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Instrumentos de protección de derechos humanos: logros y perspectivas de la justicia internacional

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Instrumentos de protección de derechos humanos: logros y perspectivas de la justicia internacional

Johanna Giraldo Gómez

Redactora Ámbito Jurídico

 

“Nos encontramos en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos bien puede llegar a ser la Carta Magna de la Humanidad”.

 

Discurso de Eleanor Roosevelt, una de las principales promotoras de la DUDH, en la presentación del documento a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

El pasado 17 de julio se conmemoraron los 20 años de existencia del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) creado en 1998 y que entró a regir el 1° de julio del 2002; por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) cumplió 40 años de entrada en vigor el pasado 16 de junio, la cual fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 como instrumento principal del sistema interamericano, que a su vez dio funcionamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana (Corte IDH). 

 

Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple el próximo 10 de diciembre 70 años de su promulgación y se ha constituido como el principal tratado sobre derechos humanos, siendo el documento más traducido del mundo -500 idiomas-, por lo que su alcance y efectos son globales.

 

Bajo este panorama de conmemoraciones de los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) es oportuno rememorar algunos de los logros más representativos de los sistemas de protección, especialmente de la Corte IDH en la protección de víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en la región, y los retos para organismos como la CPI en el marco de la erradicación de la impunidad frente a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, incluso en contextos globales de justicia transicional (como el colombiano).

 

I.                    Declaración Universal de Derechos Humanos

Con posterioridad a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y ante la gravedad de los crímenes que contra la humanidad se habían perpetrado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Eleanor Roosvelt sobre la comisión encargada, decidió someter a discusión el proyecto sobre la declaración de derechos universalmente reconocidos. Así fue como se dio origen al documento fundacional de otros tratados de protección, el cual ha sido ampliamente divulgado y estudiado en todos los países y es referente obligatorio de jueces y tribunales nacionales e internacionales que deciden aspectos básicos sobre los derechos humanos.

 

Ad portas de cumplir 70 años como consenso internacional sobre los mínimos derechos inalienables, indisponibles e irrenunciables, la DUDH es el tratado básico sobre el cual se edifican las reglas generales de convivencia pacífica. Sin duda, un documento que marcó un antes y un después en la consolidación y apropiación de los derechos humanos y de la igualdad material. Su texto ha sido referente teórico sobre las conquistas sociales recientes sobre la inclusión, erradicación de toda forma de discriminación, libertades básicas y garantías fundamentales frente al Estado y frente a la sociedad.

 

En últimas, tal y como indica el preámbulo, esta carta de derechos es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y libertades.

 

II.                  Convención Americana sobre Derechos Humanos y sistema regional de protección

El Pacto de San José de Costa Rica o CADH fue el instrumento que consolidó el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este tratado, del cual es parte Colombia, dio contenido propio a derechos como el acceso a la administración de justicia, la protección y garantías judiciales, el derecho de las víctimas a obtener reparación integral por parte de los Estados en casos de graves violaciones de derechos humanos, el derecho de los ciudadanos a un debido proceso y a actuar en condiciones de igualdad frente a la institucionalidad, entre otros.

 

Para comprender su impacto es imprescindible remitirnos a la jurisprudencia de la Corte IDH que, como intérprete por vía de autoridad, ha transformado no solo la concepción sobre los derechos humanos en la región a través del control de convencionalidad, sino que, además, ha logrado cambios incluso en aspectos tan relevantes para una sociedad como lo es su constitución misma. Sin soslayar, por supuesto, el gran impacto que ha tenido la Comisión en la difusión y protección de los derechos. (Lea: Libertad de expresión y la jurisprudencia de la Corte IDH y el TEDH)

 

Así, algunos de los casos más representativos resueltos con fundamento en las obligaciones específicas de la CADH son:

 

Allí, la corporación indicó por primera vez que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De otra parte, en el caso de la Universidad La Cantuta explicó que “ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aun tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal para estos efectos”, ya que el acceso a la justicia hace parte del ius cogens del derecho internacional, siendo un imperativo indisponible por parte de los Estados.

Con fundamento en dichas consideraciones dejó sin efecto la ley de amnistía y ordenó la investigación y enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que se cometieron bajo este contexto de persecución del terrorismo y de castigo a todos sus simpatizantes y/o colaboradores.

