Fuero militar, ¿es necesaria una reforma?

 

Hace una semana, un artículo de la reforma a la justicia amenazó con romper las filas de la unidad nacional. Brotes de indisciplina partidista surgieron, cuando el Gobierno le solicitó al Congreso retirarlo del proyecto de acto legislativo.

 

Para conjurar la posible rebelión parlamentaria, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al orden: pidió canjear esa disposición, que prevé el fuero militar, por una reforma integral a la justicia castrense.

 

Lejos de apaciguar a sus “tropas”, la propuesta de Santos insubordinó a más de uno, no solo en el Legislativo. Desde otros frentes, se formularon reparos sobre la constitucionalidad, oportunidad y necesidad de reforzar el fuero militar, a la luz de la jurisprudencia sobre los derechos humanos (DD HH) y del derecho internacional humanitario (DIH).

 

Un poco de historia

El debate al fuero militar es de vieja data. Desde que los estados de excepción decretados en vigencia de la Constitución de 1886 permitieron el juzgamiento de civiles por parte de cortes marciales, el tema ha estado en la mira.

 

Incluso, en la segunda mitad del siglo XX, la credibilidad de la justicia penal militar (JPM) fue cuestionada, pues, en algunos países, las dictaduras la utilizaron para “lavar” la culpa por las atrocidades que se cometían.

 

La Carta Política de 1991 previó un tratamiento especial para los militares involucrados en delitos por razones del servicio. Ocho años después, la Ley 522 reordenó la JPM y, a raíz de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, esta jurisdicción se actualizó con la Ley 1407 del 2010, que ajustó sus procedimientos a un esquema de corte adversarial.

 

A la par con estas normas, la jurisprudencia de las cortes Constitucional y Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura fueron levantando la frontera entre las jurisdicciones militar y ordinaria (ver Jurisprudencia sobre fuero militar).

 

De un artículo a un proyecto

Durante el trámite de la reforma a la justicia, se incluyó un artículo que modifica la competencia de la JPM. La norma presume que todos los delitos cometidos en operaciones y procedimientos por la fuerza pública tienen relación con el servicio y, por lo tanto, su conocimiento le corresponde a esa jurisdicción.

 

De inmediato, la disposición fue “blanco” de críticas. Una de ellas provino del exterior: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas expresó, el pasado 5 de marzo, “gran preocupación por el proyecto que expande el ámbito de competencia del fuero militar”.

 

Para no obstaculizar el trámite de la reforma a la justicia, el Gobierno anunció que le solicitaría al Legislativo retirar ese artículo, no sin antes conformar una comisión que elaboraría un proyecto de reforma integral al fuero militar.

 

Así lo hizo. El pasado 16 de marzo, el Ministerio de Defensa radicó la iniciativa, que modifica tres artículos constitucionales. En ellos, se prevé la conformación de un tribunal de garantías para vigilar los procesos que se adelanten contra miembros de la fuerza pública; se ordena la expedición de una ley estatutaria para regular el tema; se enumeran los delitos que no podrá conocer la JMP, exceptuando a las infracciones al DIH, y se contempla la creación de una comisión mixta para dirimir conflictos de competencia.

 

Oportunidad de cambio

¿Se necesita una reforma al fuero militar? Para Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar, la propuesta del Ejecutivo va por el camino indicado. Aplaude la creación de un tribunal de garantías para los soldados y policías y la expedición de leyes estatutarias para complementar la iniciativa. Estas, en su concepto, deben abordar temas de seguridad y defensa nacional, el uso de la fuerza en un conflicto armado no internacional y el respeto de las garantías judiciales de los miembros de las Fuerzas Militares.

 

Así mismo, comparte la idea de que las infracciones al DIH las conozca la JPM cuando se relacionen con el conflicto armado e insiste en la necesidad de reformar los fueros disciplinario y carcelario y penitenciario para los miembros de la fuerza pública.

 

Por el contrario, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda rechaza la reforma. En su opinión, “es un mal chiste pensar en reforzar el fuero militar, cuando el 98 % de las graves violaciones a los DD HH cometidas en el país permanecen en la impunidad”.

 

Más que reformas, en concepto de Francisco José Sintura, exvicefiscal general de la Nación, lo que se necesita son garantías y claridad en la noción de actos del servicio, conocimiento de las operaciones militares y penas proporcionales.

 

Jheison Torres, docente de DD HH de la Universidad Nacional, es partidario de dar el debate sobre el fuero militar, pero limitándolo, entre otros temas, a la profesionalización de sus jueces y a la determinación explícita y detallada de sus ámbitos de aplicación, sin perder de vista los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

 

Otro especialista en Derecho Penal que considera necesario encarar la discusión es Francisco Bernate Ochoa. En opinión de este docente de las universidades de Los Andes y del Rosario, el concepto de actos del servicio debe especificarse mucho más, así como la forma en que se determina la competencia, cuando hay conexidad entre actos relacionados y no relacionados con este.

 

Reparos y apoyos

Mejía no solo comparte la mayoría de propuestas del acto legislativo. Incluso, cree que la comisión asesora pudo ir más lejos y regular completamente la JPM en el título VIII de la Constitución. Así mismo, piensa que se debe comenzar a trabajar en la reforma a los manuales y reglamentos castrenses y depurar las directivas presidenciales sobre la materia. “Ojalá podamos comprender, finalmente, que esta guerra se gana desde lo político y no desde lo militar”, concluye.

 

Mientras Bernate considera innecesario crear nuevas instancias y seguir cargando a las altas cortes de funciones administrativas, Torres opina que la reforma “hila muy delgado” en temas como las infracciones al DIH, pues la frontera entre este y los DD HH no es clara, especialmente en los conflictos armados internos.

 

Sintura y Bernate comparten la idea de que sea la Sala Penal de la Corte Suprema la encargada de dirimir los conflictos de competencia y no el Consejo Superior de la Judicatura, como sucede actualmente. No obstante, el primero no cree que la reforma solucione otros problemas que afronta la JPM, como la congestión, la idoneidad de los funcionarios y la falta de gerencia.

 

Si la reforma se aprueba, advierte Cepeda, el Polo Democrático presentará una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que vulnera los principios del derecho internacional de los DD HH, el DIH, los tratados sobre la materia suscritos por Colombia y la jurisprudencia constitucional.

 

Así mismo, en diciembre pasado, la Comisión Colombiana de Juristas manifestó que permitir que la investigación y el juzgamiento de las violaciones a los DD HH vuelvan a la JPM “sería un retroceso lamentable en la lucha contra la impunidad y un incumplimiento flagrante de obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.

 

La “segunda pista”

En el 2007, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ya habían chocado por culpa de la JPM. Uribe contempló la posibilidad de eliminarla y dejar solo un tribunal disciplinario, pero Santos descartó esa opción y prefirió impulsar un proyecto de ley para fortalecerla. Sin embargo, como ministro de Defensa, no modificó el fuero militar.

 

Recientemente, se ha criticado un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, firmado en el 2006, que busca garantizar un trabajo mancomunado en los lugares donde hayan ocurrido acciones militares que activen investigaciones penales.

 

Echar para atrás ese convenio interinstitucional es una de las condiciones que exigen varios parlamentarios uribistas para apoyar el retiro del artículo sobre el fuero militar de la reforma a la justicia y darle vía libre al nuevo proyecto.

 

Falta ver si, con el posible archivo de esa propuesta, la “segunda pista” trazada por el Gobierno permite el aterrizaje de una reforma al fuero militar. Santos pidió cerrar filas en torno a su iniciativa. Pero la disidencia al llamado presidencial sigue en pie.

 

Los cambios al fuero militar