Las lecciones que deja el caso Mapiripán

 

Nadie ha dudado que en Mapiripán, en julio de 1997, hubo una masacre, una de las tantas cometidas por los paramilitares. Lo que nadie sabe realmente es cuántas víctimas hubo, cuántos muertos están vivos y cuánta plata ha pagado el Estado por víctimas inexistentes.

 

No lo saben los propios grupos paramilitares que cometieron la masacre, ni la Fiscalía, ni el Estado, ni las organizaciones que apoderaron a las víctimas ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado por este crimen. Lo que no se investigó hace 14 años, ahora se está indagando con más cautela.

 

Mientras se esclarecen los hechos de Mapiripán y se averigua el número exacto de las víctimas y si hubo fraude procesal por parte de particulares, de la organización no gubernamental que apoderó a las víctimas y de funcionarios del Estado, el caso de Mapiripán le deja muchas lecciones a la justicia colombiana.

 

Todas ellas se pueden resumir en una: se trata de un caso de errores compartidos. Del Estado y su aparato militar y de justicia. De unos particulares que quisieron hacer negocio con un hecho lamentable de la historia reciente del país. Del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), no se sabe si con ingenuidad o malicia. De todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), por su propia naturaleza y estructura.

 

De la mano de académicos consultados, y con base en la sentencia de la Corte IDH en la que se condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán y los hechos recientes suscitados por este escándalo, ÁMBITO JURÍDICO enumera las enseñanzas que quedan de este caso.

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es falible

La justicia humana es falible, sea nacional o trasnacional. Esta es una ley absoluta, que fallos como el de Mapiripán recuerdan. En este caso, se demostró la falibilidad del SIDH, por su misma naturaleza y estructura.

 

Como la mayoría de cortes internacionales, la Corte IDH funciona como justicia subsidiaria. Por esta razón, a ella no le corresponde investigar los crímenes nacionales, pues esta es una labor de los aparatos investigativos internos.

 

Y esta debilidad en los temas probatorios facilita que tome decisiones, en su mayoría condenatorias, con base en pruebas aportadas por las partes interesadas en salir ganadoras en el litigio internacional.

 

Como afirma Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar Integral, el SIDH es un órgano sin dientes en materia probatoria.

 

De hecho, el gran punto de quiebre de los tribunales internacionales es este aspecto. Justamente, las dudas sobre estos temas han promovido reformas a los sistemas de derechos humanos, tanto el europeo como el americano.

 

La ineficiencia de la justicia penal interna

Si hubo fraude procesal en las reclamaciones de algunas víctimas en el caso Mapiripán, el órgano investigador colombiano tendría buena parte de culpa. En concreto, la Fiscalía General de la Nación, por no haber investigado correctamente los hechos.

 

Además, las 11 condenas que el Estado colombiano ha recibido por parte del SIDH han sido, precisamente, por la ineficacia de la justicia en resolver los crímenes cometidos en el país.

 

De hecho, el Estado manifestó un mea culpa ante la Corte IDH, a pesar de que desde la misma sentencia se dudaba del número exacto de víctimas en Mapiripán.

 

Siempre hubo incertidumbre en el número de víctimas

¿Por qué tanto escozor de altos dignatarios del Estado y de la opinión pública, si desde la misma sentencia de la Corte IDH del 2005 ya se pronosticaba la incertidumbre sobre el número y la identidad de las víctimas?

 

Las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del CAJAR nunca coincidieron con las del Estado colombiano. Aún así, la Corte IDH condenó, pero salvó, hasta cierto punto, su responsabilidad, al obligar al Estado a investigar la verdadera cifra de víctimas. Esta obligación no se ha cumplido, como acaba de demostrarse.

 

Si se lee la sentencia con detenimiento, se avizoran las deficiencias que ahora escandalizan a la opinión pública. Cuando el Estado aceptó su responsabilidad a lo largo del proceso, lo hizo sin tener la certeza de la cifra de víctimas: 49 o 9.

 

La mala defensa jurídica del Estado colombiano

Otro diagnóstico tan antiguo y repetido como el de la impunidad es la mala defensa judicial que tiene el Estado colombiano, tanto en tribunales nacionales como internacionales. ¿Una buena defensa del Estado hubiera evitado este escándalo? Probablemente sí.

 

Por algo, el Gobierno acaba de crear la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la que una de las prioridades serán los casos litigados ante el SIDH.

 

El caso de Mapiripán es apenas uno de muchos en los que se ha demostrado que el litigio ante el SIDH es una pelea entre David y Goliat, o “de burro amarrado contra tigre”, como sostiene Mejía.

 

En primer lugar, las organizaciones que asumieron la representación de las víctimas, como la Comisión Colombiana de Juristas y el CAJAR, reclutan abogados expertos en litigio ante el SIDH. Por el contrario, el Estado contrata para su defensa a abogados penalistas muy prestigiosos en el ámbito interno, pero con poca experiencia en el litigio ante la Corte IDH.

 

En palabras de Mejía, el Estado debería mejorar su estrategia de defensa jurídica internacional y abandonar la “rosca” en la que se ha convertido su sistema de defensa.

 

Por otra parte, la igualdad de armas no existe en el contexto del SIDH. Un juicio ante la Corte IDH es una disputa de tres contra uno, de un Estado mal defendido contra un grupo de víctimas representadas por equipos de abogados poderosos, una CIDH acusadora y una Corte IDH estructurada para condenar a los Estados, afirma Mejía.

 

Justicia y Paz está sirviendo para lograr la verdad

Ningún proceso de justicia transicional en el mundo ha obtenido un 100 % de verdad sobre el conflicto superado. Es probable que el colombiano no sea la excepción.

 

Sin embargo, hechos como la “parapolítica” y el caso de Mapiripán demuestran que el proceso de Justicia y Paz está sirviendo para obtener parte de la verdad del conflicto colombiano.

 

Basta recordar que el escándalo de las víctimas de Mapiripán surgió dentro del proceso de Justicia y Paz y no por investigaciones autónomas de la Fiscalía.

 

Ahora, la Fiscalía tiene el reto de aclarar esta masacre, con el fin de que se sepa exactamente cuántas son las víctimas y si se cometió fraude procesal en las demandas y en las reclamaciones ante el SIDH. 

 

El discurso de los derechos humanos

Las reacciones de los involucrados en el caso de Mapiripán frente al escándalo abren el interrogante de si el discurso de los derechos humanos está ideologizado.

 

Que así sea significa que nadie acepta responsabilidades, que hay crímenes buenos y malos, que priman los intereses sectoriales sobre el verdadero respeto a los derechos de las personas y que la justicia está al servicio de una causa política y no de la protección de los derechos.

 

Lo primero que hicieron el Gobierno y el Procurador General de la Nación fue culpar de estos hechos al CAJAR, sin que se sepa su grado de responsabilidad. Esta organización, por su parte, salió en su defensa, sin reconocer que pudo haber cometido un error. Y la CIDH y la Corte IDH recordaron la responsabilidad del Estado, pero tampoco han aceptado que se pudieron equivocar.

 

En estas reacciones hay más posiciones defensivas de los intereses de cada una de las partes, que una posición neutral que propugne por un reconocimiento colectivo de los errores.

 

Cuando el Estado aceptó su responsabilidad a lo largo del proceso, lo hizo sin tener la certeza de la cifra de víctimas: 49 o 9.