¿Las TIC lograrán cambiar la justicia colombiana?

 

Claudia Patricia Romero Romero

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

En algún momento de su vida, todas las personas tendrán contacto con la administración de justicia, bien sea por motivos de índole familiar, laboral, comercial o, incluso, penal, entre otras.

 

Sin embargo, es evidente que el actual sistema de justicia no resulta suficiente para cubrir la demanda de la ciudadanía, por lo que existe una queja constante sobre la deficiente gestión judicial, debido a múltiples razones, entre ellas, la falta de elementos físicos, tecnológicos y humanos.

 

La Rama Judicial, como órgano encargado de administrar justicia, ha venido implementando varios proyectos para incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en esta administración.

 

Ello con el fin de obtener importantes mejoras en los niveles de productividad, oportunidad y satisfacción de la ciudadanía, por medio de la utilización de múltiples herramientas que ayudarán a cambiar la gestión habitual de los procesos.      

ÁMBITO JURÍDICO consultó a varios expertos, con el objetivo de determinar los adelantos que ha implementado la Rama Judicial, los retos que se deben afrontar y si la economía del país soportaría la incorporación de las TIC.

 

Procedimientos incorporados 

 

Según José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y Héctor José García, presidente de Certicámara, los procedimientos acogidos por la Rama Judicial se enmarcan inicialmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que incluyó un capítulo denominado Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz, que tiene como objetivo la optimización de la gestión judicial.

 

Igualmente, estos expertos aluden al Plan Sectorial de Desarrollo 2015-2018, específicamente el capítulo Política Tecnológica, que tiene como propósito disponer de un modelo que gestione información no solo en datos, sino que ayude con la prestación del servicio de administrar justicia basado en los principios de accesibilidad, celeridad, excelencia y transparencia.

 

Esta política tecnológica, a juicio de Suárez, posee cuatro líneas de acción: (i) desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico (PET) de la Rama Judicial, (ii) rediseñar el sistema de información estadística, (iii) promover e implementar mecanismos para el acceso a la información pública y la protección de datos judiciales e (iv) implementar el registro electrónico de abogados, litigantes y auxiliares de la justicia.

 

Por su parte, David Varela, consultor colombiano sobre la materia, destacó los avances de la implementación de la primera vía indicada anteriormente, esto es, el PET, que busca “articular las necesidades y prioridades de los operadores de la justicia con las de sus usuarios en torno a cinco ejes (modelo de expediente electrónico, justicia en red, gestión de la información, gestión del cambio y uso de las TIC para la formación judicial y ciudadana)”.

 

Ricardo Monroy Church, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, además de destacar los adelantos del PET, precisó que el progreso más temprano y representativo en relación con las TIC es la implementación por parte de la Sala Administrativa del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) en toda la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Retos

 

Múltiples son los desafíos que debe superar la Rama Judicial, tanto los que surgen al desarrollar los planes actuales, como los futuros retos que se pueden presentar al adoptar nuevos proyectos.

 

Por ello, Suárez aseguró que desde ya están trabajando en la construcción del Plan Decenal de Justicia 2017–2027, el cual pretende que los magistrados, los jueces y los empleados judiciales aporten en su formulación.

 

Además, afirmó que se están efectuando de manera regional foros, encuentros y talleres relacionados con las TIC, en aras de prestar un mejor servicio público de justicia.

 

Varela indicó que “el principal desafío continúa siendo pasar de los pilotos de alcance limitado a un cubrimiento nacional”, el cual, si bien ha sido el deseo de los últimos planes sectoriales de desarrollo, no se ha ejecutado por disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución, entre otros.

 

También, resaltó que la Rama Judicial ha asumido todo el peso del cambio tecnológico y debería estudiar algunos mecanismos que le permitieran concentrarse en su labor misional de administrar justicia, como sería acudir a mecanismos de financiamiento novedosos, como las alianzas público privadas (APP).

 

Si se acuden a las APP, opina Suárez, es posible crear una revolución tecnológica en materia de procedimientos judiciales, pese a las necesidades fiscales del país, estructurando una propuesta “que respete los mandatos constitucionales y legales sobre gratuidad de la justicia” y partiendo de la diferencia entre unos servicios básicos, prestados a unos ciudadanos de forma gratuita y unos servicios preferenciales prestados a las personas que quieran y puedan costearlos.

