Si un prestador de servicios públicos desconoce una decisión administrativa emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos, el usuario afectado puede informar a esta última, con el fin de tomar las medidas que resulten pertinentes y preservar la validez ejecutiva y ejecutoria del acto emitido, señaló la entidad. Así las cosas, como el acto se presume legítimo, es obligación de la administración y de los particulares, sean estos usuarios o empresas, darle cumplimiento, so pena de hacerse acreedores de las sanciones que correspondan.