Justicia en jaque: ¿cómo recuperar la credibilidad?

 

Catalina Albornoz de la Cuesta

catalina.albornozdelacuesta@legis.com.co

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

El más reciente escándalo de corrupción que afronta la justicia, surgido en la Corte Constitucional, ha ensombrecido la percepción de la opinión pública sobre la corporación judicial que, tradicionalmente, ha tenido los mayores índices de aceptación entre los ciudadanos. Los señalamientos de corrupción hacia uno de sus magistrados parecen primar sobre los 23 años de progresismo, evolución jurisprudencial y garantismo que han caracterizado a ese tribunal.

 

Pero el efecto de la crisis no para allí: para todo el aparato judicial, estos eventos han representado un duro golpe sobre su ya deteriorado prestigio. En el imaginario colectivo se ha instaurado la premisa de que si hechos así ocurren en las altas cortes, en otras instancias de la rama no puede ocurrir algo diferente.

 

Por eso, más allá de la crisis, el escenario resulta propicio para promover un debate con el fin de encontrar fórmulas que permitan recuperar la credibilidad en la justicia colombiana.

 

Con este objetivo, ÁMBITO JURÍDICO consultó la opinión de expertos que analizaron cómo se ha visto afectada la imagen de la Corte y de la Rama Judicial en general, y, con base en ese diagnóstico, señalaron posibles alternativas para sacar del jaque a la administración de justicia.

 

Efecto dominó

Según Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, la última encuesta de Gallup revela que la opinión desfavorable sobre la Corte Constitucional superó el 80 %. A su juicio, esto ha contribuido, en gran medida, al “deterioro de la credibilidad de la justicia en general, ya afectada por la ineficiencia, la lentitud y la falta de seguridad jurídica”.

 

El constitucionalista Juan Manuel Charry comparte este planteamiento. En su opinión, el escándalo de corrupción ahonda la crisis y afecta aún más a quienes imparten justicia, configurando, de esta manera, “una de las más agudas situaciones de la historia reciente de la Rama Judicial”.

 

José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, afirma que el prestigio de la Rama Judicial viene siendo afectado desde hace un tiempo, hasta el punto de haber caído “a niveles jamás pensados” en los sondeos sobre el grado de aceptación de los colombianos.

 

En su criterio, con el escándalo en la Corte Constitucional “las cosas han empeorado ostensiblemente”. Y aunque sostiene que no se puede generalizar, reconoce que jueces y magistrados han perdido la credibilidad, el respeto y la confianza de los ciudadanos.

 

Por su parte, José Alejandro Bonivento, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que cuando se habla de corrupción en la rama, esa sola noticia causa un gran impacto en la opinión pública y da pie para que todo lo malo que se diga perjudique al aparato de judicial.

 

No obstante, cree que lo acaecido en la Corte Constitucional “no puede condenar al ostracismo a una institución que ha dado muestra, por tantos años, de ser una corporación de alto contenido jurídico y profesional”.

 

Una posición similar tiene el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Hernando Torres, quien asegura que aunque el escándalo “golpea la credibilidad y confianza de un tribunal reconocido por ejercer un liderazgo en la protección y garantía de los derechos fundamentales, no por ello debe ponerse en duda la labor de los más de 27.000 servidores ubicados en todos los rincones del país que se consagran diariamente al trabajo honesto en favor de sus conciudadanos”.

 

Reformas

Los debates en torno a los problemas de coyuntura, por lo general, tienden a concluir en la necesidad de buscar soluciones a través de reformas legales. Sin embargo, en esta oportunidad, la crisis se suscitó en medio del trámite de la reforma constitucional de equilibrio de poderes y ajuste institucional propuesta por el Gobierno.

 

En esa medida, es necesario analizar si los 37 artículos conciliados de la propuesta incluyen alguna modificación a mecanismos que, hoy, facilitan la ocurrencia de casos de corrupción en la Rama Judicial.

 

Para Bonivento, la reforma no arregla estos temas. En su criterio, los asuntos políticos no deben ser mezclados con los judiciales, porque “empañan el espejo de la virtud de la justicia”. Incluso, indicó que el aparato judicial es el órgano que sale peor librado de la redistribución de funciones prevista en el acto legislativo.

 

Hernández tiene una opinión similar. El exmagistrado sostiene que con el proyecto actual, “apenas se produce un cambio de nombres, más no de sistema”, y considera que poner a la justicia a depender de lo político no logra evitar más casos de descomposición.

