Informe
¿Por qué quieren acabar con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura?
02 de Febrero de 2012
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Más regaños que aplausos ha recibido el Consejo Superior de la Judicatura en sus 20 años de existencia. En especial, su Sala Administrativa, en quien se pusieron las esperanzas de mejorar la gestión de la justicia colombiana.
Los reparos ya mostraron sus efectos: justo en el momento en el que la Sala está ad portas de ser eliminada por una reforma constitucional, con base en el crudo diagnóstico que el Gobierno tiene de su gestión, la Contraloría General de la República publicó un informe en el que calificó de desfavorable su trabajo, y el Consejo Privado de Competitividad divulgó un documento que revela el mal estado de la justicia.
Las coincidencias en los dictámenes negativos son más leña para el fuego que está a punto de incinerar a la Sala Administrativa en el Congreso. De hecho, el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia ya se aprobó en primera vuelta, y el Parlamento sigue en su tónica de darles vía libre a los proyectos del Gobierno.
No es la primera vez que surgen voces en contra de la Sala, pero sí la primera en la que se suman las bajas calificaciones a su gestión. ÁMBITO JURÍDICO presenta las evaluaciones realizadas por el Ejecutivo, el órgano de control y el sector privado.
El informe de la Contraloría
Desde su visión técnica, la Contraloría General de la República calificó con nota desfavorable el trabajo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Es la calificación más baja obtenida por esa entidad, desde que el ente de control audita su desempeño.
La Contraloría rajó a la Sala en todo: en la contratación, en el manejo del presupuesto de la Rama Judicial y en los planes de descongestión de la justicia.
En materia contractual, consideró deficientes las tareas de planeación y prevención de riesgos, lo cual generó obras inconclusas, suspensiones de contratos y sobrecostos.
Por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos de inversión relacionados con la construcción de varios palacios de justicia, habría un detrimento patrimonial superior a los 93.000 millones de pesos.
En cuanto a la descongestión, el informe sostiene que el Plan Nacional de Descongestión de la Sala ha generado una deficiente e inoportuna prestación del servicio público de justicia. Los despachos judiciales siguen congestionados, lo que impide la solución pronta y definitiva de los procesos que cursan en las diferentes jurisdicciones.
En suma, la entidad detectó 116 irregularidades, con consecuencias fiscales, penales y disciplinarias.
Las críticas del sector privado
Con una visión académica, el sector privado presentó su propio diagnóstico de la justicia colombiana y, en consecuencia, del papel desempeñado por su cabeza administrativa: el Consejo Superior de la Judicatura.
Según el Informe Nacional de Competitividad elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países en eficiencia de la administración de justicia.
La congestión y el atraso siguen siendo los lastres de los que la Sala Administrativa no se ha podido deshacer.
Con datos suministrados por el propio Consejo Superior, el informe del sector privado llega a conclusiones diferentes a las que habitualmente arriba esa corporación: mientras la Sala Administrativa exhibe un panorama de eficiencia y buena gestión, el documento del CPC es desalentador.
Esa diferencia en el análisis se debe al estudio que el CPC hace de las tareas inconclusas del Consejo. Por citar algunos casos, se cuestiona el sistema de calidad y evaluación de los jueces y la falta de implementación de medidas legales para agilizar los trámites judiciales.
Estas conclusiones demostrarían que las soluciones no siempre dependen de más recursos, como suele afirmarse.
Los reparos del Gobierno
En esta clase de diagnósticos no podía faltar la perspectiva política. Deficiencia es la palabra más usada por el Gobierno, en su evaluación del papel desempeñado por la Sala Administrativa.
Con gran influencia de análisis académicos, el Gobierno justifica la propuesta de eliminar la Sala en los bajos resultados de su gestión, y en algo que se escapa del resorte de la corporación: el mal diseño constitucional.
Una crítica constante es que las decisiones gerenciales no pueden quedar en manos de un órgano colegiado conformado por abogados, que pueden ser grandes juristas, pero no son administradores expertos.
Precisamente, los puntos que más cuestiona la propuesta del Gobierno son el bajo nivel en la ejecución de los recursos de la Rama y el uso inadecuado de los pocos que se ejecutan. Por esta razón, el Ejecutivo ha ido recortando gradualmente las asignaciones presupuestales para el Poder Judicial.
Los comentarios del Gobierno coinciden con la auditoría de la Contraloría General de la República, en el retraso en la ejecución de obras de infraestructura y en el despilfarro de los presupuestos contractuales, que producen, entre otras consecuencias, insatisfacción en el usuario de la justicia.
La posición de la Sala Administrativa
ÁMBITO JURÍDICO intentó comunicarse con el saliente presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Castillo Rugeles, con el fin de conocer las reacciones de la corporación a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, el sector privado y el Gobierno.
Aunque no fue posible obtener respuesta del funcionario, fuentes del Consejo afirmaron que se está preparando una gran defensa de la gestión de la Sala, que se daría a conocer en marzo, en el informe anual que la corporación le presenta al Congreso.
Sin embargo, en su momento, la Sala reaccionó al informe de la Contraloría, que evidenció altos gastos y pocos resultados.
De un lado, señaló que las irregularidades en materia de contratación son asuntos de responsabilidad individual de los funcionarios y no de la corporación. Del otro, destacó los logros obtenidos en materia de descongestión. Por ejemplo, en los últimos tres años, el inventario de procesos se redujo en 771.261; y en el 2011, la cifra disminuyó en 337.180.
Las cifras
27,17 sobre 100 fue la calificación que la Contraloría General de la República le dio a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura.
116 irregularidades administrativas detectó la Contraloría en su análisis.
5 investigaciones penales se abrirían en contra funcionarios del Consejo Superior.
13 juicios fiscales contra la Judicatura están por resolverse.
43 procesos disciplinarios se abrirían por irregularidades en el Consejo Superior.
490.000 millones de pesos es la suma de recursos que el Consejo ha gastado en planes de descongestión.
22% es la reducción de la demanda de justicia en Colombia, según cifras del Consejo.
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