A pesar de que autoridades departamentales y nacionales han adoptado medidas para garantizar los derechos fundamentales de los menores de edad pertenecientes a familias víctimas de desplazamiento forzado en la región de El Catatumbo, se deben adelantar actuaciones concretas a favor de este grupo poblacional.

Así lo determinó el Consejo de Estado al amparar los derechos fundamentales que se han visto afectados en contra de la población desplazada, en especial de los menores y adolescentes, teniendo en cuenta que 11 entes territoriales no han aportado información sobre identificación de víctimas y seguimiento al suministro de ayudas. Se ordenó adelantar los censos respectivos, así como establecer una ruta que haga posible la entrega de auxilios, si aún no lo han hecho.

La decisión cobija a las autoridades de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro. Ante los esfuerzos evidentes que han adelantado los municipios de La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí, este órgano judicial exhortó a sus autoridades a seguir cumpliendo con estas obligaciones.

Y es que se logró probar la respuesta asertiva del sector defensa para repeler y evitar hechos de violencia contra la población civil, así como la entrega de ayudas humanitarias e implementación de modelos educativos de excepción, tales como ‘aulas temporales para la paz’ y ‘aulas temporales de emergencia’, además del restablecimiento de derechos de los menores en estos municipios.

Finalmente, se exhortó a que se adopten medidas de atención a desplazados, con enfoque diferencial para los menores y adolescentes, por parte de la UARIV, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Renovación del Territorio y los ministerios del Interior, Salud, Deporte, Vivienda, Trabajo, Igualdad y Educación Nacional (C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar).

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