Aunque son comunes las visitas técnicas para determinar posibles causas de incremento en el consumo de servicios públicos, la prohibición de ingresar al domicilio de habitación de otra persona sin autorización se extiende de los funcionarios y/o contratistas o empleados de las empresas prestadoras, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos. Por lo tanto, si el usuario considera que ingresaron a su domicilio por la fuerza o de manera clandestina, puede presentar la respectiva queja ante la empresa prestadora y, si lo considera conveniente, interponer una querella o denuncia penal.