El Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de la imputación y el preacuerdo dentro del proceso que se le sigue al contratista Julio Gómez González por el denominado “carrusel de la contratación de Bogotá”, al considerar que el documento firmado entre la Fiscalía y el imputado no cumplía con los requisitos legales exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano, pues no se le endilgaron todos los delitos cometidos, se le concedieron beneficios a los que no tenía derecho y no reintegró el dinero apropiado por sus conductas punibles. Según el Ministerio Público, en la aprobación del preacuerdo no se percataron que la Fiscalía le otorgó cuatro beneficios que, acumulados, superan el 50 % del descuento de la pena, constituyéndose una violación flagrante de las garantías al debido proceso y el acceso de las víctimas, intervinientes y a la sociedad en general.