La Sección Tercera del Consejo de Estado conoció una acción de reparación directa en la que se alegaba una falla en la administración de justicia por haberse prescrito la acción penal y, en consecuencia, el accionante no podía reclamar los perjuicios patrimoniales causados por la comisión del delito. En la sentencia, el alto tribunal recordó que la responsabilidad patrimonial derivada de los hechos punibles está directamente ligada con la condena efectiva por la comisión de la conducta, es decir, las pretensiones civiles están sujetas al alea de la decisión del proceso penal, debido a que la imputación y condena efectiva son requisitos previos e indispensables para las pretensiones resarcitorias. (C.P. Maria Adriana Marín)