¿Está preparado el país para los debates “espinosos” del Derecho?

 

Hace 20 años, era impensable que el país discutiera temas como la adopción y el matrimonio gay, la eutanasia, la legalización del porte de la dosis mínima de estupefacientes y la despenalización total del aborto.

 

Con la Constitución de 1991, se incluyó una generosa carta de derechos fundamentales, cuya interpretación abierta y liberal por parte de la Corte Constitucional desencadenó decisiones más pluralistas.

 

A pesar de que sus fallos avanzaron en el reconocimiento de derechos, muchos asuntos “espinosos” quedaron engavetados, por la polarización que ocasionan y la fuerte oposición de sectores conservadores.

 

Este año, diferentes escenarios han revivido esos temas que les ponen los “pelos de punta” a más de uno, dividen la opinión pública y generan posiciones irreconciliables. Mientras que en el Congreso avanza la reglamentación de la eutanasia y existe ponencia favorable en primer debate para el matrimonio gay, la Comisión Asesora para la Política Criminal recomendó ampliar la despenalización del aborto a circunstancias no contempladas por la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional. Así mismo, esta última corporación estudió, por más de un año, la posibilidad de que las parejas gay pudieran adoptar.

 

Aunque muchos de estos debates aún son incipientes, parece que los sectores más liberales quieren “coger el toro por los cachos” y poner la discusión en la agenda pública. ¿Colombia está preparada para encarar estos temas? Expertos consultados por ÁMBITO JURÍDICO respondieron este interrogante.

 

Nuevos escenarios

Según Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios Dejusticia, contario a lo que muchos piensan, existen sectores conservadores y religiosos que, aunque tienen convicciones inmodificables, reconocen la pluralidad de posiciones sobre la vida. “Tenemos que aprender a convivir en una sociedad en donde hay diversas concepciones del mundo”, señala.

 

Por esa razón, Uprimny cree que es el momento indicado para realizar estos debates, partiendo de premisas comunes: “La única forma de coexistir es estableciendo jurídicamente una ética de mínimos, es decir, tenemos que encontrar esos mínimos en los cuales todos estemos de acuerdo, para que se logren consensos razonables”.

 

Carlos Gaviria, exsenador y exmagistrado de la Corte Constitucional, comparte la posición de Uprimny. Y agrega: “Siempre tenemos que estar preparados para discutir estos asuntos,  pues los debates abren el camino para que se logren muchos objetivos que antes se consideraban perversos o inalcanzables. Es necesario que se avance a plenitud, para conseguir lo que la Constitución quiere: una democracia menos imperfecta que aquella que hemos tenido”.

 

No obstante, Iván Garzón Vallejo, director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, considera que es muy precaria la discusión sobre los temas morales y jurídicos controversiales: “Los argumentos que se esgrimen son simplistas, emotivos, hipotéticos, sin estudios serios que respalden las medidas que se buscan adoptar, y, sobre todo, tenemos un déficit de pluralismo: nos falta reconocer que la Constitución no tiene una sola interpretación válida, y que, por lo tanto, es absolutamente legítimo y sano para la democracia que en estas materias haya posiciones diversas”.

 

Frente a los nuevos escenarios de discusión, Garzón cree que el nivel de debate del Congreso sigue siendo muy escaso. “Armando Benedetti, ponente del proyecto de ley sobre eutanasia, dijo hace unos días que ‘el único argumento contra la eutanasia es religioso: que la vida es de Dios’. No es verdad, pero si así fuera, ¿no tienen derecho los creyentes a exponer sus creencias religiosas en el escenario público? ¿No es un poco arbitrario y arrogante juzgar qué tipo de argumentos son válidos y cuáles no?  Por su parte, el informe de la comisión asesora [sobre el aborto] me parece un esfuerzo interesante y respetable, pero no comparto sus recomendaciones”.

 

En respuesta a lo anterior, el senador Benedetti, uno de los congresistas más activos en esta clase de iniciativas, califica como equivocadas “las posiciones exhibidas con anterioridad, orientadas a seguir evadiendo o deslegitimando el debate en relación con ciertos temas tan relevantes como polémicos”. En su opinión, estas actitudes son una “resistencia a lo consagrado en la Constitución respecto a las reglas, principios y valores que emergen con facilidad sobre el particular y a lo establecido por la Corte Constitucional en el mismo sentido”.

 

No obstante, ve con optimismo los escenarios que se empiezan a abrir paso, “lo que producirá aportes de las nuevas generaciones que los integran, sin discriminación alguna, que impliquen un dinamismo concebido a la luz de los mandatos superiores, donde no solo las mayorías tengan la última palabra”, añade.

 

Escenario latinoamericano

Colombia no es el único país en Latinoamérica en donde estos debates han tomado fuerza. En Uruguay, Argentina y México, la discusión ha sido, incluso, mucho más candente (ver recuadro).

 

Para Gaviria, estos hechos prueban que hay una corriente cada vez más grande para discutir estos temas: “No hay ningún país en donde no se generen debates. Eso es positivo, pues no solo son importantes, sino necesarios”.

 

Uprimny cree que la “oleada” de reformas es una consecuencia del desarrollo de la sociedad, que es más tolerante, más pluralista y más respetuosa de los derechos de las personas que piensan diferente.

 

“Insisto”, señala Benedetti, “cada vez será más difícil para los opositores el seguir sosteniendo discursos conservadores al respecto, gracias a los procesos formativos, de globalización y constitucionalización modernos en países latinoamericanos, dirigidos a las nuevas generaciones, que con el pasar del tiempo, marcan mayor distancia con aspectos morales y religiosos invocados con anterioridad”.

 

Garzón contradice a Gaviria, Uprimny y Benedetti: “No considero que la liberalización del aborto o de la eutanasia sea un progreso social. El desarrollo de las sociedades no se debe dar a costa de valores fundamentales, como la vida y la dignidad humana. Lo paradójico es que dichas medidas contradigan el sentir popular, pues en Latinoamérica, el rechazo a estas suele ser mayoritario”.

 

Fuerte oposición

Quienes se muestran a favor de estos debates encontrarán, seguramente, en el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a uno de los principales opositores. La Iglesia Católica y el Partido Conservador también buscarán frenar, probablemente, cualquier cambio sobre estos temas.

 

“Es apenas previsible que esos sectores cumplan el rol que siempre han cumplido, y que no es otro que seguir creyendo y resguardando un modelo social respetable para algunos, pero no oponible para todos”, señala Benedetti, quien asegura que no existe razón válida para seguir desestimando estas discusiones y olvidar que los grupos minoritarios discriminados sistemáticamente también son titulares de derechos.

 

“Ni el Derecho ni la política son ciencias exactas y, por eso, la discusión sobre las mismas no debe ser asumida dogmáticamente. Me parece legítimo que haya un vigoroso debate público, que se propongan otras interpretaciones y lecturas válidas de la Constitución y de los problemas sociales. Esa dialéctica es necesaria y oportuna, y desde las instituciones del Estado se debe dar ejemplo a la ciudadanía de un espíritu tolerante que implica tener una discusión respetuosa”, concluye Garzón. 

 

Uprimny y Gaviria son muy críticos frente a las posiciones que el Procurador ha asumido. Y Gaviria va más allá: “Me parece que el Procurador General no está capacitado para ejercer su cargo, no porque sea católico, pues la inmensa mayoría de los funcionarios es católica, sino porque, expresamente, él antepone su creencia dogmática a la filosofía pluralista de la Constitución y, por lo tanto, no está en capacidad ni tiene la competencia para cumplir la función que se le ha encomendado”.

 

Aborto, eutanasia, derechos de homosexuales, legalización de estupefacientes, adopción gay… A pesar de que este año el debate sobre estos temas fue intenso, no cabe duda de que encontrar consensos no será fácil. Seguramente, en el 2013 se seguirán discutiendo, ojalá con los argumentos jurídicos que estos ameritan.

 

 

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La discusión continental

 

Este año, varios países del continente han afrontado fuertes controversias en relación con los temas más “liberales” del Derecho. En Uruguay, por ejemplo, el Ejecutivo promulgó, el pasado 22 de octubre, la Ley 18.987, que legaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Ya se habla de un referendo para derogar la medida.

 

Por su parte, hace un mes, Buenos Aires (Argentina) despenalizó el aborto en los casos de violación o riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, Mauricio Macri, jefe del gobierno autónomo, vetó la norma, el pasado 23 de octubre. En ese país, este año también se le reconoció la “copaternidad” a una pareja del mismo sexo y se aprobó la Ley de Muerte Digna.

 

Por último, en Ciudad de México, se concedió la primera adopción a un reconocido matrimonio gay y se ha buscado, recientemente, reformar la Ley General de Salud para regular la eutanasia.