Las cifras del aborto

 

Desde el 2005, cuando un grupo de ciudadanos demandó los artículos del Código Penal que tipifican el aborto, se revivió el debate sobre este tema, suspendido por años en el país.

 

El posterior fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres circunstancias especiales alimentó más la discusión. A partir de entonces, se han presentado decenas de debates jurídicos, médicos, sociológicos y religiosos, entre otros.

 

Curiosamente, todos los escenarios carecían de algo fundamental: cifras. En efecto, en 1989, se realizó la última investigación sobre el aborto en Colombia. Desde entonces, no se había publicado ningún estudio al respecto.

 

El pasado 7 de septiembre, el Guttmacher Institute, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York (EE UU), presentó una investigación sobre el aborto en Colombia, que recopila datos del 2008.

 

¿Cuántos abortos inducidos se realizan al año en Colombia? ¿Cuántos se efectuaron en aplicación de la Sentencia C-355 del 2006, que despenalizó parcialmente la IVE?, ¿En qué regiones del país se presentan las mayores tasas de aborto? ¿Cuántas instituciones prestadoras de salud ofrecen el servicio acatando el fallo judicial?

 

Los datos

De acuerdo con el informe Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias, del Guttmacher Institute, en el mundo se realizan 20 millones de abortos al año. De estos, cuatro millones se practican en Latinoamérica.

 

En Colombia, se presentaron 400.412 abortos inducidos en el 2008. Esto quiere decir que una de cada 26 mujeres del país en edad reproductiva tuvo un aborto. En 1989, hubo 288.400 abortos. El aumento se explica, especialmente, por un mayor número de mujeres en edad reproductiva.

 

A pesar de que en el 2008 ya se había proferido la sentencia que despenalizó parcialmente el aborto, tan solo 322 mujeres se practicaron la IVE ese año siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional. Esta cifra corresponde al 0,08% del total de abortos.

 

En comparación con España e Inglaterra, por ejemplo, que tienen una legislación parecida a la colombiana, esta cifra es insignificante, pues se estima que en esos países, se practican entre 150.000 y 200.000 abortos legales cada año.

 

La tasa de abortos, según el estudio, se ha mantenido relativamente constante: en 1989, era de 36 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, comparada con 39 por cada 1.000 mujeres en el 2008.

 

Se estima que la mitad de los abortos en Colombia son inducidos mediante el uso del misoprostol, un medicamento que, precisamente, ha generado todo tipo de controversias en el país, relacionadas con su posible inclusión en el plan obligatorio de salud.

 

El estudio también muestra que el 33% de las mujeres que tiene abortos clandestinos sufre complicaciones que requieren atención médica. Este promedio se aumenta al 53% en las mujeres de escasos recursos económicos del medio rural.

 

Las recomendaciones

De acuerdo con el estudio del Guttmacher Institute, es urgente adelantar una verdadera implementación de la Sentencia C-355 del 2006 y asegurar que se respeten las directrices impartidas por la Corte Constitucional, que se eliminen las barreras para los servicios judiciales y mejorar la difusión de la información sobre criterios legales, entre mujeres, jueces y personal médico.

 

Así mismo, las coautoras del estudio, Elena Prada, Susheela Singh, Lisa Remez y Cristina Villarreal, recomendaron mejorar la cobertura y la calidad de la atención posaborto y expandir el número de instituciones de salud que prestan este servicio.

 

Sin duda, esta investigación será un insumo necesario para cualquier debate que, a partir de la fecha, se realice sobre el tema. Lejos de apasionamientos y sesgos de cualquier índole, el informe Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias mide una realidad cada vez más preocupante.

  

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La despenalización parcial del aborto

 

El informe Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias, del Guttmacher Institute, revela cifras sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), luego de la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que la despenalizó en tres circunstancias: cuando el embarazo represente peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o incesto.

 

Bajo el “ropaje jurídico” del fallo constitucional, en el 2008, se realizaron solo 322 abortos. Bogotá y la región Pacífica representaron más de las cuatro quintas partes del total. Esta cifra, de acuerdo con el Guttmacher Institute, se explica por la “vigorosa oposición” que muchas personas en los campos médico, religioso y político organizaron para retrasar o entorpecer su implementación.

 

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres es el escaso número de instituciones prestadoras de salud que ofrecen el servicio de IVE: solamente el 11% del total.

 

¿Por qué tan pocas instituciones ofrecieron servicios de IVE después de dos años de la sentencia de la Corte Constitucional?, se pregunta el informe. Y explica: por la falta de equipos e infraestructura, la poca demanda de IVE, la ausencia de personal capacitado y la objeción de conciencia por parte del personal médico.

 

En un país con más de 10 millones de mujeres en edad reproductiva, el escaso número de procedimientos legales confirma que quienes cumplen con los criterios judiciales enfrentan serios obstáculos para obtener una IVE, concluye el informe.

  

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Las reacciones al informe

 

Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link Worldwide

Para Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link Worldwide y demandante de las normas que penalizaban el aborto, uno de los aspectos más importantes del informe es que después de 19 años, se vuelven a tener cifras confiables sobre la realidad de este fenómeno en Colombia, que confirman la importancia del problema.

 

Frente a la escasa cifra de abortos legales, Roa asegura: “Es una vergüenza que existan tantos obstáculos para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal, lo que provoca que prefieran acudir a procedimientos inseguros. A pesar de que existen las herramientas jurídicas y la medicina ha avanzado mucho, sigue faltando compromiso de todos los involucrados para acatar los fallos de la Corte Constitucional”.  

 

Cristina Villarreal, directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame

Según Cristina Villarreal, directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame y coautora de la investigación Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias del Guttmacher Institute, una de las principales conclusiones del informe es que se debe trabajar más en la implementación de la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, para que muchas más mujeres y más profesionales de la salud conozcan y respeten el fallo.

 

En su concepto, hay que eliminar todas las barreras que existen en relación con esa prestación del servicio, que son muchas e injustificadas, de manera que no se siga obligando a las mujeres que pueden tener un aborto legal a practicarse un procedimiento clandestino, con todas las implicaciones y los riesgos que eso conlleva.