Fiscalía General de la Nación: un relevo cargado de retos

 

Por: Manolo Villota Benítez

Redactor Ámbito Jurídico

En Twitter: @MVTEZ

 

Creada gracias a la Constitución Política de 1991, en medio de un momento histórico lleno de tribulación, la Fiscalía General de la Nación fue encargada como la responsable de la investigación penal en el país. Hoy, se erige como uno de los pilares que permite el funcionamiento del Estado social de derecho colombiano. Su accionar durante más de veinte años ha permitido el esclarecimiento de muchos actos ilícitos, pero también ha estado en medio de polémicas.

 

En ese orden de ideas, es natural que la elección de un nuevo Fiscal General esté bajo la lupa de la opinión pública, la clase dirigente y los medios de comunicación. Ser el número uno de esta corporación tan visible no es tarea fácil en uno de los países más violentos de la región y que, actualmente, atraviesa un momento clave por cuenta de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana (Cuba). Quien asuma las riendas del ente inevitablemente será uno de los protagonistas de la escena nacional.

 

La actual cabeza de este organismo, Eduardo Montealegre, llegó luego de la salida de Viviane Morales, a quien muchos destacan por haber “pisado” bastantes callos durante su ejercicio. Aunque Montealegre ha sido muy visible en los medios de comunicación, su gestión, a punto de finalizar, también ha estado tapizada de blancos y negros, dejando tras de sí logros, pero también metas que deberá asumir su sucesor.

 

Los logros

 

Cada vez que una etapa termina, es inevitable someter a la balanza los acontecimientos y las acciones llevadas a cabo durante la misma. Así, en el caso de esta Fiscalía, expertos coinciden en que se hizo un buen trabajo en varios frentes.

En principio, se destaca haber logrado incluir en la investigación el enfoque de la macrocriminalidad. Con el cambio de la metodología que aplican los fiscales, se vio una modernización real de la entidad. De este modo, hubo un cambio en la perspectiva y la forma de atacar el delito; en lugar de perseguir a los pequeños delincuentes, se buscó arremeter contras las grandes organizaciones para desarticularlas.

 

Aunque, como explica el ex vicefiscal general de la Nación Wilson Alejandro Martínez, esta implementación es “imperceptible para el ciudadano de a pie”, lo cierto es que permitió tener un mejor acercamiento y una visión más amplia de casos históricos de delincuencia de las autodefensas y la guerrilla. Un ejemplo se dio a finales del 2015, cuando se realizó una macroimputación a miembros de bloques de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, como el Centauros o Elmer Cárdenas.

 

Otro paso importante se dio con ocasión de la Ley 1615 del 2013, gracias a la cual se creó el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía. La norma, luego de mucho tiempo, permitió disponer correctamente de los elementos afectados por los procesos penales. El texto clasifica los bienes y también crea un registro para tabular la información. Esta medida permitió disponer de objetos como vehículos que se almacenaban por años en los parqueaderos, sin que nadie pudiera definir su situación.

 

También se destaca la creación del Código de Extinción de Dominio, que suministró coherencia al ordenamiento jurídico en esta materia, dando paso a un auténtico sistema de normas que regule esta figura. El nacimiento de unidades como la Policía Judicial Económico Financiera para perseguir a la delincuencia empresarial y corporativa fue otro avance de esta administración.

 

En la lista de aciertos también aparece la implementación del Comité de Priorización de Situaciones y Casos, que permitió agilizar el manejo de los delitos por importancia, ayudando a que se resuelvan más rápido. Se trata de un programa para descongestionar los procesos atrasados del antiguo sistema procesal y que, a través de la iniciativa Futuro Colombia, contribuyó a la prevención del delito con acciones concretas en alrededor de 24 seccionales del país.

 

Deudas pendientes

 

Por otro lado, existe una serie de situaciones que en el transcurso de los años, generaron críticas y hoy son fuente de reproche en quienes han seguido minuciosamente la gestión de  la actual Fiscalía.

 

En primer lugar, se continúa hablando del gran problema de la justicia y que, aunque pasen los años y las reformas sigan apareciendo, parece nunca terminar: la congestión. En el caso concreto del ente acusador, se cree que la cantidad de casos que actualmente se encuentran  represados y que están cubiertos por el actual sistema es enorme, como lo comenta el exvicefiscal general Francisco José Sintura Varela.

 

“Muchos de estos casos apenas tuvieron mínimas actividades de policía judicial. La Fiscalía deja una crecida y costosa burocracia producto de una reforma administrativa mal enfocada y cuyos costos pagarán los impuestos por largos años”, afirma Sintura.

 

Aunque otros especialistas, como el ex fiscal general Mario Iguarán, aseveran que el tema de la congestión es algo recurrente en cada administración, “todas las administraciones y el Fiscal General de turno quedan con pronunciamientos pendientes, pues los términos procesales obviamente no coinciden con el fin de su periodo”, asegura este experto, quien añade que quedaron en el tintero procesos contra funcionarios que promovieron falsos testigos.

 

El tema de la reestructuración de la entidad también ha sido objeto de crítica y es vista como una materia pendiente. Se ha dicho que no hay una notoria mejoría en la corporación, pues se percibe que aún las funciones no están bien definidas entre los servidores y en ocasiones pueden llegar a duplicarse.

 

Desafíos

 

Los desafíos rozan bastante con las críticas, ya que muchos entienden estos como aquello que el saliente funcionario no pudo conseguir. Entre las tareas pendientes que se quedaron en el tintero, probablemente la más importante sea la relativa al tema de paz y posconflicto.

 

Es así como quien sea designado en el puesto tendrá que encarar un dispendioso proceso para instaurar la justicia transicional en Colombia. “El gran desafío del próximo fiscal será estar pendiente de la creación de un marco normativo adecuado para la implementación de los acuerdos, y terminar los procesos de Justicia y Paz”, afirma Martínez.

 

Otro aspecto que ha generado debate es la necesidad de reformar la Ley 906 del 2004, que implantó la oralidad en los procesos penales. Esta normativa, que ha sido objeto de múltiples modificaciones y críticas desde su creación, se culpa de ser una de las principales razones por las que el sistema está a punto de colapsar.

 

Actualmente, cursa en el Congreso una reforma impulsada por Montealegre. El Proyecto de Ley 021/15C contempla, entre otras modificaciones, cambios en las audiencias, en los términos procesales, en la forma de hacer acuerdos por parte de la Fiscalía y un procedimiento especial para bandas criminales. La iniciativa se alista para segundo debate en la Cámara de Representantes. Para el abogado penalista Francisco Bernate, “esta reforma es una promesa que no se pudo cumplir”.

 

Sin embargo, aunque todos los expertos coinciden en este punto, varios aseveran que el tema con la oralidad no solo se reduce a la labor de la Fiscalía, sino a un trabajo conjunto que se debe articular con la Rama Ejecutiva, específicamente con el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, pues no es un secreto que las leyes para su nacimiento necesitan, aparte del debate, un gran impulso político.

 

Entre otras expectativas, también está la necesidad de reorganizar la burocracia interna de la entidad, en la que se podrían hacer necesarias la eliminación de algunas plazas en el exterior, la unificación de la Policía Nacional Judicial y el CTI, además de un fortalecimiento de su planta de personal para atenuar la fuerte carga laboral a las que se ven sometidas.

 

Lo cierto es que desde ya, todas las miradas se ciernen sobre la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra. Sin importar cuál sea el elegido, la ciudadanía y el entorno jurídico esperan que, por el bien del Estado, quien asuma el mando del ente investigador  lo haga con el compromiso y la eficiencia de un buen líder.