¿Puede el Derecho ayudar a conjurar la actual crisis social?

Desde que se conoció la propuesta de reforma tributaria del Gobierno, distintos sectores del país no solo la calificaron de inconveniente, por los efectos que tendría sobre la ciudadanía que ya venía golpeada por la crisis que desató el coronavirus (covid-19), sino que, además, se organizaron para manifestar su inconformidad y pedir su retiro.  

 

En medio de esa protesta, otros grupos de la población se han unido y las solicitudes elevadas al Ejecutivo se incrementaron (ver recuadro). 

 

Al día de hoy, algunas pretensiones buscan la derogatoria de normas que responden a políticas gubernamentales, como el Decreto 1174 del 2020, que reglamentó el Piso de Protección Social; el Decreto 380 del 2021, que regula el manejo del glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos, o la Resolución 115813 del 2020, en la que el Ministerio de Educación implementó el modelo de alternancia educativa.  

 

Otras exigen el efectivo cumplimiento de disposiciones adoptadas en respuesta a reclamos pasados, como ocurre con el Decreto 003 del 2021, que estableció el protocolo para el ejercicio de la protesta pacífica, teniendo en cuenta los desmanes vividos en los últimos días. 

 

También se encuentran algunas que no están contempladas en un decreto o en una resolución, pero de las que se espera su adopción como una política de Estado. Estos son los casos, por ejemplo, del empleo con derecho, de la defensa de la producción nacional o la erradicación de la discriminación de género y las garantías para la diversidad sexual y étnica. 

 

Y, finalmente, hacen parte del listado de reclamos propuestas que, actualmente, están en trámite legislativo, como ocurre con el proyecto de ley que pretende implementar la renta básica, radicado el pasado mes de marzo.  

 

Todo esto, sin mencionar las iniciativas con respaldo del Ejecutivo que más polémica causaban y que ya son tema superado: la reforma a la salud, archivada en el Congreso recientemente, y la reforma tributaria, retirada por el Gobierno, en respuesta a las voces que así lo pedían.  

 

Desde esta perspectiva, resulta válido analizar si la salida a esta encrucijada está, exclusivamente, en manos de las decisiones del Gobierno o si, por el contrario, las exigencias también deben dirigirse a otros órganos del Poder Público. Y, en ese caso, ¿puede el Derecho conjurar esta encrucijada? 

 

ÁMBITO JURÍDICO consultó a varios expertos con el objeto de conocer su opinión sobre este tema. 

 

Competencias funcionales 

 

Lorena Garnica, socia de la firma ECIJA Colombia y experta en Derecho de los Negocios, asegura que el Estado de derecho y el imperio de la ley deberían ser suficientes para conjurar la actual crisis. 

 

Sin embargo, hay hechos que, a su juicio, desconciertan, pues la mayoría de las solicitudes del Comité del Paro implicarían modificaciones de rango jerárquico legal, lo que quiere decir que requieren pasar por el Congreso de la República para su implementación. No obstante, llama la atención sobre el hecho de que las protestas y las demandas se dirigen a la Rama Ejecutiva, como única responsable de su adopción. 

 

Para Garnica, el margen de maniobra del Ejecutivo es minúsculo a la hora de retirar proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que no son objeto de veto por parte del Gobierno Nacional. Dada la pluralidad de solicitudes variopintas del Comité del Paro, y el énfasis en reclamar su aplicación de parte del Gobierno Nacional, explica que pareciera ser que las protestas caprichosamente se 

dirigen al Ejecutivo, cuando debieran encaminarse al Congreso de la República.  

 

“En el entretanto, debe imperar el Estado de derecho y la defensa de la Carta Política por parte de la ciudadanía. Recordemos que la Constitución de 1991 no nos la regalaron a los colombianos, nos la ganamos, pacíficamente, en las urnas y no nos la deben arrebatar los violentos”, asegura. 

 

Políticas públicas 

 

Carolina Villadiego, asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, cree que el Derecho puede ser una herramienta importante para superar la grave crisis que atraviesa el país, pero la salida de esta situación implica adoptar otras medidas, como la implementación de políticas en materia de empleo, educación, salud y goce efectivo de los derechos de los jóvenes.  

 

Ahora bien, propone cinco ideas sobre cómo el Derecho y su aplicación práctica pueden ayudar a conjurar la crisis. Primero, las autoridades deben cumplir, de manera decidida, las normas y sentencias que garantizan el derecho a la protesta pacífica y que regulan las actuaciones de la Policía, en el marco de las protestas. 

 

Segundo, los fiscales y los jueces deben llevar a cabo investigaciones y procesos encaminados a investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de los abusos policiales y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante las protestas. Las investigaciones y los procesos deben ser independientes, imparciales, rápidos y oportunos.  

