¿Cuánto tiempo se necesita para una adecuada formación del abogado?

Jesús Hernando Álvarez Mora

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre

Es una pregunta difícil de responder, pero sobre lo cual sería bueno reflexionar: ¿Qué tiempo se necesita para la adecuada formación jurídica? Si bien es cierto que todos los programas de educación superior deben estar estructurados en créditos como medida del trabajo académico del estudiante para facilitar la movilidad nacional e internacional, también lo es que no hay un estándar en cuanto al número para desarrollar un plan de estudios.

En cuanto a los programas de Derecho se refiere, hasta el año 2002, se ofertaban por periodos académicos, regularmente en cinco años o 10 semestres, con la excepción de seis años o 12 semestres para la franja nocturna que rigió durante un tiempo.

Ahora, aun cuando persiste la modalidad de periodos académicos en algunas instituciones de educación superior, bajo el amparo de créditos académicos y la flexibilidad curricular, la oferta de los programas de Derecho en pregrado es dispar temporalmente hablando: oscilan entre dos años y medio a cinco años o más, dependiendo de los requisitos de grado, como la judicatura o trabajo de investigación y preparatorios.   

Como he tenido ocasión de reflexionar en el contexto de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), el panorama de la justicia en Colombia es muy complejo con tendencia al pesimismo radical. El país tiene en cuidados intensivos el principal bastión de la democracia: la justicia.

Para enfrentar la crisis, se vienen proponiendo, generalmente, dos soluciones: reformar la administración de justicia y evaluar o revaluar la formación jurídica. En cuanto a lo primero, en los últimos 24 años, teniendo como referente la Constitución de 1991, no hemos hecho otra cosa que reformar la administración de justicia y parece que no hemos avanzado mayormente.

En cuanto a lo segundo, bien podemos admitir la tesis según la cual los problemas de la justicia son tan de fondo y estructurales que no puede estar en nuestras manos superar tan robustas dificultades. Empero, los responsables de los procesos académicos en las escuelas de Derecho podemos reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano en la formación jurídica y el tiempo dedicado al estudio para obtener el grado de abogado, o sea, las competencias necesarias. 

Fallas en la formación

En este ejercicio, en primer lugar, es probable escuchar voces en el sentido de que todo tiempo pasado fue mejor, pues se dedicaban cinco o seis años para agotar el programa, además de superar otros requisitos. Entonces vienen dos preguntas: de un lado, ¿qué falló? si es que los abogados, en parte, tenemos culpa en la crisis de la administración de justicia y la profesión, con frecuencia, es objeto de críticas. Y, del otro, ¿cómo será el futuro si parece ser que ahora dedicamos menos tiempo de trabajo académico para la formación jurídica? No hay respuesta que satisfaga.

Claro, si la justicia está en crisis y la profesión marchita, debemos inferir, apriorísticamente, que hemos fallado en la formación jurídica, pues al mirar el fenómeno desde la arista del profesional del Derecho, no se está evaluando al recién egresado ni mucho menos al estudiante, sino a profesionales del Derecho que recibieron el título hace años e, inclusive, décadas.

También se nos dirá que las cosas andan mal en las escuelas de Derecho y que debemos cambiar de paradigmas; vivimos en otros contextos influenciados por la globalización y los desarrollos tecnológicos; debemos superar la clase magistral; enseñar y evaluar por competencias; abolir el memorismo; tener un currículo flexible; formar integralmente, o sea, con componentes interdisciplinarios; incorporar en nuestro currículo el método del caso al igual que el aprendizaje basado en problemas; mejorar las prácticas jurídicas; ser más razonables en la distribución del tiempo académico dedicado a la teoría y a la práctica; tener un plan de estudios en créditos académicos; cualificar la planta docente; tener mayor dedicación docente, movilidad internacional, investigación y publicaciones; incorporar la tecnología a la docencia, en fin, todo lo que se nos exige y lo que las universidades en su autonomía consideran relevante para la formación jurídica.

Sobre esto último, bien podemos responder que eso lo estamos haciendo y, como evidencia, mostramos los registros calificados y, según el caso, las acreditaciones en alta calidad.

Entonces se nos dice que hay dudas. Que quizá no estamos honrando los registros calificados y las acreditaciones, no obstante que la profesión del Derecho en su formación es una de las más regladas del país. Se nos dice que el Estado va a exigir exámenes habilitantes para poder ejercer la profesión en razón a que hay crisis en la administración de justicia, que hay proliferación de programas y universidades que no desarrollan un exigente papel. Inclusive, que es menester crear una superintendencia -no solo para Derecho, desde luego- para que se ejerza de manera más eficaz la inspección y vigilancia.

Así las cosas, surgen, como mínimo, dos preguntas: ¿cómo alcanzar un consenso, si es menester, sobre el tiempo dedicado a la formación jurídica para obtener el título de abogado? y ¿cómo lograr que todos los programas que se ofertan en el país exijan una calidad académica semejante en la seguridad de formar abogados con altas competencias disciplinares y éticas?

Los responsables de las escuelas de Derecho podemos hacer un mayor esfuerzo para evitar la vergüenza de tener egresados con título, pero sin poder ejercer la profesión por carencia de competencias. Lo mismo puede ocurrir, si se aprueba un examen habilitante, que ojalá no ocurra, y tengamos abogados con título, pero sin posibilidad de ejercer la profesión.

La mejor manera de honrar la autonomía universitaria y de prestarle un eficaz servicio al país en el ámbito jurídico es dejar de correr y exigirnos al máximo.