¿Demasiados abogados?

Han pasado 40 años desde que el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, consagrado en el Decreto 196 de 1971, les asignó a los abogados la misión de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

Sin embargo, hoy son pocos los colombianos que identifican a estos profesionales con la función social que les atribuyó esa norma: la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

La lista de adjetivos utilizados para descalificar a los abogados es interminable. Y no es raro que sean los protagonistas de centenares de chistes y anécdotas que los caricaturizan.

Pero criticar a los profesionales del Derecho no es, precisamente, un deporte nacional. La mala fama que los acompaña es un fenómeno mundial que no tiene nada de enigmático. Está relacionada con los límites morales que enfrentan en su labor de defensa de los derechos de los ciudadanos y con las suspicacias que despiertan como detentadores del monopolio de la información necesaria para hacerlos efectivos.

La Corte Constitucional ha explicado que la tarea de los abogados no es eminentemente técnica: “Suele desarrollarse en el campo de la moral y de la ética, que es su escenario natural, y donde radica su poca estimación y su honra o nobleza”.

Lo cierto es que los argumentos para combatir el estigma se están acabando. El rol que tuvieron los abogados en los escándalos de corrupción revelados este año, como gestores, en muchos casos, de la infinidad de triquiñuelas jurídicas diseñadas y ejecutadas para defraudar al Estado, se convirtió en un nuevo pretexto para examinar la necesidad de regular el ejercicio de la profesión y de limitar el número de graduados que, año a año, egresan de las facultades de Derecho.

¿Cuestión de números?

La sobreoferta de abogados podría ser, de hecho, uno de los factores que ha contribuido a profundizar la aprensión que existe hacia la profesión jurídica. Eso explica por qué en los países en los que la proporción de abogados por habitantes es más alta, como EE UU y Brasil, se discute constantemente sobre los efectos perversos que un número elevado de litigantes genera en términos de litigios, costos económicos y eficiencia de la administración de justicia.

Con una tasa de 438 abogados por cada 100.000 habitantes, Colombia ya hace parte del club. Por eso, el calificativo de “república de tinterillos” con el que Alejandro Gaviria, en una columna de El Espectador, bautizó al país, no suena tan desatinado. Más allá de lo despectivo del término, Gaviria acertó en una cosa: hay una cantidad notable de abogados dedicados a abusar de tutelas, incisos, fueros y jurisprudencia con el único propósito de acumular rentas.

¿Limitar el número de abogados en ejercicio reducirá la ejecución de esas conductas? La cuestión no es tan simple. A principios de siglo, Piero Calamandrei lanzó una propuesta  en ese sentido, al publicar Demasiados abogados, una crítica a la decadencia intelectual y moral que padeció la profesión jurídica en Italia durante esa época. Pero la idea de restringir el acceso a las facultades de Derecho no estuvo entre sus cuentas.

Bajo la premisa de que el exceso de abogados conduciría a la decadencia cualitativa de la profesión, Calamandrei defendió, más bien, la necesidad de regularla. Y explicó cuál es el papel que el Estado debe cumplir en ese sentido: “Impedir que se forme aquella excesiva muchedumbre de abogados sin pleitos, los cuales, puestos en la dura necesidad de escoger entre el honor y la ganancia, con frecuencia se sienten obligados a olvidarse del primero”.

Con 201.715 inscritos en el Registro Nacional de Abogados, 137 programas de pregrado en Derecho acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional y un promedio de 10.000 tarjetas profesionales expedidas durante los últimos años (ver El panorama actual del ejercicio de la abogacía), no parece tan descabellado explicar los orígenes de la mala reputación de la profesión en términos cuantitativos.

¿Cómo solucionar esa situación? La respuesta no está, claramente, en restringir el estudio ni el ejercicio de la abogacía. La vigilancia de los estándares de calidad de las facultades de Derecho y el control del desempeño de quienes la practican hacen parte del catálogo de propuestas que se han examinado durante los últimos años.

Ahora, el reto es pasar de la teoría a la práctica. Mientras tanto, no habrá manera de evitar que los abogados sean los primeros candidatos a ocupar el banquillo de los acusados en los episodios de fraude y corrupción que, de un tiempo para acá, son el pan nuestro de cada día.