Instrumentos de protección de derechos humanos: logros y perspectivas de la justicia internacional

Johanna Giraldo Gómez

Redactora Ámbito Jurídico

“Nos encontramos en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos bien puede llegar a ser la Carta Magna de la Humanidad”.

 

Discurso de Eleanor Roosevelt, una de las principales promotoras de la DUDH, en la presentación del documento a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El pasado 17 de julio se conmemoraron los 20 años de existencia del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) creado en 1998 y que entró a regir el 1° de julio del 2002; por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) cumplió 40 años de entrada en vigor el pasado 16 de junio, la cual fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 como instrumento principal del sistema interamericano, que a su vez dio funcionamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana (Corte IDH). 

Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple el próximo 10 de diciembre 70 años de su promulgación y se ha constituido como el principal tratado sobre derechos humanos, siendo el documento más traducido del mundo -500 idiomas-, por lo que su alcance y efectos son globales.

Bajo este panorama de conmemoraciones de los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) es oportuno rememorar algunos de los logros más representativos de los sistemas de protección, especialmente de la Corte IDH en la protección de víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en la región, y los retos para organismos como la CPI en el marco de la erradicación de la impunidad frente a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, incluso en contextos globales de justicia transicional (como el colombiano).

I.                    Declaración Universal de Derechos Humanos

Con posterioridad a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y ante la gravedad de los crímenes que contra la humanidad se habían perpetrado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Eleanor Roosvelt sobre la comisión encargada, decidió someter a discusión el proyecto sobre la declaración de derechos universalmente reconocidos. Así fue como se dio origen al documento fundacional de otros tratados de protección, el cual ha sido ampliamente divulgado y estudiado en todos los países y es referente obligatorio de jueces y tribunales nacionales e internacionales que deciden aspectos básicos sobre los derechos humanos.

Ad portas de cumplir 70 años como consenso internacional sobre los mínimos derechos inalienables, indisponibles e irrenunciables, la DUDH es el tratado básico sobre el cual se edifican las reglas generales de convivencia pacífica. Sin duda, un documento que marcó un antes y un después en la consolidación y apropiación de los derechos humanos y de la igualdad material. Su texto ha sido referente teórico sobre las conquistas sociales recientes sobre la inclusión, erradicación de toda forma de discriminación, libertades básicas y garantías fundamentales frente al Estado y frente a la sociedad.

En últimas, tal y como indica el preámbulo, esta carta de derechos es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y libertades.

II.                  Convención Americana sobre Derechos Humanos y sistema regional de protección

El Pacto de San José de Costa Rica o CADH fue el instrumento que consolidó el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este tratado, del cual es parte Colombia, dio contenido propio a derechos como el acceso a la administración de justicia, la protección y garantías judiciales, el derecho de las víctimas a obtener reparación integral por parte de los Estados en casos de graves violaciones de derechos humanos, el derecho de los ciudadanos a un debido proceso y a actuar en condiciones de igualdad frente a la institucionalidad, entre otros.

Para comprender su impacto es imprescindible remitirnos a la jurisprudencia de la Corte IDH que, como intérprete por vía de autoridad, ha transformado no solo la concepción sobre los derechos humanos en la región a través del control de convencionalidad, sino que, además, ha logrado cambios incluso en aspectos tan relevantes para una sociedad como lo es su constitución misma. Sin soslayar, por supuesto, el gran impacto que ha tenido la Comisión en la difusión y protección de los derechos. (Lea: Libertad de expresión y la jurisprudencia de la Corte IDH y el TEDH)

Así, algunos de los casos más representativos resueltos con fundamento en las obligaciones específicas de la CADH son: