2012, el año en que cambió el mapa del país

 

Pocas sentencias han generado tanto desconsuelo en el país como la leída el 19 de noviembre del 2012 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ese día, se esfumaron 70.000 km² de mar territorial y se modificó el mapa de Colombia. El fallo de la CIJ le puso fin al viejo litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua.

 

El 2012 también será recordado por la aprobación y entrada en vigencia de dos nuevos ordenamientos en materia administrativa y civil, y por el cese de actividades de los funcionarios de la Rama Judicial, que se prolongó durante dos meses.

 

La salida jurídica en falso corrió por cuenta del fracasado acto legislativo que pretendía reformar la justicia. Todo el debate de la norma fue controversial: desde su aprobación y conciliación, hasta la atípica objeción presidencial a un acto legislativo y su hundimiento en sesiones extras del Congreso.

 

El Marco Jurídico para la Paz, la aprobación de la reforma al fuero militar, la reglamentación de la eutanasia, la crisis de la salud y la regulación del matrimonio gay fueron otros temas con contenido jurídico cuyo debate se inició en el 2012 y continuará en el 2013.

 

Por fallo de CIJ, se pierde extensa área marítima

En una controvertida sentencia proferida el 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia perdió más de 70.000 km² de área marina, que pasaron a formar parte de la zona de explotación económica exclusiva nicaragüense.

 

Aunque el fallo confirmó la soberanía colombiana sobre los cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no acogió la posición de tomar el meridiano 82 como línea fronteriza con Nicaragua. En la nueva delimitación, los cayos de Quitasueño y Serranilla quedaron enclavados en la zona marítima reconocida a ese país.

 

Para analizar las distintas alternativas jurídicas frente a este fallo, el Gobierno colombiano conformó una comisión de expertos y, posteriormente, el 27 de noviembre, denunció el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), con lo cual se retira la competencia de la CIJ para solucionar estas controversias. Los efectos de la denuncia se producirán un año después de su comunicación a la Organización de Estados Americanos.

 

Arranca TLC con EE UU

Durante la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena los días 14 y 15 de abril, los presidentes de EE UU, Barack Obama, y de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaron que el tratado de libre comercio (TLC) suscrito entre ambas naciones el 22 de noviembre del 2006 entraría en vigencia el 15 de mayo.

 

Para su puesta en marcha, el Gobierno colombiano sancionó tres leyes, relacionadas con la protección de derechos de autor en internet (L. 1520/12), las señales de televisión emitidas por satélite (L. 1519/12) y la protección de obtenciones vegetales (L. 1518/12).

 

Además, se expidió el Decreto 730 (decreto de implementación), que aprobó la eliminación de los aranceles para la entrada a Colombia de productos originarios de EE UU. Todas estas normas fueron publicadas el 13 de abril, apenas un día antes del encuentro entre los mandatarios.

 

Obama también anunció que el término de vigencia de las visas otorgadas a colombianos pasaría de 5 a 10 años.

 

Desarrollan política antitrámites

Dando cumplimiento al Estatuto Anticorrupción (L.1474/11), el Decreto-Ley 19 del 2012 eliminó y reformó un gran número de trámites dispendiosos que obstaculizaban la eficiencia del servicio público en materia notarial, laboral, tributaria, de seguridad social y en los sectores de la contratación estatal, tránsito y transporte y administración de justicia, entre otros.

 

La norma ya fue objeto de algunos exámenes de constitucionalidad. Así, fueron declaradas inexequibles las disposiciones que exigían la presentación personal y autenticación de las actas de asamblea ante la cámara de comercio y las que permitían el despido con justa causa del trabajador en condición de discapacidad sin autorización del Ministerio del Trabajo.

 

Presidente objeta la reforma a la justicia

Cuando todo parecía listo y el Gobierno, por medio del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, daba su parte de victoria, la reforma a la justicia, una idea que no pudo concretarse durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, también fracasó el año pasado.

 

Las modificaciones que la comisión de conciliación incluyó a última hora en el proyecto de acto legislativo levantaron ampolla en la opinión pública. Estos “micos”, entre los que se contaba la reducción de las causales de pérdida de investidura para congresistas y la falta de un régimen de transición para los procesos contra altos funcionarios en curso, lo que implicaba su inminente puesta en libertad, hicieron que el presidente Juan Manuel Santos anunciara, en alocución televisada, su objeción a la iniciativa por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

 

El fiasco le costó la cabeza al ministro Esguerra y abrió todo un debate jurídico sobre la posibilidad de que el Presidente de la República objete reformas constitucionales. En sesiones extra, el Congreso le dio sepultura a la reforma, con el voto favorable de 117 representantes y 73 senadores.

 

Nuevo Código General del Proceso

En julio, se adoptó la normativa que remplazará gradualmente al Código de Procedimiento Civil. El nuevo Código General del Proceso aplica a los procesos civiles, comerciales, agrarios, de familia y asuntos de competencia de particulares y autoridades administrativas que ejerzan funciones judiciales y no tengan una regulación especial.

 

La Ley 1564 del 2012 define la oralidad como la regla general de los procedimientos. Adicionalmente, revive el régimen de insolvencia para las personas naturales no comerciantes, que había sido declarado inexequible en el 2011.

 

Promulgan Marco Jurídico para la Paz

Con el Acto Legislativo 1 del 2012, se incluyeron dos artículos transitorios en la Constitución, que brindan un marco jurídico de justicia transicional para la terminación del conflicto armado.

 

De esta manera, se abre la posibilidad de dar un tratamiento judicial diferenciado a miembros de grupos ilegales considerados partes en el conflicto que se desmovilicen de manera individual o colectiva. Adicionalmente, se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación y establecer los eventos en que los desmovilizados podrán participar en política.

 

Leyes del 2011 entran en vigencia

Los importantes leyes sancionadas en el 2011 entraron en vigencia el año pasado. El 12 de abril, comenzó a regir el Estatuto del Consumidor (L. 1480/11), que fortaleció los derechos de los consumidores e introdujo medidas para garantizarlos. Por su parte, el 2 de julio, entró en vigor el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/11), que remplazó al viejo Decreto 01 de 1984.

 

Además, el 17 de octubre, fue sancionada la Ley Estatutaria de Hábeas Data (L. 1581/12), luego de que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-748 del 2011, aprobara la mayoría de su articulado.

 

Un estatuto para el arbitraje

Tras varios intentos, finalmente el Congreso expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. La Ley 1563 del 2012 recopila la regulación en la materia, adecúa el proceso arbitral a la jurisprudencia reciente y al derecho comparado y da vía libre al uso de las nuevas tecnologías. De otro lado, establece las reglas de la amigable composición y les exige a los centros de arbitraje promover la prestación gratuita de servicios en la resolución de controversias de hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Caen reformas a la Constitución

En el 2012, la Corte Constitucional declaró inexequibles dos reformas constitucionales. En la Sentencia C-249 del 28 de marzo, tumbó el Acto Legislativo 4 del 2011, que asimilaba las pruebas de conocimiento de los concursos de méritos con la experiencia de los empleados provisionales. Y en la Sentencia C-1056 del 6 de diciembre, retiró del ordenamiento el Acto Legislativo 1 del 2011, que impedía aplicarles el conflicto de intereses a los congresistas que participaran en la aprobación de actos legislativos.

 

Cambios a riesgos laborales

La Ley 1562 modificó el Sistema de Riesgos Laborales (SRL), antes conocido como de Riesgos Profesionales. La norma establece, entre otros temas, que los trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios superiores a un mes deben afiliarse obligatoriamente al SRL. Además, amplió la definición de accidente de trabajo; fijó mayores responsabilidades, tanto a las empresas como a las administradoras del SRL, y estableció sanciones más drásticas por el incumplimiento a lo dispuesto en esta materia.

 

Reforma a la Ley de Justicia y Paz

Con el fin de agilizar los procesos mediante audiencias concentradas y adoptar esquemas de priorización de casos para el esclarecimiento de los crímenes más graves, el Congreso de la República aprobó la Ley 1592, sancionada el 3 de diciembre, que reforma la Ley de Justicia y Paz (L. 975/05). La norma fortalece los mecanismos de persecución de bienes para la reparación de las víctimas y desarrolla las causales de exclusión de los postulados de los beneficios de la Ley 975.

 

Crean la pensión familiar

Una nueva reforma a la Ley 100 de 1993 pretende solucionar los problemas de cobertura del sistema pensional. El Gobierno sancionó la Ley 1580 del 2012, que permite a los cónyuges o compañeros permanentes sumar sus cotizaciones para acreditar los requisitos fijados para obtener la pensión de vejez en los regímenes de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad. La pensión familiar es incompatible con cualquier otro derecho de la misma índole.

 

Más condenas en la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó dos sentencias contra Colombia. La primera, por las agresiones sufridas por el periodista Luis Vélez en 1996 a manos de miembros del Ejército, y la segunda, por la masacre de Santo Domingo, ocurrida en 1998, atribuida a la Fuerza Aérea. Además, luego de su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los efectos y la continuidad del conflicto armado y la reforma al fuero militar.

 

Expiden Estatuto de Registro

La Ley 1579 actualizó las normas en materia de registro de instrumentos públicos y consagró medidas para facilitar el registro inmobiliario en el país, aprovechando las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Además, estableció un concurso público de méritos para ingresar a la carrera registral. Según el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, la ley permitirá registrar las 114 millones de hectáreas del territorio colombiano.

 

Todos los padres tienen derecho a la licencia de paternidad

La Corte Constitucional cobijó a todos los padres con el derecho a la licencia de paternidad, al condicionar la exequibilidad de algunos apartes del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1468 del 2011, que solo la reconocían a quien fuera esposo o compañero permanente.

 

Procede rebaja de pena por reparación integral a víctima de extorsión

Un giro jurisprudencial dio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al admitir la rebaja de pena por reparación integral a la víctima de extorsión, a pesar de que el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 prohíbe concederla en este delito y el de terrorismo.

 

Cambios en la retefuente para independientes

Los trabajadores independientes no pudieron seguir beneficiándose de la tabla de retención en la fuente de los asalariados, pues la Ley de Libranza (L. 1527/12) modificó nuevamente esta materia. El Decreto 1950 del 19 de septiembre reglamentó la norma.

 

Amplían inhabilidad para contratar con el Estado

La inhabilidad para contratar con el Estado de los condenados por cometer delitos de lesa humanidad y narcotráfico, entre otros, es permanente, indicó la Corte Constitucional, al declarar inexequibles los apartes del Estatuto Anticorrupción (L.1474/11) que fijaron un tope.

 

Persiste debate por despenalización del aborto

La Corte Constitucional permitió practicar el aborto en cualquier etapa del embarazo, en los tres casos despenalizados. Además, en agosto, le ordenó al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, rectificar su posición sobre este tema y el uso del Misoprostol.

 

Vuelven a despenalizar la dosis personal

Por ser excesiva y desproporcionada, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la Ley 1453 del 2011 (Sent. C-491/12), sobre la penalización de la dosis personal. Por otra parte, la Ley 1566 del 2012 reconoció la adicción a sustancias sicoactivas como asunto de salud pública.

 

Corte declara constitucional la Ley de Inteligencia

En la Sentencia C-540 del 2012, la Corte Constitucional le dio su aval al Proyecto de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (262S/11-195C), con excepción de las reformas penales sobre reserva legal de información.