A pesar de la suspensión de términos en los procesos adelantados por la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos del país conocerán de los decretos de su competencia que dicten los gobiernos locales y Nacional en el marco del estado de emergencia decretado. Esto gracias al acuerdo por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura exceptuó de la medida de suspensión de términos al ejercicio de control automático de legalidad de los actos administrativos que dicten las autoridades. Lo anterior implica que la legalidad de estas normas nacionales podrá ser estudiada por el Consejo de Estado. A su vez, los tribunales administrativos de los distintos distritos judiciales del país podrán adelantar el juicio respectivo a los decretos que dicten las autoridades locales.