 

Igualmente, Charry aduce que las reformas jurídicas no son suficientes para evitar este tipo de problemas, aunque destaca que la falta de controles efectivos sobre los altos magistrados ha incidido en el aumento de la corrupción. No obstante, acepta que los procedimientos que propician las desviaciones y perversiones “sí merecen ser objeto de reforma, de suerte que se haga más difícil la comisión de ilicitudes”.

 

En este sentido, Borrero afirma que la reforma solo servirá para renovar un órgano de gobierno de la administración de justicia que, espera, “sea integrado por personas competentes y con la prioridad de formular una política anticorrupción en la Rama Judicial”. Las propias cortes, sin esperar una reforma, “pueden aprobar normas de transparencia, de autorregulación y deben aplicar los principios de gobierno abierto”, agregó.

 

A su vez, Torres manifiesta que una reforma a la justicia debería tocar más la organización de los aparatos estatales de justicia y el sistema normativo, toda vez que “el sistema judicial colombiano es insuficiente en oportunidad, prontitud, cumplimiento de términos y cercanía al ciudadano”.

 

Así mismo, resalta que las reformas actuales son de estructura de poderes, con lo que difícilmente se satisfacen las expectativas de los ciudadanos. Por eso, reitera que “deberían dirigirse a los problemas derivados del acceso a la justicia, como la congestión, las limitaciones en la investigación y al desarrollo de inteligencia y tiempos procesales”.

 

Las soluciones

Los expertos coinciden en que los grandes problemas los hacen los hombres y no las instituciones, en cuanto las equivocaciones son humanas. Por eso, sus propuestas para la recuperación del prestigio judicial se encaminan a reforzar los requisitos de acceso de quienes ostentan la dignidad de impartir justicia y modificar su forma de elección.

 

Hernández, por ejemplo, hace un llamado para volver a los valores y a la aplicación de principios. Este jurista propone “elegir a magistrados y jueces a través de un verdadero concurso de méritos, en donde se evalúe la formación académica y jurídica, la experiencia, rectitud, honestidad, independencia, ética y vocación de trabajo, por encima de las relaciones públicas”. 

 

En esta misma línea, Bonivento plantea la realización de “una gran convocatoria pública, para extender el llamado a los profesionales del Derecho que, ajenos a intereses políticos, cumplan a cabalidad con cada uno de los requisitos”. Igualmente, es partidario de conformar una misión para encargarles a unas personas estudiosas el análisis del estado de cosas judiciales, e inclusive, la búsqueda de la verdad social.

 

Por otro lado, Torres sugiere la adopción de una política judicial que integre los tres  poderes públicos, leyes y recursos, con el fin de “fortalecer la dignidad e independencia de los jueces, para que queden libres de intereses políticos y de presiones económicas”. Además, considera necesario mejorar las condiciones de los servidores y elevar los requisitos de selección y formación.

 

Borrero insiste en que la vía es resolver los principales problemas de la rama: demora, inseguridad jurídica, fallas en la calidad de las decisiones judiciales, barreras de acceso y falta de rigorismo y de mérito en la selección de los jueces, lo cual, considera, “solo se logra a mediano y largo plazo, con voluntad política y constancia en el desarrollo de las estrategias”.

 

Finalmente, Charry le apunta a una “seria y profunda reforma a la justicia que evite su politización, que sustraiga los asuntos políticos de los controles judiciales, que evite los choques de trenes, que solucione la descongestión, que baje las altas tasas de impunidad y que haga de los jueces y magistrados modelos de comportamiento ético para la sociedad”.

 

 

Respetabilidad de los jueces

 

En septiembre de 1998, Jose Alejandro Bonivento, ostentando el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, publicó un informe titulado La justicia, compromiso de todos.

 

La suma de acontecimientos que han puesto en jaque el prestigio de la justicia hace pertinente recordar una de las proclamaciones allí contenidas:

 

“Sin lugar a dudas el juez ocupa un espacio vital activo en la sociedad. Es el mejor intérprete y realizador de la justicia. Su sometimiento resulta innegable al imperio de la ley y toda esa fuerza rectora obliga a que las decisiones sean justas, que emanen del que tiene fundamento y sustento de idoneidad, honestidad, capacidad para hacerlo y pronunciarlas. Es que la justicia es un valor de contenido justo y bandera vigoriza de preservación del orden social.

 

El juez jamás debe beber el veneno embriagador del poder, debe saborear la fuente de la humildad y del saber y ser siempre digno”.