La función de establecer directrices y orientaciones en materia de ordenamiento territorial, y la de formular planes departamentales de ordenamiento territorial conferidas por el legislador a los departamentos, no configuran violaciones a la autonomía municipal. Así lo concluyó la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de declarar exequible el artículo 29 (distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio) de la Ley 1454 del 2011 (M. P. Alejandro Linares).