 

Tercero, el sistema judicial, en general, y las altas cortes, en particular, deben dar ejemplo de independencia e imparcialidad, por lo cual, en todo momento, deben desarrollar sus actuaciones con la máxima independencia frente al Gobierno y los sectores políticos. 

 

Cuarto, la justicia debe investigar y sancionar, de manera oportuna, a los particulares que han cometido delitos durante las protestas.  

 

Finalmente, cree que en estos tiempos de pandemia y de crisis económica y social, el sistema judicial debe garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que requieren proteger sus derechos fundamentales y evitar los obstáculos que puedan existir para presentar tutelas, denuncias y demandas. 

 

Ruptura del orden jurídico 

 

José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional, sostiene que el Derecho sí contribuye a salir de la grave crisis que enfrenta el país, pues “su imperio, material y no simplemente formal, es lo único que nos puede salvar de una debacle sin antecedentes”. 

 

Califica la presente coyuntura como una de las más delicadas por las que haya tenido que pasar la democracia colombiana en muchos años. Esto, en su criterio, es una consecuencia del erróneo manejo del Ejecutivo en varios aspectos, particularmente, en lo económico, en lo social y también en el campo de la salubridad pública durante la pandemia, “mezclado, a última hora, y ante el descontento ciudadano, con un extremo autoritarismo que ignora principios fundamentales del 

Estado de derecho”.  

 

Luego de reprochar y enumerar las múltiples denuncias de abuso de autoridad producidas durante las protestas, así como los bloqueos y los actos de vandalismo ocasionados por algunos manifestantes, Hernández considera que “nunca como ahora se había visto tan débil y vacilante un Gobierno, ni se había hecho tan evidente cuán necesario es el imperio de la legalidad”. 

 

Cuestiona el incumplimiento de las autoridades a lo dictado por el recordado fallo de la Corte Suprema de Justicia, en donde se emitieron varias órdenes para garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como el Decreto 003 del 2021, expedido en respuesta a esa orden judicial. 

Y, al respecto, considera que “cuando las normas y sentencias no son cumplidas, cuando imperan las vías de hecho, en vez del Derecho y la razón, la consecuencia es la que estamos viendo: el caos se adueña de la sociedad”.  

 

Cohesión social 

 

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia a la Justicia, afirma que el Derecho, desde sus diferentes vertientes, es un elemento que, precisamente, tiende a armonizar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y, de otro lado, a patentar un gran acuerdo social. 

Por medio de la institucionalidad, cada uno de los individuos que haga parte de la comunidad puede encontrar respuestas efectivas a sus problemas y, desde luego, tiene la posibilidad de conducir peticiones, de manera respetuosa, a efectos de que entre todos pueda construirse un mejor país.  

 

Destaca que Colombia, con la Constitución Política de 1991, logró un pacto significativo e incluyente, para que todos los sectores estuvieran debidamente representados en el Estado. Si bien ha sido objeto de múltiples reformas, su desarrollo ha permitido que sea un instrumento para la cohesión social, asegura. Desde ese punto de vista, considera que el cumplimiento de la Constitución Política, como base del Derecho, es la respuesta a la crisis social.  

 

Estas opiniones permiten concluir que desde el Derecho puede encontrarse una salida, siempre y cuando las autoridades estatales y los manifestantes entiendan que su aplicación, a través de las herramientas normativas que provee, se debe realizar de manera adecuada. Lo anterior implica el direccionamiento de las peticiones a quienes funcionalmente son los competentes para resolverlas y el diseño de políticas de Estado que respondan a la problemática social que enfrenta el país, a la garantía de los derechos humanos, al fortalecimiento del sistema judicial y, sobre todo, al cumplimiento de las normas superiores. 

 

Principales peticiones del Comité del Paro

– Retiro del Proyecto de Ley 010, sobre reforma a la salud (ya archivado) y el  fortalecimiento de una vacunación masiva.  – Renta básica.  – Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal,  campesina).  – Subsidios a las Mipymes y empleo con derecho.  – Adopción de políticas que defiendan la soberanía y la seguridad  alimentaria.  – Matrícula cero (el Presidente de la República anunció una reasignación de  recursos para que opere en el segundo semestre de este año) y erradicación de  la alternancia educativa.  – Eliminar la discriminación de género y garantizar la diversidad sexual y  étnica.  – Derogar el Decreto 1174 del 2020, que instituyó el Piso de Protección Social.  – Detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las  aspersiones aéreas con glifosato.  – Investigar y judicializar los abusos policiales y garantizar el derecho a la  protesta.