En reciente comunicado, la Contraloría de Bogotá denunció falta de gestión por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) respecto a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional sobre el proceso licitatorio para la recolección, administración y disposición final de las basuras en la ciudad y respecto a la modificación de estructura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Uno de los aspectos que destacó en su escrito el ente de control se relaciona con los cerca de $ 4.500 millones que gastó Bogotá en estudios para estructurar una licitación de aseo, bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo, y ahora, sin estudios, se cambiaría el esquema por libre competencia, con la creación de un operador público. Respecto a la prorroga de los contratos de concesión, el organismo precisó que los acuerdos suscritos en virtud de urgencia manifiesta no pueden ser superiores a seis meses, por lo que los mismos no podían ser objeto de prórroga.