“En cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no slo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

Al estudiar el caso, la corporación determinó que las disposiciones sobre el derecho internacional humanitario constituyen parámetro de interpretación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, incluso tratándose de conflictos armados no internacionales. a Corte, como intérprete de la CADH, puede adoptar instrumentos como los Convenios de Ginebra para darle contenido a las obligaciones contenidas en el instrumento regional. Esta sentencia marca una pauta sobre la competencia del tribunal para estudiar casos sobre conflictos armados y las obligaciones del derecho consuetudinario, incluso si las disposiciones no se encuentran en el sistema regional.

“Si bien la Corte carece de competencia para declarar que un Estado es internacionalmente responsable por la violación de tratados internacionales que no le atribuyen dicha competencia, se puede observar que ciertos actos u omisiones que violan los derechos humanos de acuerdo con los tratados que le compete aplicar infringen también otros instrumentos internacionales de protección de la persona humana, como los Convenios de Ginebra de 1949 y, en particular, el artículo 3 común”.

“El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas”.

“Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Así mismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso”.

“En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad”.

“Una detención o prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe”.

Así las cosas, el precedente interamericano ha marcado la pauta sobre el contenido indisponible de los derechos consagrados en la CADH, y ha instado a los Estados a reformar las prácticas judiciales o administrativas contrarias a dichos postulados, incluyendo textos constitucionales. Es un logro del sistema que los Estados acepten la vinculatoriedad de sus instrumentos de protección y las sentencias que se dicten en desarrollo de los mismos.

III.Estatuto de Roma y justicia penal internacional

Si bien es cierto que en los 20 años de existencia del Estatuto de Roma -que creó el primer tribunal penal internacional permanente-, y en 16 años de funcionamiento de la CPI, dicho organismo ha proferido pocas sentencias, todas relativas a casos africanos de graves crímenes contra la humanidad, son importantes las perspectivas del sistema de enjuiciamiento penal desde la órbita de subsidiariedad de sus mecanismos.

 

El objetivo de este tribunal ha sido investigar, judicializar y, si es del caso, sancionar a los responsables de estos crímenes, y su competencia residual se circunscribe a los países que han ratificado el Estatuto cuando la justicia interna es inoperante.

 

Sentencias

 

1.       Thomas Lubanga Dyilo: reclutamiento y utilización de niños soldados

 

La primera sentencia condenatoria del tribunal fue en el 2012, contra Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños soldados en el contexto del conflicto armado internacional.

 

2.       Germain Katanga: delitos de guerra

 

En marzo del 2014 se profirió sentencia condenatoria contra Germain Katanga, exlíder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Congo, por crímenes de lesa humanidad y cuatro cargos de crímenes de guerra (homicidio, ataque a la población civil, destrucción de la propiedad y saqueo). 

 

3.       Jean Pierre Bemba: responsabilidad de mando y delitos sexuales como crímenes de guerra

 

La tercera, en el 2016, fue la sentencia de primera instancia del caso de Bemba, que hace algunos meses se reversó por la Sala de Apelaciones de la CPI, al absolverlo de los cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, en la actualidad se encuentra detenido por otro caso que cursa ante el tribunal, relacionado con delitos contra la administración de justicia.

 

El caso por el que inicialmente se había condenado a Bemba está relacionado con la responsabilidad de mando y el control efectivo sobre las Tropas de Liberación del Congo, en crímenes de lesa humanidad como el homicidio y violación sexual como arma de guerra.

 

4.       Ahmad Al Faqi Al Mahdi o “Abu Turab”: destrucción del patrimonio cultural

 

En el mismo año, se condenó por destrucción del patrimonio cultural al yihadista alias “Abu Turab”, quien destruyó mausoleos y una mezquita en Mali, que eran patrimonio de la humanidad, por su carácter religioso e histórico.

 

Es decir, solo cuatro sentencias condenatorias, una de las cuales fue anulada. Sin embargo, los precedentes allí dejados son importantes en casos puntuales como el de Colombia, donde la implementación de la justicia transicional a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), que creó la jurisdicción especial para la paz (JEP) como organismo judicial encargado de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, debe observar las directrices que ha establecido el tribunal, justamente para no activar su competencia residual.

 

Por último, dentro de los exámenes preliminares que realiza actualmente la fiscal de la CPI, se encuentran países como Colombia y Venezuela, lo que indica que el alcance de las determinaciones del tribunal cobija incluso a esta región.

 

 

Historia de la CPI

 

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