 

“Dadas las limitaciones presupuestales de la Rama Judicial y del Gobierno Nacional, las decisiones relacionadas con las TIC y la justicia debe adoptarse cuanto antes, puesto que es difícil que puedan materializarse con las fuentes de financiamiento tradicionales, siendo indispensable desarrollar alternativas como las APP”, concluyó Varela.

 

Acorde con lo anterior, resulta oportuno evaluar de qué forma afectará el déficit fiscal la implementación de las TIC en la justicia.

 

Déficit fiscal

 

Para García, el déficit fiscal impactará negativamente en todo el país y en todos los sectores. Sin embargo, aclaró que el órgano encargado de administrar justicia ya cuenta con importantes recursos para incorporar las TIC en sus procedimientos legales e hizo referencia al avance en el expediente electrónico, con el desarrollo del software denominado Justicia Siglo XXI, pero advirtió que “el CSJ debería pensar en la inmaterialización de los procesos judiciales y no en la desmaterialización de los mismos, decisión que puede retrasar a la Rama unos 15 años más”.

 

En esta misma línea, Monroy Church resaltó que la modernización tecnológica acarrea la adopción de políticas públicas y debe incluir tanto la previsión financiera, como las condiciones presupuestales requeridas para la ejecución, inclusive para el inicio del PET: “En la Rama Judicial logramos acordar con el Gobierno y el Congreso las decisiones necesarias para aumentar en forma considerable los recursos presupuestales (150.000 millones de pesos)”.

 

En tal virtud, aseguró que se debe llegar a un acuerdo interinstitucional para reunir los recursos suficientes, tanto del presupuesto nacional como propios de la Rama Judicial.

 

“Es importante resaltar que en Latinoamérica, Colombia ocupa un lugar intermedio en materia de utilización de TIC para la administración de justicia, ya que ha tenido evoluciones significativas, pero todavía hay que evolucionar frente a países como Chile, Brasil o Costa Rica, que ocupan los primeros puestos en esta materia conforme al índice de accesibilidad de información judicial por internet del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA)”, indica Varela. 

 

Operadores judiciales y abogados

 

Ahora bien, a la par de los avances tecnológicos, es vital que los operadores judiciales, los abogados y los estudiantes de Derecho se adapten al cambio.

 

Al respecto, Suarez explicó que el PET posee cinco ejes importantes, entre los que se encuentra la gestión del cambio, el cual surge de la necesidad de obtener un rendimiento máximo de los proyectos que se han implementado y tiene una doble perspectiva general y específica.

 

La primera la constituyen las acciones de sensibilización y de capacitación y tiene como finalidad que el capital humano conozca, se apropie y participe de la estrategia general, para que exista un punto de referencia básico cuando se ejecuten acciones específicas. También contempla proyectos de adecuación de infraestructuras y modelos de gestión.  

 

“Este eje resulta fundamental para que los proyectos tecnológicos tengan éxito. Los servidores judiciales, bien sea que se dediquen a la parte jurídica o sean de apoyo en la parte técnica, deben hacer parte de la gestión del cambio, apropiarse de los nuevos procesos y procedimientos que derivan de la implementación de las herramientas tecnológicas”, asegura Suárez.

 

Además, señala que el liderazgo de los operadores judiciales es muy importante para motivar en sus empleados el uso de las herramientas tecnológicas.

 

No varía la opinión de Monroy Church al respecto, en tanto advierte que este eje está orientado a la sensibilización y la capacitación “con miras a la apropiación del proceso de modernización, en el que la tecnología aporta celeridad, transparencia, inmediatez, tratamiento igualitario al usuario, en síntesis, acceso a la justicia”. No obstante, advierte que este proceso requiere la concientización de las necesidades del sistema judicial.

 

Frente a los estudiantes de Derecho y los abogados, Varela precisa que las facultades y las asociaciones tiene un papel importante: los primeros formando profesionales que manejen las herramientas de acceso a información jurídica y los segundos facilitando la educación a sus afiliados sobre las nuevas tendencias.

 

Por ello, concluye: “Tenemos que ver la tecnología como la gran oportunidad para mejorar los estándares del ejercicio de la profesión en beneficio de abogados, clientes y la administración de justicia durante el posconflicto”.

 

Es indiscutible que falta un largo camino por recorrer para fusionar completamente las TIC con la justicia colombiana. Sin embargo, por el bien de la administración, de los operadores judiciales, de los abogados y, en general, de toda la ciudadanía se espera que esta implementación cambie radicalmente la Rama Judicial.