar y acompañar”, comenta Ferro.

 

Sin embargo, el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, no considera necesario tramitar una ley para adelantar trabajos de recopilación normativa. Esa tarea ya la ha venido adelantando el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de sus funciones.

 

El trabajo del Gobierno

Desde febrero del 2005, el Ejecutivo ha venido implementando el Sistema Único de Información Normativa, una base en la que se han incorporado más de 20.000 normas, proferidas desde 1886. El objetivo de esta labor es tener certeza sobre qué disposiciones están vigentes, para darles seguridad jurídica a los ciudadanos y facilitar su acceso a ellas.

 

Según Robledo, esta tarea es esencial, debido a la gran dispersión legislativa que existe en Colombia, producto de que se es muy juicioso al momento de hacer las leyes, pero no a la hora de determinar cuáles están derogadas, lo que les genera grandes dificultades a los intérpretes del Derecho.

 

“Estamos terminando de incorporar al sistema toda la normativa y la jurisprudencia sobre su constitucionalidad y legalidad. Una vez terminemos, entraremos a hacer el estudio de qué normas están vigentes y cuáles no, para recopilarlas en unos digestos, organizados por sectores, con el fin de presentarlos al Congreso”, explica el viceministro.

 

Los resultados de este trabajo no serán inmediatos. Aunque el avance que se registra es importante, el Gobierno cree que demandará unos años más. Además, determinar con exactitud qué normas están vigentes y cuáles no es una tarea delicada y dispendiosa, en la que se espera contar con el apoyo de expertos provenientes de la academia y de institutos especializados.

 

Ahora, que el Congreso deba dedicarse exclusivamente a la derogatoria de las normas es algo que, según Robledo, solo podrá saberse al final de este trabajo, cuando se determine con exactitud qué tan compleja resultaría esa labor.

 

Por el momento, las cosas parecen dadas para que la idea de depurar el ordenamiento jurídico por fin se materialice. De la sincronía que exista entre Gobierno y Congreso para emprender un trabajo ordenado y conjunto depende que sea realidad.

 

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Algunas normas obsoletas

 

• Ley 81 de 1886. Adopta como texto de lectura principal para las escuelas el libro Fábulas y verdades, de Rafael Pombo. Art. 1º. “... el Ministerio de Instrucción se reservará la facultad de revisarlo previamente; y si hubiere algunos pasajes que se consideren inconvenientes, Pombo los modificará con arreglo a las indicaciones del mencionado Ministerio, ó los suprimirá si esto prefiere. En la Parte relativa al dogma y á la moral cristiana el manuscrito se someterá previamente á la censura de la autoridad eclesiástica.”

 

• Ley 62 de 1887. Prohíbe la importación de chinos. Art. 4º. “Prohíbese la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas Compañías antes de la expedición de la presente ley”.

 

• Ley 89 de 1890. Aunque el artículo relacionado con el tema fue declarado inexequible, el enunciado de la ley todavía dice: “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”.

 

 

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El ejemplo de otras naciones