El desempeño ambiental de Colombia frente a la minería

Claudia Mora Pineda

Socia de Pinilla, González & Prieto

El documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre ambiente presentado recientemente señala recomendaciones sobre cómo debería abordar Colombia la cuestión entre minería y ambiente.

Si bien el escrito reconoce que el país se ha destacado en política y legislación ambientales, advierte en forma inmediata que estas no se han fortalecido al mismo ritmo del crecimiento económico, a la par que las políticas económicas no son consecuentes con las necesidades de protección ambiental y de atención a los efectos negativos que generan las actividades que impulsan la economía y los cambios del clima.

Aunque se analizan diversos aspectos, el de la minería no es ajeno, pues esta actividad extractiva es señalada como una de las que mayor presión ejerce sobre los recursos naturales y tiene seria incidencia en la calidad de la salud.

Dentro de las recomendaciones que tienen efecto directo, está la de buscar la coherencia y vínculo entre políticas, información y regulación en ambiente, salud y economía. En salud, se resaltan las consecuencias de la contaminación atmosférica por generación de partículas y por el uso de mercurio. A pesar que la política de calidad del aire está directamente relacionada con la salud ambiental y, en consecuencia, la reglamentación que la desarrolla, los evaluadores no le dan mayor relevancia.

Y aun cuando el documento destaca la contaminación proveniente de vehículos, no puede perderse de vista que la actividad minera, en especial la de carbón, registra efectos considerables en la calidad del aire. En este sentido, se esperaría una normativa más específica para esta actividad y exigencias vía licenciamiento ambiental de análisis y monitoreo de impacto y riesgos en la salud. En el tema de mercurio, se insta a trabajar en forma prioritaria en la gestión del impacto sobre el ambiente y la salud de este químico.

Comercio y ambiente

Otra proposición es exigir licencia ambiental para la exploración minera, lo que coincide con las peticiones hechas en foros sobre minería y ambiente. También se enfatiza en la necesidad de implementar evaluaciones ambientales estratégicas sectoriales, lo cual será relevante en el sector de la minería, para afrontar este debate.

La OCDE propone, además, que se desarrollen estrategias de responsabilidad ambiental específica para cada sector, como el establecimiento de objetivos ambientales concretos y medibles, cuya verificación de cumplimiento estará a cargo de los respectivos ministerios. Dicho de otra forma, que se obligue a rendir cuentas ambientales. Sobre el particular, si bien las empresas de la gran minería suscribieron un acuerdo de compromiso de desempeño ambiental y social, aún está lejos de fijar propuestas específicas de responsabilidad.

En comercio y ambiente, se apela al cumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y a realizar la diligencia debida para la gestión responsable de la cadena de suministro de minerales provenientes de zonas de conflicto y zonas de alto riesgo. En este aspecto, se esperaría que el país impulse la certificación de los productos de la minería sobre su trazabilidad ambiental y social, como lo están haciendo otros sectores de la economía.

Finalmente, se señala que la minería debe aumentar los esfuerzos para reducir las presiones sobre la biodiversidad y para impedir la minería en las áreas protegidas.

Todas estas pautas, amén de las demás que se señalan en el documento, tienen un eco considerable en el Gobierno, pues son el resultado de la evaluación del desempeño ambiental de Colombia 2014 elaborado por la OCDE, en cooperación con la CEPAL, con gran peso en la valoración del futuro ingreso del país al que se conoce como el club de los países ricos.